El 31 de mayo, se celebrarán elecciones presidenciales para elegir presidente y vicepresidente para el período 2026-2030. En el caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta, la segunda vuelta está prevista para el 21 de junio de 2026, lo que introduce un elemento clave adicional: la necesidad de alianzas y reconfiguración de bloques entre la primera y la segunda ronda.
Estas elecciones no solo definirán el rumbo institucional, legislativo y ejecutivo del país, sino que también podrían abrir la puerta a una revisión de la política de Paz Total y a la redefinición de la estrategia antinarcóticos, en un contexto marcado por la violencia persistente, la criminalidad organizada y la presión internacional, principalmente de los Estados Unidos.
El escenario político aparece organizado en tres grandes espacios. La izquierda, representada por Iván Cepeda y el Pacto Histórico, asociada a la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro. Su candidatura se vincula a la defensa de las reformas sociales, la profundización del enfoque de paz negociada y una visión más intervencionista del Estado en materia social, laboral y territorial.
La derecha, donde la fragmentación es el rasgo dominante, destacan figuras como Paloma Valencia, vinculada al uribismo, y Abelardo de la Espriella, con un discurso más radical, populista y de fuerte confrontación con el petrismo y, finalmente, el centro político, representado por Claudia López y Sergio Fajardo, con menor capacidad de movilización electoral que en ciclos anteriores.
Las encuestas sitúan a Iván Cepeda como favorito, con una ventaja significativa sobre sus competidores, no obstante el escenario apunta a una probable segunda vuelta con ventaja para la izquierda, pero condicionada por posibles alianzas de última hora.
La jornada se desarrollará bajo la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de la logística y el Consejo Nacional Electoral que ejercerá funciones de vigilancia y control sobre la campaña, la financiación política y el cumplimiento de las normas que rigen la contienda.
Demografía electoral
El país cuenta con una población de 53,4 mill/habitantes, mayoritariamente urbana, con una edad media aproximada de 33 años, y con una importante comunidad residente en el exterior. Esta realidad convierte el proceso electoral en un ejercicio de representación complejo, donde confluyen las demandas de las grandes ciudades, las regiones rurales, los territorios afectados por la violencia y la diáspora.
En el censo electoral están habilitados 41.421.973 ciudadanos para votar, de los cuales 40.007.312 podrán hacerlo en territorio nacional y 1.414.661 en el exterior (Estados Unidos, España, Venezuela, Ecuador, Canadá y Chile, principalmente). El voto en el exterior desempeña un papel relevante. Miles de colombianos residentes en otros países podrán votar en consulados y embajadas habilitados para tal fin.
En cuanto a la participación, históricamente, Colombia ha enfrentado niveles de abstención significativos, especialmente en ciertas regiones. No obstante, las elecciones legislativas de marzo de 2026 mostraron una movilización superior al 50%, consolidando una tendencia de recuperación respecto a ciclos anteriores y reflejando un mayor grado de implicación ciudadana.
La seguridad es el eje más sensible de la campaña. Colombia ha avanzado mucho desde los peores años del conflicto armado, pero la violencia no ha desaparecido: se ha transformado. El aumento de los grupos armados, que ya superan los 27.000 combatientes, junto con el crecimiento de secuestros, extorsiones y reclutamiento de menores, evidencia una mutación del conflicto. Ya no se trata únicamente de insurgencias con objetivos políticos, sino de estructuras criminales fragmentadas que compiten por economías ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal.
La presencia de grupos armados ilegales, disidencias de las FARC, estructuras vinculadas al ELN, bandas criminales y redes del narcotráfico en distintas regiones, mantiene abiertas zonas de inseguridad.
La “Paz Total” es uno de los principales puntos de división. Para sus defensores, representa una apuesta necesaria para cerrar ciclos históricos de violencia mediante negociación, desarrollo rural y sustitución de economías ilegales. Para sus críticos, ha permitido que algunos grupos armados ganen tiempo, fortalezcan estructuras y amplíen su control territorial. Human Rights Watch señaló que el gobierno continuó con la política de Paz Total, pero también que las negociaciones con el ELN fueron suspendidas en enero de 2025 tras los abusos en Catatumbo.
