Malí enfrenta una crisis de diferentes dimensiones caracterizada por una creciente violencia yihadista, inestabilidad y represión política interna, desplazamientos masivos de población y una retirada progresiva de la presencia militar, que está provocando una reconfiguración geopolítica con implicaciones importantes para la estabilidad regional y la seguridad internacional.
El 3 de mayo, cientos de personas protestaron en Bamako contra la recomendación de la Consulta Nacional, patrocinada por el gobierno, de disolver la política de partidos y nombrar al líder de transición, el general Assimi Goïta, como presidente con un mandato renovable de cinco años.
La violencia yihadista continuó, con más de 40 soldados muertos en el centro del país y asesinatos masivos de civiles. En Mopti, el 23 de mayo, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) atacó el campamento militar de Dioura, donde murieron 41 soldados. El 14 de mayo, en Diafarabe, el ejército fue acusado de ejecutar a al menos 20 hombres fulani detenidos previamente. El JNIM condenó el incidente y amenazó con represalias, mientras el ejército anunció una investigación.
En Ségou, el 13 de mayo, el JNIM atacó un camión mercante en el mercado de Sofara, matando a 12 civiles. El 12 de mayo, el JNIM atacó un sitio minero de oro en Narena (región de Koulikouro), causando la muerte de tres civiles. Además, el 9 de mayo, el Frente de Liberación de Azawad, coalición separatista del norte, se atribuyó un ataque con drones contra militares y auxiliares rusos en Léré (Tombuctú), causando daños materiales y convirtiendo la zona en un “avispero” lo que significa que entrar sin un conocimiento profundo, sin alianzas locales legítimas, y sin objetivos claros, conlleva altos costes, pocos beneficios y consecuencias impredecibles.
Reconfiguración Geopolítica
Tras una serie de golpes de Estado en Malí, Burkina Faso y Níger, los regímenes militares consolidaron su poder y crearon la Alianza de Estados del Sahel (AES), una confederación enfocada en fortalecer la cooperación en defensa y economía. Esto ocurrió después de su salida de la CEDEAO en enero de 2025 y el desmantelamiento de los mecanismos de estabilización bilaterales y multilaterales, liderados principalmente por Occidente. La AES refleja un giro hacia Rusia, evidenciado por el refuerzo de la cooperación con la fuerza paramilitar rusa, el Africa Corps (anteriormente conocidos como Wagner).
En los últimos años, los países del Sahel central (Mali, Burkina Faso y Níger), han emprendido una profunda reorganización de sus alianzas internacionales, impulsados por una reafirmación de la soberanía nacional. Bajo el liderazgo de las juntas militares, estos países han buscado redefinir sus relaciones exteriores, distanciándose de antiguas asociaciones con potencias occidentales, especialmente Francia y la Unión Europea, a fin de fortalecer su autonomía.
Estos cambios han provocado importantes alteraciones en una región ya muy inestable, marcada por un aumento de la violencia yihadista y graves dificultades económicas. Con el multilateralismo en retirada, nuevas potencias como Rusia, Turquía, Irán, y, cada vez más, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, están compitiendo por la influencia diplomática y los puntos de apoyo económicos en la región.
Por otro lado, desde su reelección en 2025, el presidente Donald Trump ha revisado drásticamente la política exterior de Estados Unidos, desmantelando la ayuda exterior (USAID), imponiendo restricciones de viaje y cuestionando las antiguas alianzas. Este cambio ha generado incertidumbre sobre si Estados Unidos y el Sahel central se encaminarán hacia una retirada mutua o si aún existen posibilidades de cooperación productiva.
Este giro geopolítico ha sido acompañado por un endurecimiento de las estrategias de seguridad, con el objetivo de consolidar el control interno frente a la creciente amenaza de los grupos yihadistas armados. En su lucha contra estos actores, que operan con creciente impunidad en vastas regiones descontroladas, los gobiernos del Sahel han intensificado sus esfuerzos bélicos, lo que ha derivado en una guerra brutal marcada por enfrentamientos violentos y una escalada continua de los ataques, tanto contra las fuerzas gubernamentales como contra la población civil. Esta dinámica, sin embargo, también ha contribuido a un creciente aislamiento diplomático, mientras el Sahel se aleja de los marcos de cooperación multilateral previos y adopta una postura más autoritaria y soberanista que resuena fuertemente en la región.
