La izquierda y la escuela pública. (I)

La escuela pública, una seña de identidad tradicional de la izquierda.

Acabamos de empezar un nuevo curso escolar y con él vuelven a salir a la palestra algunos clásicos del debate educativo. Uno de ellos es la situación de la enseñanza pública, cuya defensa en teoría ha sido una de las tradicionales banderas de la izquierda como herramienta para favorecer la igualdad de oportunidades. Por eso es un lugar común que se reproche a las formaciones conservadoras su apoyo a la escuela privada o concertada en detrimento de la pública como prueba de su escasa sensibilidad social.

Por eso, que una conocida pareja de dirigentes de un partido situado en posiciones radicales haya decidido matricular a sus hijos en un centro escolar privado de costosa matrícula ha suscitado una cierta polémica sobre el hecho de que muchos políticos “progresistas” no confíen la educación de sus vástagos a colegios o instituto públicos. De hecho, las dos últimas ministras de Educación, la actual y su inmediata predecesora, llevaron a sus hijos a colegios privados y concertados, respectivamente. Cabe recordar que los colegios concertados son centros educativos de titularidad privada aunque estén sostenidos con fondos públicos.

¿Deben llevar los políticos de izquierda a sus hijos a la escuela pública?

No necesariamente, pero los gestores de las administraciones educativas sí deberían creer en la escuela pública o al menos tratar de mejorarla. Se podrá argüir que el CEO de vinos Don Simón está en su derecho de consumir Vega Sicilia o  un reserva de alto copete sin por ello ser un traidor a su empresa, pero es que la escuela pública no tiene por qué ser la segunda división de la enseñanza y además algunos centros de titularidad estatal han sido históricamente punteros, con un prestigio y una demanda muy notables. La cuestión es que con esa elección los políticos de izquierda que prefieren la enseñanza privada no parecen creer que la escuela pública sea la mejor para sus hijos.

Los políticos de la coalición republicano-socialista del régimen del 14 de abril de 1931 sí creían en la escuela pública como factor dinamizador de una sociedad más igualitaria y laica, a la que dedicaron unos muy notables esfuerzos materiales y humanos.

Pero en la España actual nuestro modelo educativo fraguado en la transición no se decantó por la llamada “escuela única”, más propia de regímenes comunistas y con la que simpatizó la II República española, aunque no llegó a implantarla plenamente. El consenso constitucional de 1978 consagró la libertad de enseñanza y el pluralismo educativo. Y por tanto, cada ciudadano es muy libre de elegir para sus hijos el colegio que considere más conveniente. Hay que recordar que en el artículo 27 de la Constitución española, además de esa libertad de enseñanza, se reconoce el derecho que los padres tienen de elegir la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Derecho universal del que no se puede excluir a ninguna familia.

Resulta una ironía ver cómo quienes denostaban lo que ellos mismos llamaban el régimen del 78 se han acogido a ese marco legal para ejercer un libérrimo e indiscutible derecho más propio de las democracias burguesas.

Esta incongruencia no es privativa de los nuevos ricos de la izquierda caviar. Son muchos los políticos y altos cargos de la administración educativa que desde posiciones supuestamente progresistas han defendido modelos «comprensivos» y no selectivos, que han causado una evidente desventaja competitiva a la escuela pública, al tiempo que no elegían para los suyos esa opción educativa.

La escuela privada es hoy más competitiva que la pública.

 Partamos de un hecho. Tenemos un sistema educativo plural en el que hay una competitividad real entre la escuela pública y la privada, que se ha saldado a favor esta última desde hace ya unas tres décadas. Cabe reiterar que no siempre fue así, al menos de forma tan acusada. Esta dualidad ha sido un resultado, probablemente no deseado, de las reformas educativas que se han llevado a cabo en nombre de valores igualitarios y progresistas. Otra contradicción.

La escuela privada siempre ha competido por atraer a más clientela. Y en ocasiones, más selecta. En el último año del bachillerato, con vistas a las PAU, frecuentemente de forma tramposa. La pública no se ha caracterizado por ese espíritu competitivo, salvo cuando ha ido perdiendo alumnos.

La escuela privada no es homogénea en sus proyectos educativos o en sus idearios, aunque ahora se hable poco de este término. Es verdad que hay escuelas privadas religiosas, laicas, más conservadoras pedagógica o ideológicamente o más innovadoras. Las escuelas privadas supuestamente innovadoras y que desarrollan proyectos pedagógicos menos tradicionales no dejan de practicar la segregación socioeconómica. Porque la diferencia entre pública y privada no es siempre tanto de ideario educativo como de ventaja competitiva.

No ha formado parte de los pedagogos de la escuela pública con mando en plaza en las administraciones educativas la idea de que los centros públicos tuvieran que ser competitivos. Situar a la escuela pública fuera de esa competitividad es un error, es dejarla fuera del mundo real y colocarla en una posición de desventaja.