La violencia electoral confirma la gravedad del momento. A dos semanas de la primera vuelta, se registraron atentados en el departamento del Meta, incluido el asesinato del exalcalde Rogers Mauricio Devia y de un asesor de campaña vinculado al entorno de Abelardo de la Espriella. Las autoridades, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría expresaron preocupación por la seguridad de líderes políticos y campañas.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la persistencia de riesgos electorales en el territorio nacional. En febrero de 2026, su informe de seguimiento (Alerta Temprana Electoral) registró 457 casos de amenazas de muerte contra liderazgos sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral.
El narcotráfico sigue siendo el gran problema estructural. Colombia continúa ocupando un lugar central en el mercado mundial de la cocaína. Las redes criminales no solo producen y exportan droga, sino que controlan territorios, corrompen instituciones, financian grupos armados y conectan la violencia local con mercados internacionales en América, Europa y África. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la UNODC, la producción de cocaína continuó marcando récords, con un aumento de la concentración de hoja de coca y fabricación de cocaína en zonas de alto rendimiento de Colombia.
Contexto histórico
Colombia se ha consolidado como uno de los países más relevantes de América Latina, tanto por su peso económico —es una de las principales economías de la región— como por su dimensión demográfica, territorial y cultural. Con más de 1,14 millones de km², es el quinto país más extenso de América Latina y uno de los grandes espacios del mundo hispanohablante.
Su sociedad refleja una profunda diversidad étnica y cultural, fruto de la interacción histórica entre pueblos indígenas, colonizadores europeos y población africana esclavizada desde el siglo XVI.
Los primeros asentamientos humanos en el actual territorio colombiano se remontan a hace entre 10.000 y 15.000 años. Antes de la llegada española, la región estaba habitada por numerosos pueblos indígenas, entre los que destacaban los caribe o kalinago, los arawak y los muiscas. Estos últimos alcanzaron un notable desarrollo agrícola, social, religioso y organizativo, especialmente en el altiplano cundiboyacense.
La llegada española comenzó en 1499, con la expedición de Alonso de Ojeda. Sin embargo, la colonización fue lenta y compleja debido a la resistencia indígena y a las dificultades del territorio. El asentamiento efectivo se inició en el siglo XVI, con hitos como la fundación de Santa María la Antigua del Darién en 1510 por Vasco Núñez de Balboa y, posteriormente, la fundación de Bogotá en 1539, que se convirtió en el principal centro político y administrativo de la región.
En 1550 se constituyó el Nuevo Reino de Granada, inicialmente dependiente del Virreinato del Perú, y en 1739 la región adquirió rango de Virreinato de Nueva Granada. Este proceso consolidó una estructura administrativa propia dentro del imperio español y reforzó la importancia estratégica de Colombia en el espacio americano.
A finales del siglo XVIII comenzaron a intensificarse las tensiones entre la élite criolla y la metrópoli. La insurrección de los Comuneros anticipó un ciclo de conflictividad que se aceleró tras la crisis de la monarquía española en 1808. Figuras como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander lideraron el proceso independentista, que culminó en 1819 con la victoria del Ejército Libertador y la ruptura definitiva con el dominio español.
Sin embargo, la independencia no trajo estabilidad inmediata. Durante el siglo XIX, Colombia vivió fuertes divisiones entre centralistas y federalistas, guerras civiles, golpes de Estado y una prolongada inestabilidad política. La Constitución de 1886 instauró un modelo centralista, redefinió el Estado como República de Colombia y sentó las bases del sistema político moderno.
Durante gran parte del siglo XX y comienzos del XXI, la violencia siguió siendo un rasgo estructural de la vida política y social colombiana. El acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC representó un punto de inflexión histórico, aunque no eliminó por completo las dinámicas de violencia territorial.
Contexto geopolítico
Colombia es un país con salida al Caribe y al Pacífico, y una posición geográfica que la convierte en puente entre América del Sur, Centroamérica y el Caribe. A nivel internacional, históricamente ha mantenido una estrecha relación con Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, consolidando al país como uno de los principales socios de Washington en la región.
A ello se suma su condición de socio global de la OTAN, lo que refuerza su perfil como actor alineado con el bloque occidental.No obstante, en los últimos años se observa una tendencia hacia una mayor diversificación de relaciones, con un acercamiento progresivo a China, reflejo de un entorno internacional cada vez más multipolar.
