Las elecciones del 9 de febrero definirán el futuro de Ecuador en un contexto de crecimiento de la violencia y de la criminalidad, crisis económica y polarización social, abriendo un nuevo período con el desafío de restaurar la estabilidad.
Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a un centro clave del narcotráfico internacional
Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por un vertiginoso aumento de la criminalidad que lo ha situado entre los diez países con mayor incidencia delictiva a nivel mundial. Este drástico deterioro ha llevado al país a registrar la tasa de muertes violentas más alta de América Latina, evidenciando un cambio radical en su panorama de seguridad.
En menos de una década, Ecuador ha pasado de ser el segundo país más seguro de la región, solo por detrás de Chile, a convertirse en el más violento. Este fenómeno responde a una combinación de factores, entre ellos el fortalecimiento de organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico, la corrupción institucional y la fragilidad del sistema judicial.
La expansión del crimen organizado, sumada a la permeabilidad de las fronteras y la debilidad en el control estatal, ha convertido a Ecuador en un territorio clave para las redes ilícitas que operan en la región.
El impacto de esta crisis es multidimensional: la violencia no solo afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también tiene profundas repercusiones en la economía, la gobernabilidad y la estabilidad social. La respuesta del Estado, incluidas medidas de emergencia y la militarización de ciertas zonas, ha puesto en evidencia las dificultades para contener la escalada de violencia.
El caso ecuatoriano es unclaro ejemplo de cómoun país puede pasar rápidamente de la estabilidad relativa al caos cuando confluyen el crimen organizado, la falta de políticas de seguridad efectivas y la erosión de las instituciones.
En las próximas elecciones se elegirá al jefe de Estado por el sistema de balotaje o dos vueltas y a los miembros de la Asamblea Nacional, para un mandato de cuatro años. Si ningún candidato presidencial obtiene más del 50 % de los votos o al menos el 40 % con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo lugar, se celebrará una segunda vuelta el 13 de abril de 2025. Estos comicios no solo determinarán al próximo presidente, sino también la composición de la Asamblea Nacional, órgano fundamental en la formulación de leyes y reformas estructurales. Dada la crisis de seguridad y la inestabilidad política que enfrenta Ecuador, la comunidad internacional sigue de cerca el proceso electoral, consciente de su impacto en el futuro.
Demografía Electoral
Ecuador tiene una población de 18.058.218 habitantes, de los cuales 13.450.047 están registrados para votar, lo que representa un 74,48% del total, según datos de la oficina electoral. Esto sugiere una participación potencialmente alta en los comicios.
Sin embargo, el primer debate presidencial, realizado en enero de 2025, dejó al 60% de los indecisos, de acuerdo con la encuestadora Cedatos. Este resultado se atribuye al formato rígido del debate, que limitó la confrontación de ideas entre los 16 candidatos en contienda.
Candidatos
Los principales aspirantes a la presidencia de Ecuador son Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), actual presidente, y Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), de tendencia progresista, desempeñó diversos cargos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y fue candidata presidencial en las elecciones presidenciales de 2023. Ha criticado al también expresidente Guillermo Lasso y ha prometido revisar todos los decretos presidenciales y acciones ejecutivas emitidas después de la “muerte cruzada”.
Noboa ha declarado no identificarse ni con la derecha ni con la izquierda, aunque los medios de comunicación lo sitúan en la derecha o el centro-derecha. Busca la reelección con el respaldo de su movimiento, tras haber asumido el poder en 2023 en elecciones anticipadas. En esta contienda, obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta y gano el balotaje. Es el tercer miembro de la familia Noboa en llegar a la presidencia, siendo descendiente de Diego Noboa (1850-1851) y Gustavo Noboa (2000-2003).
En el ámbito económico, el gobierno de Noboa ha mantenido las políticas neoliberales de su predecesor, Guillermo Lasso, en un contexto de crisis energética que se ha agravado desde 2023. A esto se suman la persistencia de la criminalidad organizada y un estancamiento económico que ha llevado incluso a una contracción del PIB. Además, la falta de atención a sectores clave como salud y educación pública ha erosionado su imagen. A pesar de ello, desde el inicio de su mandato, Noboa ha manifestado su intención de buscar la reelección.
Los principales ejes del debate son: la seguridad y lucha contra el crimen organizado; el crecimiento económico y empleo; la Migración y protección de ecuatorianos en el exterior y el cambio climático y sostenibilidad.
A medida que se acercan las elecciones, el gobierno de Ecuador enfrenta una crisis institucional marcada por la disputa entre Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Abad fue suspendida temporalmente de sus funciones, pero una jueza anuló la medida al considerar que vulneraba sus derechos constitucionales.