             La privada, legítimamente, compite por el un segmento del mercado, el que más les interesa. La pública tiene que atender a todos los alumnos, incluyendo los más conflictivos y difíciles. Pero para no perder ventaja competitiva debe hacerlo en un modelo de verdadera atención a la diversidad. Compartiendo con la enseñanza concertada esa tarea.

           ¿Por qué cada vez más padres se inclinan por llevar a sus hijos a la escuela privada o a la concertada?

Es muy importante dilucidar por qué muchos padres han ido abandonando la escuela pública y si realmente en la actualidad es o no mejor la escuela privada, que no necesariamente lo es. La pública tendría ventajas competitivas, como el contar con un profesorado seleccionado por principios de mérito y capacidad. La red de centros escolares es muy heterogénea y no todas las escuelas públicas son iguales ni en funcionamiento, ni en resultados, ni en extracción social.

La universalización y extensión de la enseñanza obligatoria que se generalizó en la última década del siglo XX se llevó a cabo con el modelo comprensivo, que supone de hecho igualar académicamente a los alumnos por abajo, con un descenso en el nivel de exigencia y la supresión de herramientas selectivas en los llamados “niveles no universitarios”. La pedagogía oficial bendijo desde el primer momento esa enseñanza “inclusiva” para combatir el fenómeno del abandono y el llamado fracaso escolar. Y dentro de esa pedagogía oficial fue sobre todo la teóricamente progresista la que rechazó las críticas al alto precio que implicaba esa rebaja de la exigencia, tachando de “segregadores” a quienes defendían un modelo de enseñanza más segmentado, con itinerarios o modalidades educativas diversas en función del rendimiento educativo de los alumnos.

De hecho, el sistema educativo derivado de las reformas educativas de los años noventa visto en su conjunto supuso una falsa comprensividad, porque produjo un sistema educativo mucho más dual.

Han sido muchos los profesores de colegios e institutos que han criticado que este modelo, derivado de todas las leyes educativas aprobadas en España desde los años noventa, a quien más perjudicaba era a sus alumnos, a los estudiantes de los centros públicos, en los que ese descenso del nivel académico era mayor porque los privados y los concertados estaban en mejores condiciones de seleccionar a los estudiantes. Y, por tanto, gozaban de una clara ventaja competitiva. 

Es un hecho conocido que en los últimos treinta años se ha ido produciendo una tendencia entre las familias de las clases medias, incluso en las clases medias ilustradas cuya intención de voto se sitúa en opciones de lo que convencionalmente se sigue denominando izquierda, hacia la escuela privada. Y esa tendencia se ha traducido en que un amplísimo sector de los padres de alumnos de esa procedencia social, que cuando había ocho años de EGB y cuatro de bachillerato (tres de BUP y uno de COU), elegían colegios privados en la EGB y después preferían un instituto público, tras la LOGSE y las leyes posteriores prefieren para sus hijos un centro concertado (o privado) en el que sus vástagos estudien los cuatro años de la secundaria e incluso los dos del bachillerato.

 El actual sistema educativo, inspirado en teoría en principios igualitaristas, está por el contrario claramente escindido en diversos segmentos:
             – una red pública, que acoge a muchos alumnos conflictivos y con peor rendimiento, la mayoría de las clases más desfavorecidas y en mucha menor medida a las clases acomodadas.

– una red concertada (que acoge a la mayoría de la clase media).

–  y una red privada (a la que sólo van quienes se pueden permitir las altas cuotas).
             Puede objetarse que esta generalización estadística es más clara en las provincias donde la privada tiene más implantación y extensión que en aquellas comunidades en las que la enseñanza pública es mayoritaria y la concertada más débil. Y sería cierto, pero esta realidad no contradice el hecho de que cuando los padres de clase pueden elegir entre un centro público y otro privado, se decantan en un porcentaje significativo por no llevar a sus hijos a uno público.
             Esta dualización de la enseñanza se ha notado más en la enseñanza secundaria, porque es en este sector, en especial el antiguo bachillerato, donde la huida de padres de clases medias ha sido mayor desde que empezó a implantarse la LOGSE, en 1990.
             Para entender este fenómeno se pueden aportar muchas explicaciones, que habrá que discutir detenidamente manejando estudios independientes. Pero de la respuesta que demos a este asunto pienso que se derivan conclusiones muy importantes para un debate educativo serio, del que estamos ayunos en España. Y que echaría por tierra muchas consignas propagandísticas oficiales que están muy alejadas de la realidad.

             Se puede argüir que la aplicación de las leyes educativas la han llevado a cabo gobiernos conservadores de las CCAA, que son las que tienen competencias en materia de gestión la enseñanza. Es un planteamiento erróneo, porque si vemos qué signo han tenido las administraciones educativas competentes desde 1990, veremos un reparto bastante equilibrado de cuotas de poder entre gobiernos de distinto signo.

             En una segunda parte de este artículo plantearemos por que los padres eligen y qué hacer para mejorar la escuela pública y hacerla más competitiva. De lo contrario, seguiríamos reforzando ese esquema dual.

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