Juan A. Gimeno
La Agrupación Europeísta “Cuidar el futuro” del Ateneo de Madrid, en colaboración con la Sección de Economía y Economistas frente a la crisis, organizó el 9 de febrero pasado un debate sobre el derecho a la vivienda, del que se recogen a continuación algunas de las ideas expresadas por las personas que intervinieron[1]:
Es evidente la crisis de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. De hecho, según las encuestas, es la primera preocupación de la ciudadanía en España en estos momentos.
Se estima que hay 700 mil familias esperando vivienda y un incremento anual de 250 mil. 630 mil contratos han estado parados por el escudo social, ahora pendientes de un decreto parado en el congreso. Pero más allá de medir las necesidades, empecemos a reducirlas cuanto antes.
El sector de la construcción ha llegado a sacar 700 mil viviendas anuales, pero paró en 2007 y no ha levantado cabeza. Se alegan una presunta baja rentabilidad, escasez de mano de obra y de suelo y una deficiente planificación urbanística.
La oferta viene creciendo muy por debajo de la demanda, lo que ha provocado un crecimiento de precios muy por encima de la evolución de los salarios. La incalificable venta de viviendas sociales y el parón constructivo a partir de la crisis de 2007 nos han llevado a un raquítico parque de vivienda pública social.
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Establece que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo para impedir la especulación. Es evidente el desfase con la realidad.
Estamos pues ante una prioridad urgente ¿para los próximos 30 años?
El objetivo claro es controlar la demanda especulativa y ampliar la oferta pública social. Pero esto no puede conseguirse con partidas presupuestarias (que serán siempre insuficientes), sino facilitando vías de crédito. Se debe poner en marcha un Plan estatal con colaboración de administraciones con cargo al Fondo que ha anunciado el Gobierno.
España Crece, se afirma, priorizará el impulso a la construcción de vivienda en régimen de alquiler asequible y social. Combinará financiación a largo plazo con soluciones de inversión en capital orientadas a reforzar los fondos propios de los vehículos de promoción y gestión. En términos orientativos, se pretende movilizar hasta 23.000 millones de euros de inversión en el segmento de la construcción para alquiler asequible y contribuir a la construcción de cerca de 15.000 viviendas al año.
Una novedad positiva es que el ICO actuará como catalizador, con crédito directo y atrayendo capital privado para escalar el impacto.
Sería conveniente publicar planes macro plurianuales.
Para mitigar los elementos que presionan al alza los precios, sería conveniente limitar fenómenos como el uso turístico, uso temporal, la gentrificación, los fondos de inversión especulativa, la cesión de viviendas protegidas… Y que se cumpla la ley de vivienda en todas las Comunidades Autónomas. Solo se construyen viviendas de alta gama porque los constructores privados buscan altos márgenes. El Estado es rico en suelo y financiación y debe ponerlos al servicio de un ambicioso plan estatal de vivienda.
La vivienda social debe mantener su calificación de protegida permanente. Un obstáculo está en que la competencia es de las CCAA y no del gobierno. El camino puede estar en condicionar la financiación estatal al carácter permanente y apoyarse en mancomunidades, siempre apostando por la gestión pública.
Sorprende que la responsable de Casa47 parezca excluir de su ámbito de actuación al 20% más pobre de la población.
Se necesitan controles autonómicos efectivos para que las viviendas sociales sean asequibles y no vayan a quienes no necesitan.
¿Caben medidas urgentes que obvien las dificultades de aprobación en el Parlamento o en las Comunidades Autónomas? Ante una prioridad social valen actuaciones urgentes. El Tribunal Supremo permite intervenir al Estado de forma extraordinaria en tales casos.
Ante la necesidad de operaciones urbanísticas urgentes, Carmen Fernández de Castro propone la vía rápida de expropiación cerca de ciudades con problemas y calificación urbanística inmediata, con el antecedente del Decreto-ley 7/1970 sobre actuaciones urbanísticas urgentes.
Hay que evitar 10 años de tramitación. Los planes generales los promueven los ayuntamientos, pero requieren posterior aprobación por la Comunidad. Y este informe se retrasa varios años. Se pueden fijar plazos, pero no se cumplen.
Ante la necesidad urgente, no podemos esperar a construir por planeamiento urbanístico, sino ajustar a posteriori. Sin suelo no hay vivienda. Necesitamos un pacto de Estado para aprobar un Presupuesto adecuado para esta puesta en marcha, para hacer ciudad, no guetos.
Se sugieren medidas como el control de precios por el Banco de España o créditos más caros a hipotecas que no sean primera vivienda. La liquidación de la Sareb es extremadamente lenta, parada por los bancos que necesitan aplazarla por su optimización fiscal. No es de recibo que los suelos tarden 1 año y las viviendas 4 años de pasar de la Sareb a Casa47.
¿El debate está viciado por el aparente conflicto de elegir entre rentistas e inquilinos? ¿Cuál de los dos colectivos supone más votantes? ¿No es posible proteger a ambos?
Algunas medidas pueden ser elevar la fiscalidad de los grandes tenedores de viviendas, subir el IVA a los pisos turísticos, evitar la compra especulativa por parte de fondos. Las ayudas de alquileres tienen el inconveniente de que contribuyen a la subida de precios. Deberían reducirse los beneficios fiscales genéricos a la vivienda.
Deben utilizarse inmediatamente los terrenos ya calificados. Y perder el miedo a llevar propuestas al parlamento, aunque no prosperen. Pero se visibiliza lo que defiende cada grupo.
En todo caso, quedó claro el consenso en la necesidad de consolidar, de forma muy urgente, un parque público de viviendas en alquiler asequible, con financiación directa a través del ICO y promoción pública.
[1] Por supuesto, las ideas aquí contenidas son, aunque deudoras en su mayor parte de lo escuchado en el debate, exclusiva responsabilidad del firmante de este artículo.
VIVIENDA: UN PLAN DE COCHE
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