Editorial
La reciente y tétrica calma tras los intensos fuegos, y el eco de una adicción al cortoplacismo en nuestra sociedad, vuelve a dejar al descubierto el andamiaje retórico de la política española. Tras cada devastación forestal o fenómeno meteorológico extremo, resuena en las tribunas la misma fórmula litúrgica: el Pacto de Estado.
Un verdadero Pacto de Estado, en temas de interés nacional, resultado de un consenso, es algo fundamental y deseable, como nos demuestra nuestra historia reciente. Pero no nos confundamos con las palabras. Un verdadero Pacto exige, entre otras cosas, un convencimiento y una actitud firme de querer llegar a ello.
Sin embargo, cuando se rasca la superficie de la propuesta presentada en septiembre de 2025 para un Pacto frente a la Emergencia Climática, y lo ocurrido desde entonces, lo que aflora no es una hoja de ruta compartida, sino más bien un ejercicio de proyecto partidista diseñado para ser rechazado. La propuesta naufraga no solo por el escepticismo climático de Vox o la calculada ambigüedad del Partido Popular, sino por la incapacidad congénita de las elites gobernantes para entender qué es, verdaderamente, un Acuerdo duradero.
La propuesta de un Pacto frente a la Emergencia Climática
Con el objetivo de “articular una respuesta a los impactos crecientes del cambio climático que supere las disputas políticas y territoriales”, la propuesta de hace un año era muy completa, aunque, sin duda, mejorable una vez que se consideraran las observaciones que se esperaban fueran recibidas y se estimaran realmente procedentes. Se fijaban diez compromisos, y detrás de cada uno de ellos medidas concretas. Estos eran los siguientes: 1) Avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI; 2) Aumentar la resiliencia ante las inundaciones y las sequías; 3) Proteger a la ciudadanía de las olas de calor; 4) Potenciar el mundo rural y favorecer su adaptación al cambio climático;5) Potenciar la contribución de los sectores forestal y agropecuario frente a los eventos climáticos extremos; 6) Crear fondos con recursos nacionales y autonómicos; 7) Mantener de forma permanente los medios técnicos y humanos para combatir los eventos climáticos extremos; 8) Mejorar la coordinación y la toma de decisiones de las administraciones públicas; 9) Promover una cultura cívica de la prevención y la reacción; y 10)Acelerar la transición ecológica en España y la Unión Europea.
Se trataba, en definitiva, de una propuesta amplia y ambiciosa y de haber conseguido ese acuerdo de un Pacto de Estado hubiera sido, sin lugar a dudas, un gran éxito para el Gobierno, con implicaciones dentro y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto para España en conjunto y los españoles.
Pero la realidad es la que es.
La respuesta internacional al Cambio Climático. La paradoja de Rio y la factura de tres décadas de inacción.
Desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, la comunidad internacional, y España con ella, suscribió la advertencia explícita de que la crisis climática alteraría las bases de nuestro modelo de producción y consumo. Tres décadas después, los datos señalan la brecha entre el discurso y los hechos. Y basta citar tres ejemplos:
- El crecimiento desbocado de emisiones: Tras Río, las emisiones de gases de efecto invernadero en España no descendieron, sino que se dispararon más de un 50% entre 1990 y 2007, alcanzando picos muy por encima de los límites fijados por el Protocolo de Kioto.
- El calentamiento acelerado: La cuenca mediterránea se calienta un 20% más rápido que el promedio global, transformando la sequía en estructural, los incendios en eventos fuera de capacidad de extinción, y las DANAs que se generan más frecuentes. El dato de hace unos días de la temperatura del agua en Baleares por encima de 33º es un hecho, con su impacto sobre la fauna y flora marina.
- La cultura y polarización: El fracaso no ha sido únicamente de gestión, sino cultural. La falta de pedagogía y la instrumentalización partidista han convertido la ciencia en un frente de batalla ideológico, polarizando a una sociedad incapaz de articular un consenso científico y social mínimo.
Este es el contexto en un tema tan importante como el Cambio Climático, a pesar de los esfuerzos de Organismos internacionales, de Instituciones no gubernamentales, y el sentir de una gran mayoría de los ciudadanos, especialmente las generaciones jóvenes.