El Sahel se ha convertido en el epicentro mundial del terrorismo. Los grupos yihadistas que operan en Malí, Burkina Faso, Níger y Chad fueron responsables del 47 % de las muertes globales por atentados en 2024 (alrededor de 4.000 víctimas), lo que representa una grave amenaza para la estabilidad regional, europea y global.
Tras el colapso de casi una década de cooperación europea en materia de seguridad y la ruptura de vínculos con los nuevos gobernantes militares, la Unión Europea está tratando de trazar un nuevo rumbo que concilie sus intereses y prioridades diplomáticas con las realidades políticas sobre el terreno. En septiembre de 2024, la presidenta Úrsula von der Leyen encargó a la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, que desarrollara un “enfoque renovado” hacia el Sahel, citando “los crecientes riesgos de inseguridad e inestabilidad en la región”.
Conflicto Armado, Violencia Yihadista y Crisis Humanitaria
Desde 2012, Malí ha sido el epicentro de una crisis, marcada por la lucha de diversos grupos armados, incluyendo facciones políticas, movimientos étnicos, grupos yihadistas y redes criminales transnacionales, que compiten por la hegemonía y el control de las rutas de tráfico en el norte del país. A pesar del acuerdo de paz firmado en 2015, su implementación sigue siendo extremadamente difícil. Los grupos firmantes continúan recurriendo a la violencia para resolver disputas internas, perpetuando la inestabilidad. La violencia yihadista ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente contra las fuerzas de seguridad, con militantes que han aprovechado los conflictos locales y la ausencia del Estado para establecer refugios seguros y reclutar nuevos combatientes.
Grupos como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y el Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) han incrementado sus ataques en el país, con ataques a gran escala registrados en junio de 2025 en localidades como Dioura, Boulkessi, Tombuctú y Tessit. Estos incidentes resultaron en la muerte de al menos 150 soldados malienses. En respuesta, las fuerzas armadas malienses intensificaron sus operaciones aéreas, abatieron a más de 60 presuntos terroristas, aunque la infraestructura vial deficiente sigue siendo un obstáculo significativo para las fuerzas del Estado, dificultando la ejecución de operaciones militares eficaces y la movilidad en las vastas regiones controladas por los insurgentes.
Según Acnur, Malí continúa siendo el núcleo de la crisis prolongada del Sahel Central, cuyos efectos también se sienten en los países vecinos, con el extremismo violento extendiéndose progresivamente por la región. La violencia ha tenido consecuencias humanitarias devastadoras. La inseguridad generalizada, combinada con crisis climáticas y conflictos comunales, ha forzado el desplazamiento interno de cerca de 380.000 personas hasta mayo de 2025, lo que representa un incremento del 14,4% respecto al año anterior.
El entorno precario también ha provocado movimientos espontáneos de grupos vulnerables que han perdido sus medios de vida. La mayoría de los desplazados internos vive hacinada en familias y comunidades de acogida o en sitios informales temporales, sin acceso a servicios básicos. Las principales necesidades identificadas por los propios desplazados son alimentos (97%), alojamiento y artículos no alimentarios (58%), agua potable (39%) y saneamiento (24%).
Además, los efectos del cambio climático están siendo especialmente intensos, con precipitaciones que han provocado inundaciones y destrucción de viviendas, afectando a 30.638 personas, especialmente en las localidades situadas en el delta interior del río Níger.
Repercusiones para España
Dada su proximidad geográfica a Europa y su función como zona de tránsito clave para migrantes y tráfico de drogas ilícitas, el Sahel central sigue siendo un punto estratégico de relevancia para la Unión Europea (UE) y, en particular, para España.