La relación con Venezuela sigue siendo uno de los asuntos más sensibles. La extensa frontera común es porosa, compleja y difícil de controlar. En ella se cruzan migración, comercio formal e informal, grupos armados, redes criminales y tensiones políticas. Cualquier deterioro en Venezuela impacta directamente en Colombia; y cualquier crisis de seguridad en la frontera puede convertirse en un problema regional.
La Unión Europea mantiene un enfoque más estructural, centrado en el desarrollo rural, el fortalecimiento institucional y el apoyo al acuerdo de paz de 2016. Europa no solo actúa como socio político, sino también como actor interesado, dado el aumento del tráfico de cocaína hacia sus puertos y los riesgos asociados de penetración criminal.
El terrorismo y la criminalidad organizada constituye uno delos ejes estructurales de la realidad geopolítica colombiana. Ambos fenómenos aparecen como amenazas profundamente interconectadas.
La violencia política, las economías ilícitas y el control territorial han dado lugar a un modelo híbrido que ha condicionado la evolución del conflicto interno y su proyección internacional.
Durante décadas, el país ha sufrido la actividad de grupos insurgentes como las FARC y el ELN. El acuerdo de paz de 2016 redujo de forma significativa la intensidad del conflicto con las FARC, pero no eliminó por completo la violencia armada. Persisten disidencias que abandonaron el proceso de paz y mantienen presencia territorial, estructuras armadas y vínculos con economías ilegales. El ELN continúa activo y conserva capacidad para realizar ataques selectivos, sabotajes contra infraestructuras energéticas y acciones de presión sobre comunidades y territorios.
El narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando se han convertido en fuentes esenciales de poder para grupos armados y redes criminales.
La criminalidad organizada representa el otro gran pilar de esta amenaza. Colombia sigue siendo uno de los principales centros mundiales de producción de cocaína, lo que ha permitido la consolidación de redes criminales sofisticadas, conectadas con mercados ilícitos de América Latina, Europa y África. Desde el punto de vista geopolítico, este contexto sitúa a Colombia en el centro de las políticas de seguridad hemisféricas, especialmente en su relación con Estados Unidos, convirtiendo a Colombia en un caso especialmente relevante para comprender las amenazas híbridas del siglo XXI.
Colombia, es uno de los países más biodiversos del mundo. Con una parte significativa de la Amazonía, ocupa una posición clave en la geopolítica global del clima. Sin embargo, esa riqueza natural convive con una elevada vulnerabilidad, debido al aumento de las temperaturas, la alteración de lluvias, la deforestación, la minería ilegal y la mayor frecuencia de fenómenos extremos.
El cambio climático actúa así como un multiplicador de riesgos. Sus efectos se concentran en territorios donde la presencia del Estado es limitada y donde operan economías ilegales o grupos armados. La presión sobre la tierra, el agua, los bosques y los minerales intensifica conflictos locales, favorece actividades ilícitas.
Las migraciones constituyen la otra gran dimensión de este escenario. Colombia sigue siendo uno de los principales países receptores de población venezolana, en un contexto marcado por una frontera extensa, porosa y sensible. La OIM ha apoyado estrategias de integración para 2,8 millones de venezolanos en Colombia, lo que refleja la magnitud del desafío. A ello se suma una dinámica creciente de desplazamiento climático interno. Este fenómeno se añade al desplazamiento forzado histórico vinculado al conflicto armado, acumulando nuevas tensiones sociales y territoriales.
Epílogo
“La Tierra del Olvido” de Carlos Vives es Colombia convertida en canción.
Una tierra de montañas y mares, de selvas profundas, ríos inmensos y pueblos que guardan memoria en la voz.
No es una canción para olvidar, sino para recordar.
Recordar que Colombia no es solo conflicto, ni herida, ni noticia difícil. Es también belleza, música, alegría, resistencia y esperanza.
“La Tierra del Olvido” nos muestra un país que canta para no perderse, que se reconoce en su diversidad y que transforma sus paisajes en emoción compartida.
Una Colombia que, incluso en los momentos más complejos, sigue diciendo al mundo:
aquí hay vida, aquí hay memoria, aquí hay futuro.