Cuando el consenso se sacrifica por la trinchera.
Para comprender por qué fracasan los Pactos de Estado en España, basta mirar el espejo del Pacto por la Educación intentado por el ministro Ángel Gabilondo entre 2009 y 2010.
Aquel esfuerzo por dar estabilidad al sistema educativo contaba con el respaldo del 90% de la comunidad escolar y un grado de consenso técnico inédito. No obstante, el Partido Popular terminó retirándose a las puertas del acuerdo por un puro cálculo electoral. La lección de 2010 fue contundente: un pacto no se decreta desde el BOE ni se resuelve mediante la adhesión unilateral a un borrador ministerial. Un acuerdo nacional requiere ser «sentido y querido» por todas las partes intervinientes.
Pues bien, de la misma manera que el error de tratar de imponer un Gran Acuerdo, en un determinado momento sin el PP, hizo fracasar entonces lo que hubiera sido muy bueno, convertir la emergencia climática en un documento cerrado y exigir la rendición ideológica del rival solo conduce al mismo callejón sin salida que liquidó la reforma educativa de Gabilondo.
Pacto Climático vs. Pacto de Incendios. Lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Decíamos antes que la propuesta de Pacto frente la Emergencia Climática presentado por el Gobierno en septiembre de 2025, dejaba la puerta abierta a que se enviaran sugerencias y alegaciones, al haber planteado una consulta pública sobre ello.
Sin embargo, según ha manifestado recientemente un responsable de la Comunidad Española de Incendios Forestales, como ha recogido el diario El Pais, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “ha realizado en los últimos días un llamamiento a 1.300 colectivos, asociaciones conservacionistas, colegios profesionales de montes universidades, entidades forestales, empresas, sindicatos y diferentes colectivos del sector para que se adhieran a un gran acuerdo de país en la lucha contra el cambio climático que, a su entender, es el factor clave en la lucha contra los fuegos”. Y ello, sin que se sepa si han sido tenidas en cuenta, de algún modo, las cerca de 4.000 aportaciones presentadas por expertos, como respuesta a la consulta pública.
Todo parece indicar, por tanto, que la posición del Gobierno, en este mes de agosto, se dirige más a intentar obtener una adhesión de diferentes colectivos a su Propuesta de Pacto, que a conseguir un verdadero Pacto de Estado.
Esto nos invita a una reflexión y a una propuesta.
Ante el bloqueo provocado por la trinchera partidista y la cifra inasumible de más de 200.000 hectáreas devoradas por las llamas en lo que va de año, la disyuntiva política se vuelve urgente:
- La vía de la maximalización: Insistir en un Pacto Holístico de Emergencia Climática que abarque desde la transición energética hasta la fiscalidad verde, sabiendo que carece del consenso parlamentario y social para salir adelante.
- La vía pragmática: Desplegar un Acuerdo Mínimo sobre Grandes Incendios y Gestión Forestal, dejando temporalmente a un lado la contienda ideológica sobre las causas globales del cambio climático para concentrarse de inmediato en las consecuencias territoriales.
En nuestra opinión, ante un problema de esta magnitud, “lo perfecto es enemigo de lo bueno”, y lo mejor sería centrarse en un Compromiso claro y un Plan de acción contra los Incendios, aunque haya que dejar al margen el grado de causalidad que tiene el Cambio climático sobre estos. Un pacto centrado en los incendios no renuncia a la lucha climática; atiende la urgencia inmediata mediante una respuesta realista.
Como decíamos en la editorial de hace un par de semanas, “Incendios. La prevención no es costosa y estamos a tiempo. Lo que sí resulta muy caro es la irresponsabilidad de no hacerlo”. Y esa irresponsabilidad está en el lado de los que “politizan” el tema de los incendios” y azuzan la polarización.
De ahí que, dado el punto en que estamos, lo mejor es que se empezara a concretar un Acuerdo de Estado mínimo en materia de incendios, e implementarlo, en lugar de tratar de imponer medidas, sin consenso, lo que acabará traduciéndose en rechazos y críticas al Gobierno por parte de colectivos diferentes, tachándole de autoritarismo. Más combustible para la polarización.