Desde el inicio de su mandato en 2023, la relación entre ambos ha sido tensa. La vicepresidenta lo ha acusado de ejercer «violencia política» y de marginarla de sus funciones, mientras que Noboa la ha calificado de «desleal» y ha buscado restringir su participación en el gobierno. En diciembre de 2023, la designó como embajadora en Israel, lo que fue interpretado como un intento de alejarla de la política interna. Posteriormente, en noviembre de 2024, el Ministerio de Trabajo la suspendió por 150 días sin sueldo, alegando «abandono injustificado» de sus funciones al no trasladarse de Israel a Turquía como se le había ordenado. Abad y su equipo legal denunciaron la suspensión como un abuso de poder y una violación constitucional, argumentando que la vicepresidencia es un cargo de elección popular que no puede ser suspendida sin un juicio político.
De cara a las elecciones presidenciales del 9 de febrero, la ley ecuatoriana establece que el presidente debe tomar una licencia obligatoria durante la campaña, periodo en el cual la vicepresidenta debería asumir la presidencia de manera interina. Sin embargo, debido a la suspensión de Abad, Noboa ha designado a una vicepresidenta encargada, lo que ha generado un
Esta crisis ha desatado fuertes acusaciones de autoritarismo y violaciones constitucionales contra Noboa, mientras que Abad busca respaldo legal y político para revertir su suspensión y retomar sus funciones. El desenlace de este conflicto podría ser clave para la estabilidad institucional y el desarrollo del proceso electoral.
Violencia en la Campaña
La campaña electoral comenzó el domingo 5 de enero y finalizará a medianoche del 6 de febrero. Se está desarrollando en un clima de violencia nunca visto a pesar de que 2023 y 2024 fueron los dos años con más homicidios de la historia de Ecuador. Sólo en este mes de enero ha habido más de 750 homicidios.
Más de 30 políticos han sido asesinados en Ecuador desde las elecciones de 2023, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, que fue tiroteado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta de ese año. Siete provincias y tres municipios están bajo estado de excepción renovado el pasado 3 de enero por dos meses más.
Los candidatos están limitando sus actos de campaña públicos por miedo a sufrir ataques armados tras varios atentados y secuestros ocurridos en las últimas semanas contra políticos de diferentes formaciones.
Daniel Granja, candidato presidencial del Partido Socialista, dijo que “hacer política en estas circunstancias es sencillamente imposible” y se planteó abandonar la contienda electoral tras el intento de asesinato de un compañero de su partido y de las amenazas que él mismo estaba recibiendo.
En octubre de 2024, el coche del hijo de otro candidato, el periodista Jimmy Jairala, fue tiroteado. El conductor, que ejercía la labor de guardaespaldas, resulto alcanzado por los disparos. La policía ya había asignado al candidato un dispositivo de seguridad formado por nueve agentes por las amenazas recibidas.
En Ecuador, el sufragio es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años que se encuentran en el registro electoral. Quien no vaya a votar recibe una sanción económica equivalente al 10% del salario básico, unos 46 euros.
Contexto geográfico, económico y demográfico
Ecuador tiene una superficie de 256.370 km² y limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el océano Pacífico. Su territorio incluye las Islas Galápagos, de gran importancia ecológica y turística.
La capital, Quito, se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar, mientras que Guayaquil es la ciudad más poblada y el principal centro económico del país. La economía ecuatoriana depende en gran medida del petróleo, la agricultura y el turismo, con productos clave como el plátano, el cacao, el camarón y las flores.
Según el censo de 2024, Ecuador tiene una población de 18.058.218 habitantes, con una distribución de 48,7 % hombres y 51,3 % mujeres. La edad media es de 29 años, y la composición étnica se distribuye de la siguiente manera: mestizos (77,5 %), indígenas (7,7 %), montubios (7,7 %), afroecuatorianos (4,8 %) y blancos (2,2 %).
Crimen organizado trasnacional
Ecuador se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado en Sudamérica, con impacto directo en la estabilidad y seguridad del país. Está experimentando un alarmante aumento de la violencia y la criminalidad.
Actualmente, no solo se encuentra entre los diez países con mayor incidencia del crimen a nivel mundial, sino que también registra la tasa de muertes violentas más alta de América Latina: 47,25 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es ocho veces superior a la de 2016, año en el que alcanzó su tasa más baja desde 1980. En menos de una década, Ecuador ha pasado de ser el segundo país más seguro de América del Sur, después de Chile, a convertirse en el más violento.
En la última década, las pandillas ecuatorianas han evolucionado de simples bandas locales a organizaciones del crimen organizado transnacional con una estructura jerárquica sofisticada. Actualmente, dominan actividades como narcotráfico, sicariato, extorsión y corrupción institucional, controlando territorios y redes criminales en varias provincias.
Estos grupos han penetrado en instituciones clave como la policía, el sistema penitenciario y el poder judicial, facilitando fugas de líderes y garantizando su impunidad. Desde 2021, las cárceles se han convertido en centros de poder criminal donde se planifican atentados y asesinatos. Las masacres carcelarias evidencian la brutalidad de estas organizaciones.
