Los españoles hemos sido convocados a elecciones generales el 29 de noviembre. Vistas las tensiones generadas por la derecha y la ultraderecha a lo largo de estos años, tratando de descabalgar por todos los medios posibles al presidente Sánchez y exigiendo nuevas elecciones prácticamente cada semana desde 2023, muchos analistas prevén una campaña electoral muy sucia por parte del PP y Vox, mucho más sucia de lo que hemos visto hasta ahora. A día de hoy, las encuestas les dan mayoría absoluta, pero hacen bien en no fiarse: cincuenta días de campaña son muchos y han demostrado una gran pericia para darse tiros en el pie en los días finales de la misma. En cualquier caso, no van a parar. Exacerbarán sus ataques, sus bulos, sus mentiras, tratarán que no se hable de lo que hay que hablar en una campaña y recurrirán a sus amigos jueces para que ablanden el terreno con comparecencias e imputaciones varias en los días inmediatamente anteriores y posteriores a la cita electoral.
Empezando por estos últimos, tenemos al Supremo haciéndose eco de un bulo y una querella del PP y Vox sobre los residentes ausentes y suspendiendo cautelarmente el derecho a voto a cientos de miles de españoles residentes en el extranjero que lo tenían en anteriores citas electorales. Veremos si levanta o no ese veto antes del día 29. El Supremo tiene también pendiente ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de aplicar la amnistía completa a Puigdemont y otros dirigentes del procés catalán huidos de España, con lo que tiene en sus manos decidir su fecha de vuelta. Veremos si la hace o no coincidir con las elecciones.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, del caso Plus Ultra contra Zapatero y su familia, ha fijado comparecencias de testigos relacionados con el caso para el 19 de noviembre y ha citado como imputadas a las propias hijas para el 30, un día después de las votaciones. Es muy inusual poner este tipo de citas en medio de una campaña electoral. ¿Alguien se cree que todo ello es casual?
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mantiene abierta la investigación sobre las actuaciones de Leire Díez. La investigación continúa en fase de instrucción y quedan por concretar nuevas diligencias. Cualquier declaración, informe policial o decisión del juez podría producirse en las próximas semanas. Veremos si el juez atina con las fechas.
En cambio, el directivo de Quirón Prevención, Fernando Javier Camino, presuntamente sobornado por González Amador —novio de la presidenta madrileña Díaz Ayuso— ha sido citado como imputado el 3 de diciembre, pasada ya la euforia electoral. Esto, que debería ser lo normal, genera un agravio en comparacióncon las otras comparecencias mencionadas.
Fuera del ámbito judicial, los dirigentes populares se esmeran en soltar señuelos para que no se hable de los problemas que deberían ser el centro de la campaña y para los que los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas de los diferentes partidos para solucionarlos. Nos referimos muy especialmente a la vivienda, pero también al coste de la vida, los salarios, las pensiones, la sanidad, la educación, la transición energética, la inmigración y el posicionamiento internacional ante autócratas como Trump, Putin, Netanyahu, el futuro de la Unión Europea y las relaciones con China y el Magreb.
En lugar de ello, cual calamares expertos en enturbiar el ambiente con su tinta, el señor Almeida, alcalde de Madrid, nos dice que los acampados en Sol por el problema de la vivienda poseen cuchillos de grandes dimensiones y también adoquines. La señora Ayuso, por su parte, nos informa sin pruebas de que los acampados están relacionados con grupos terroristas. Por otro lado, ella y los señores Feijóo y Abascal, siembran dudas sobre la limpieza del voto por correo y nos aconsejan votar presencialmente. En este último bulo no hacen sino seguir el manual de la ultraderecha internacional, tal como hemos visto hacer a Trump y Bolsonaro en las elecciones de EE.UU. de 2020 y de Brasil en 2022. La idea es muy simple: si ganan las elecciones, las acusaciones se olvidan y, si pierden, se niegan a aceptar el resultado alegando que no han sido limpias. Es decir, para conseguir sus fines partidistas, deslegitiman y ponen en peligro las instituciones democráticas.
El problema de la vivienda, tras el desahucio y muerte posterior de Maricarmen Abascal, ha dejado descolocadas a las derechas porque los ciudadanos han visualizado con nitidez en el Congreso que no piensan mover un dedo para solucionarlo. Por tercera vez han tumbado unos decretos que tan solo establecían unas mínimas medidas coyunturales para ganar algo de tiempo mientras se construyen suficientes viviendas públicas en alquiler. En cuanto a la medida de construir viviendas públicas asequibles—de las que se necesitarían al menos un millón antes de 2030—, las comunidades gobernadas por el PP y Vox se han puesto de perfil y no están por la labor. Su concepción es que el mercado libre solucionará el problema si se construyen suficientes viviendas a precio de mercado, lo cual, a la vista de ella experiencia europea donde hay un 10% de vivienda social en alquiler, sabemos que no es cierto. También se niegan a aplicar la Ley de Vivienda aprobada en 2022 que establece topes a los alquileres en las zonas tensionadas. No solo se ponen de perfil, sino que endosan al problema al gobierno de coalición que, según ellos, en ocho años no ha sido capaz de solucionarlo. Cínicamente, omiten que ellos han puesto todos los palos posibles en la rueda con sus votaciones en contra. También, que la mayor parte de las competencias de vivienda son de las comunidades autónomas y que ellos gobiernan en 11 de ellas.
La izquierda debe esforzarse en poner en la agenda de estas semanas electorales los problemas que preocupan a los ciudadanos y en exigir a las derechas que hagan públicas sus soluciones, si es que las tienen. Y no debe dejarse atrapar en la tinta de calamar y el barro que ya están esparciendo desde sus atalayas mediáticas.
