El nuevo artefacto distractor presentado por el presidente del gobierno de España en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo se llama HODIO. Pero no vayan a equivocarse, la cosa no va de enfrentar y perseguir el odio de los asesinos contra sus víctimas.
Se trata de una dudosa arquitectura tecnológica y política diseñada para monitorizar el clima emocional del debate público: el “odiómetro”. El sistema analizará grandes volúmenes de mensajes en plataformas como Instagram, TikTok, YouTube o X con el objetivo de medir la presencia, evolución y amplificación de discursos considerados de odio o polarizantes. Para ello, combinará inteligencia artificial con revisores humanos encargados de validar y clasificar los contenidos detectados por los algoritmos.
No sabemos quiénes, ni con qué instrucciones y criterios.
La tecnología que alimenta el sistema no ha nacido en un laboratorio académico independiente ni en una institución científica internacional. El núcleo del mecanismo procede de MOOD, una herramienta desarrollada por LaLiga para monitorizar insultos y ataques contra futbolistas y árbitros en redes sociales. Ese sistema utiliza motores semánticos y decenas de miles de reglas lingüísticas para rastrear conversaciones online y asignar puntuaciones de toxicidad en función del contenido y su capacidad de propagación.
Gracias a un convenio con el Ministerio de Inclusión, la cartera de la portavoz a prueba Elma Saiz, esa tecnología ha sido adaptada por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia para analizar conversaciones políticas en internet. El resultado es una plataforma que combina rastreo automatizado, clasificación semántica y supervisión humana para detectar, categorizar y medir el discurso considerado problemático.
Es decir, que la misma tecnología diseñada para medir insultos a árbitros de fútbol será utilizada ahora para evaluar el tono del debate político en una democracia, a través de un órgano dependiente del gobierno con supervisores humanos a sueldo del mismo.
A ese nivel estamos.
Pero lo más llamativo no es el origen tecnológico del sistema, sino su genealogía política. Porque el odiómetro español no surge en el vacío. Tiene precedentes bastante claros en otros experimentos de vigilancia discursiva impulsados por gobiernos que también afirmaban querer proteger la calidad del debate público.
En 2020, el entonces presidente argentino Alberto Fernández impulsó el observatorio NODIO, una iniciativa creada para monitorizar la desinformación y la “violencia simbólica” en medios y redes sociales. El organismo dependía de la Defensoría del Público y su objetivo declarado era analizar el ecosistema mediático para detectar contenidos problemáticos. El proyecto provocó una enorme polémica en Argentina. Numerosos juristas, periodistas y académicos advirtieron de que el Estado se estaba dotando de un mecanismo para vigilar el debate público bajo el argumento de combatir la desinformación.
Ni en el nombre hay originalidad. Pero existe un antecedente aún más incómodo.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro aprobó en 2017 la llamada Ley contra el Odio. Presentada oficialmente como un instrumento para promover la convivencia y la tolerancia, la norma introdujo sanciones extremadamente severas contra quienes difundieran mensajes considerados de odio en medios o redes sociales. Desde su aprobación, organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que esa ley ha sido utilizada para perseguir a opositores políticos y restringir la libertad de expresión.
Uno de los rostros más visibles de esa lógica política ha sido Diosdado Cabello, figura central del aparato chavista y protagonista durante años de una retórica televisiva en la que la denuncia del odio convivía paradójicamente con la estigmatización sistemática de los adversarios del régimen.
Las diferencias entre el sistema político venezolano y la democracia española son evidentes. Pero el patrón conceptual merece atención. En todos estos casos aparece la misma tentación: cuando el poder político percibe que el debate público se vuelve incómodo, decide crear instrumentos para monitorizarlo, clasificarlo o regularlo.
Y ahí es donde emerge mayúscula la H de hipocresía.
Porque la política española de los últimos años no se ha caracterizado precisamente por la moderación discursiva. Desde su llegada al poder en 2018, la estrategia política de Sánchez ha descansado en buena medida sobre la construcción de un marco moral de confrontación: progreso frente a reacción, democracia frente a ultraderecha, europeísmo frente a populismo.
Ese marco ha sido extraordinariamente eficaz para movilizar a sus votantes. Pero también ha tenido el inevitable efecto de intensificar la visceralidad acrítica y el tono confrontativo del debate público,
Ahora, el mismo poder político que ha explotado esa lógica de confrontación se presenta como árbitro neutral encargado de medir sus consecuencias. Es el equivalente político de quien alimenta un incendio durante años y después inaugura solemnemente un observatorio estatal del humo.
Aquí surge una pregunta inevitable, casi doméstica: ¿para esto están los setecientos asesores que orbitan en torno a La Moncloa? ¿Para concluir, tras años de polarización cuidadosamente cultivada, que el problema del país es el tono de X?
O quizá la motivación sea aún más simple, casi conmovedora: ¿será que el presidente quiere saber quién (inexplicable e individualmente) le odia?
Y es que la hipocresía no consiste en reconocer que el odio existe en las redes. Eso es evidente. Las plataformas digitales amplifican la indignación, premian el conflicto y convierten la viralidad en una economía emocional.
La hipocresía aparece cuando el poder político pretende situarse fuera de esa dinámica, como si no participara activamente en ella. Porque la polarización contemporánea no es solo un fenómeno tecnológico, es también una estrategia política deliberada.
Y. en ese contexto, el odiómetro cumple una función mucho más sofisticada: permitirá redefinir narrativamente quién es responsable de él. El Gobierno se situará en el lado de quienes lo combaten. Sus adversarios, implícitamente, en el lado de quienes lo producen.
Hace un par de años, con ocasión del retiro reflexivo y epifanía del presidente, advertí en varias cartas públicas dirigidas a Pedro Sánchez que la lucha contra la desinformación podía convertirse en una tentación peligrosa si el poder político pretendía erigirse en árbitro del debate público. Cuando el poder decide qué es verdad y qué es mentira, el pluralismo democrático empieza a erosionarse.
Hoy, en la deriva acelerada hacia un ocaso desnortado, parece ir más allá. Su gobierno boqueante no solo aspira a verificar la verdad. Aspira también a clasificar las emociones del debate público. Y la historia reciente muestra que cada vez que el poder crea un instrumento para medir el odio de la sociedad, termina utilizándolo para gestionar y suprimir la disidencia.
Si el sistema HODIO pretende medir el clima moral de las redes sociales españolas, tal vez debería empezar por aplicarse a sí mismo. Sería un experimento fascinante introducir en su algoritmo los discursos políticos de los últimos años, medir su intensidad emocional, analizar su capacidad de polarización y publicar el ranking resultante.
Puede que entonces descubriéramos algo incómodo: que, en la política española de los últimos años, el odio no es una anomalía estadística del ecosistema digital, sino, más bien, una estrategia de poder que ahora pretende presentarse como su propio regulador.
Beatriz Becerra es psicóloga y escritora. Doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, fue eurodiputada y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (2014-2019) y es vicepresidenta y cofundadora de España Mejor.