España ha mantenido una presencia militar significativa en la región a través de la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Malí (EUTM Mali), iniciada en 2013. Sin embargo, en 2024, la UE decidió no prorrogar el mandato de la misión debido a los continuos enfrentamientos con la junta militar que detenta el poder en Malí desde 2020. Este conflicto culminó con la salida de las fuerzas francesas, que desempeñaban funciones clave en la lucha contra los grupos yihadistas en el norte del país, y con la autorización de las autoridades malíes para que la entidad paramilitar rusa Grupo Wagner operara dentro de sus fronteras.
En el transcurso de la misión, más de 8.300 soldados españoles participaron activamente, capacitando a más de 20.000 miembros de las fuerzas armadas malienses. La presencia española en el país llegó a su fin de forma oficial en mayo de 2024, marcando la conclusión de una era de intervención militar española en el Sahel.
El último destacamento español, conocido como destacamento Marfil, culminó su misión tras 12 años y medio de operaciones. Estacionado en la base francesa Comandante Lemaitre en Senegal, este destacamento brindaba apoyo aéreo a las operaciones de Francia, la ONU, la UE y otras organizaciones internacionales en África Occidental. La retirada del destacamento español fue consecuencia de la finalización de la presencia militar francesa en Senegal, lo que implicó la devolución de instalaciones al gobierno senegalés, dejando sin sede ni cobertura de seguridad a las fuerzas internacionales en la región.
Ayuda de Rusia
El 6 de junio, el grupo paramilitar Africa Corps (antiguos Wagner) anunció su salida de Malí, tras haber estado presente en el país desde finales de 2021, apoyando a las fuerzas militares contra los yihadistas. Este Cuerpo afirma que su misión está «completa«, pero los combates continúan y la cooperación en seguridad ruso-maliense persiste, aunque en una forma distinta. El Africa Corps, creado por el Ministerio de Defensa ruso en parte para reemplazar a Wagner, ha declarado que no habrá cambios en los despliegues rusos, con entre el 70 y 80% de su personal proveniente de excombatientes de Wagner.
El ejército maliense ha sufrido varios reveses importantes, con ataques yihadistas a campamentos militares y la ciudad de Tombuctú. La situación de seguridad no mejora, y la transición al Cuerpo de África podría no resolver los problemas sin un cambio radical en la estrategia. Un enfoque militar predominante podría seguir siendo ineficaz, por lo que una estrategia política más amplia, orientada al diálogo con los insurgentes, podría ser necesaria para lograr la paz en el país.
Construyendo una estrategia común
Ni las fuerzas internacionales anteriores (ONU, Francia), ni las actuales (Rusia, África Corps), ni las milicias locales o regionales han sido capaces de detener el colapso del orden estatal en el Sahel Central. La solución no puede venir exclusivamente de actores externos: será necesario reconstruir legitimidad institucional, reconciliación étnica y una arquitectura de seguridad sostenida con visión africana, apoyo internacional selectivo y enfoque regional coordinado.
En este contexto, la UE enfrenta un desafío al diseñar una nueva política para el Sahel, que debe equilibrar principios y pragmatismo, buscando compromisos que favorezcan la estabilidad regional, abandonando su tradicional postura de asistencia a los estados fallidos y abordar la región reconociendo sus intereses y valores. Aunque el apoyo a la democracia sigue siendo clave para la UE, en el Sahel debería centrarse en respaldar la demanda local de representación política y preservar el espacio cívico.
La cooperación en seguridad debe adaptarse, ya que las autoridades del Sahel han criticado el enfoque europeo anterior, optando por asociaciones con Rusia y Turquía. Sin embargo, la dependencia de la fuerza militar ha demostrado ser insuficiente, lo que podría llevar a un cambio de rumbo en los regímenes del Sahel.
El enfoque de la UE hacia el Sahel también debe considerar el contexto regional más amplio, buscando estabilizar el Sahel central y evitar que la inestabilidad se extienda a los países vecinos. Así como, reorientando sus inversiones a largo plazo, enfocándolas en el desarrollo y la resiliencia climática, que son cruciales tanto para el Sahel como para los intereses europeos. La UE debe evitar replicar resentimientos del pasado y fomentar políticas que mejoren la vida de los ciudadanos, promuevan la igualdad y amplíen las oportunidades económicas y políticas en la región.