Grupos como Los Choneros, Los Lobos y Tiguerones han establecido alianzas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México, así como con otros grupos colombianos y albaneses, facilitando la exportación de cocaína desde los puertos ecuatorianos hacia EE.UU. y Europa. Además del narcotráfico, operan en minería ilegal, tráfico de armas y secuestro exprés, replicando su modelo criminal en comunidades de migrantes en países como EE.UU., España e Italia.
El puerto de Guayaquil se ha consolidado como un punto clave en la ruta de la cocaína. Los narcotraficantes ocultan droga en contenedores de exportación, especialmente en productos agrícolas como el plátano. Entre los principales destinos europeos destacan: Amberes (Bélgica): Aumento significativo de incautaciones. Róterdam (Países Bajos): Junto con Amberes, es uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa. Algeciras (España): En octubre de 2024, se incautaron 13 toneladas de cocaína procedentes de Guayaquil, la mayor incautación en la historia de España. En EE.UU., aunque no hay información específica sobre los puertos de entrada, se sabe que la cocaína ecuatoriana también llega a este país.
El incremento de la violencia se refleja en asesinatos de políticos, atentados con explosivos y masacres en cárceles. En 2023, Ecuador registró más de 6.500 homicidios. En enero de 2024, el gobierno declaró a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas, permitiendo la intervención militar en zonas de conflicto. No obstante, la violencia persiste y ha provocado un aumento en la migración masiva.
Las autoridades de estos países están intensificando la cooperación internacional y reforzando los controles en sus puertos para combatir el tráfico de drogas. Sin embargo, los narcotraficantes continúan innovando en sus métodos para evadir la detección y asegurar la distribución de la cocaína en los mercados internacionales
Cambio Climático
Ecuador enfrenta manifestaciones del cambio climático que afectan a distintas regiones del país y subrayan la necesidad de implementar estrategias de adaptación y mitigación para proteger tanto a comunidades como a los ecosistemas.
En el litoral, las inundaciones y la erosión por la subida del mar afectan de forma importante a las provincias de Manabí, Guayas, El Oro y Esmeraldas. Las playas en Manta, Portoviejo y Jama han registrado una notable disminución de arena, afectando tanto al turismo como a las comunidades locales.
Las localidades en el Golfo de Guayaquil y áreas costeras podrían experimentar grandes inundaciones antes de 2050, pudiendo desaparecer algunas zonas e islas. Los manglares en la costa, con una extensión aproximada de 117.000 hectáreas, se enfrentan a la amenaza por el aumento del nivel del mar y la salinización de suelos, afectando su función protectora contra tormentas y su capacidad de absorción de carbono.
En la región andina, el volcán Chimborazo ha experimentado un retroceso glaciar del 58,9%, afectando a los recursos hídricos para consumo humano y a las actividades agrícolas en la zona. Ecosistemas de alta montaña que actúan como reguladores hídricos están perdiendo vegetación y capacidad de retención de agua debido al aumento de temperaturas, lo que impacta el suministro de agua para ciudades como Cuenca, Loja y Ambato.
En la región amazónica, las Reserva de Producción Faunística Cuyabeno ha mostrado disminuciones en los caudales de ríos y lagunas, afectando la biodiversidad y las comunidades que dependen de estos recursos. También se han producido deslizamientos de tierra en Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo debido a lluvias intensas y crecidas de ríos, poniendo en riesgo infraestructuras y comunidades.
Migración, éxodo por inseguridad y crisis económica
La combinación de violencia, desempleo y crisis económica ha llevado a un aumento en la migración. Desde 2021, más de 350.000 ecuatorianos han sido detenidos al intentar cruzar la frontera de EE.UU. de forma irregular. Actualmente, se estima que entre 1,5 y 2 millones de ecuatorianos viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos (700.000), España (450.000) e Italia (120.000).
Muchos ecuatorianos arriesgan sus vidas en la selva del Darién, una de las rutas más peligrosas para llegar a EE.UU. En 2023, más de 50.000 ecuatorianos cruzaron el Darién, exponiéndose a robos, abusos y explotación por parte de grupos criminales.
El endurecimiento de la política migratoria en EE.UU. ha intensificado los vuelos de deportación de ecuatorianos. El 28 de enero, 202 personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) retornaron forzosamente a Guayaquil, una tendencia que podría agravarse en los próximos meses.
El gobierno ecuatoriano ha implementado un protocolo de recepción con asistencia de diversas instituciones y apoyo humanitario. No obstante, las condiciones en los traslados han sido denunciadas por migrantes y organizaciones de derechos humanos, mientras la reinserción de los deportados sigue siendo un reto ante la falta de oportunidades.
Desde la toma de posesión de Trump, la intensificación de las redadas ha aumentado, registrando 2.681 detenciones en pocos días. La preocupación crece entre las familias de los migrantes y las autoridades ecuatorianas ante la posibilidad de deportaciones masivas.
