El resultado electoral de 2025 definirá si Bolivia afronta coordinadamente la triple crisis de narcotráfico, cambio climático y migraciones. La Amazonía, eje simbólico y estratégico, marcará su rumbo: protegerla o abandonarla tendrá profundas consecuencias políticas, económicas y sociales.
Bolivia se encamina a las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 en un escenario político que podría rompe con dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). Evo Morales queda definitivamente inhabilitado para postularse, tras vencer el plazo límite para ser inscrito en una papeleta.
La imposibilidad de Morales para participar se debe a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó que la reelección indefinida no es un derecho humano y que una persona no puede ejercer más de dos mandatos presidenciales consecutivos. Morales fue presidente entre 2006 y 2019, ejerciendo tres mandatos consecutivos (el primero tras la nueva Constitución de 2009 y otros dos posteriores). En 2017, el TCP, con otra composición, había habilitado su candidatura para 2019 interpretando la reelección como derecho humano, pero esa doctrina fue revertida en septiembre de 2021 por la misma corte, que la declaró inconstitucional. En junio de 2025, el órgano electoral aplicó esta sentencia, negando su inscripción como candidato. Morales intentó recursos administrativos y judiciales, pero el plazo para inscribir candidaturas venció el 4 de julio de 2025, quedando inhabilitado de forma definitiva.
A pesar de esta decisión, el ex presidente, despojado de su derecho a presentarse y a liderar un partido con su nombre, mantiene su actividad política. Desde su bastión en los trópicos de Cochabamba, ha expresado su esperanza de que se anule su descalificación y ha rechazado la idea de exiliarse. Mientras los llamados al voto nulo se multiplican, sus seguidores se han sumado a esta estrategia, y las últimas encuestas indican que el 34,1 % de los votantes apoyan esta opción.
En esta situación, el voto nulo se perfila como un arma política inédita en la historia democrática reciente de Bolivia.
En este contexto, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y figura cercana a Morales, fue reincorporado oficialmente como candidato del MAS tras haber sido descalificado por razones técnicas, aunque apenas alcanza un 15 % de intención de voto. Por su parte, el actual presidente Luis Arce renunció a buscar la reelección luego de sus enfrentamientos con Morales, y expresó su respaldo al ex ministro Eduardo del Castillo, quien ronda apenas el 2 % en las encuestas.
La profunda división interna del MAS, marcada por la confrontación entre los partidarios de Arce y los de Morales, derivó en una competencia abierta por la candidatura presidencial. Con encuestas desfavorables y ante una pugna por el liderazgo político, Arce consideró que su permanencia en la contienda podría ser contraproducente para la cohesión del Movimiento. Aunque Morales estaba legalmente inhabilitado para postularse, Arce lo instó públicamente a que también renunciara. Además, criticó el uso de siglas prestadas y lo acusó de alimentar una fractura interna que, a su juicio, podría beneficiar a los partidos de derecha.
El bloque opositor, aunque fragmentado, se encuentra en un empate técnico con varios postulantes en la franja del 18 % al 22 %, lo que abre la posibilidad de que cualquier movimiento en campaña sea decisivo para forzar una segunda vuelta. Figuras como Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, junto a otros referentes, buscan consolidar apoyos en las principales ciudades del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz),
Paralelamente, la migración interna desde zonas rurales afectadas por la deforestación, la pérdida de tierras agrícolas y la inseguridad está modificando los patrones electorales, con demandas centradas en empleo, acceso a servicios y seguridad ciudadana.
El país llega a la cita con una alta expectativa de participación —que podría superar el 80 %—, pero con un trasfondo de polarización política y agotamiento económico, marcado por la caída de ingresos por exportaciones, presiones inflacionarias, deterioro ambiental y la sombra persistente del narcotráfico. Con un MAS debilitado y una oposición sin liderazgo único, el resultado dependerá en gran medida de la recta final de la campaña y del voto indeciso, que será determinante para definir si Bolivia inicia un nuevo ciclo político o prolonga su actual división.
El artículo 52 de la Ley del Régimen Electoral establece que una fórmula presidencial será proclamada ganadora si obtiene el 50 % más uno de los votos válidos o al menos el 40 % de los votos con una diferencia mínima del 10 % respecto al segundo lugar. Si ninguna fórmula cumple estos requisitos, se realizará una segunda vuelta dentro de los 60 días siguientes al 17 de agosto (el 20 de octubre). La toma de posesión está prevista para el 8 de noviembre. El proceso incluye la elección de diputados y senadores para el periodo 2025–2030.
Demografía electoral
Bolivia cuenta, según el censo del INE, con una población de cerca de 11,31 millones de habitantes en 2024. Sin embargo, por discrepancias y ajustes posteriores, muchas organizaciones proyectan una población superior, cercana a 12,5 millones. De ellos están 7,9 millones de electores habilitados.
Aproximadamente 48 % de la población es indígena, y su representación política es tema clave, debido a la ausencia de candidaturas indígenas en el MAS. La mayoría de la población vive en las regiones de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, con Santa Cruz siendo un fuerte bastión opositor. Además,
Tiene un electorado mayoritariamente urbano (70 %), con un peso creciente de migrantes internos desplazados desde áreas rurales en crisis. Este segmento, cada vez más relevante, se convierte en un electorado bisagra capaz de inclinar la balanza hacia uno u otro bloque en unas elecciones imprevisibles.
Etnias y dimensión social plurinacional
El electorado indígena ya no es homogéneo; mientras algunos prefieren continuidad con el MAS, otros sectores buscan alternativas reformistas o están promoviendo el voto nulo, como en el caso de Morales para presionar por su inclusión en la papeleta electoral. Organizaciones campesinas como FUTPOCH (Chuquisaca) han declarando neutralidad hasta después de las elecciones
La dimensión social también incluye tensiones urbanas y rurales: demanda de salud, educación, empleo digno y participación real. El contraste entre departamentos (Santa Cruz opositora, Frente de “derecha emergente”; La Paz / Oruro / Cochabamba más inclinados al MAS) refleja una polarización geográfica también étnica y política.
“El voto indígena, antes bastión monolítico del MAS, se fragmenta en mil matices. Hoy, la plurinacionalidad no es un lema: es un campo de disputa por la representación y el poder.”
Relaciones regionales y globales
Esta elección se enmarca en un contexto latinoamericano convulsionado por una oleada electoral paralela en Chile, Honduras y Argentina, caracterizada por polarización, fragmentación política y discursos populistas inspirados en modelos tipo Trump, Bukele o Milei En todos los casos, se observa un rechazo a liderazgos tradicionales y un surgimiento de figuras disruptivas con apelaciones al hartazgo ciudadano.
Bolivia, considerada una base geopolítica clave del sur regional junto a Paraguay y Perú, tras las elecciones, podría entrar en una fase de reconfiguración de alianzas estratégicas. El país se debate entre dos opciones posibles: la continuidad del modelo extractivista alineado con potencias emergentes —como China y Rusia—, o un giro hacia una apertura neoliberal, en caso de imponerse fuerzas como Unidad.
Unidad es una coalición política alternativa al modelo actual del MAS, asociada a una visión más liberal, urbana y tecnocrática. Su ascenso podría significar un cambio profundo en la orientación geopolítica y económica del país, acercándolo a un modelo de mayor integración con EE.UU y Europa, con políticas económicas de mercado abierto, institucionalismo y cooperación internacional clásica.
Por otro lado, la reciente extradición a EE. UU. del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila ha marcado un punto de inflexión en la cooperación judicial entre Bolivia y EE.UU. Este gesto ha sido interpretado como una señal de acercamiento a Washington, en un momento de tensiones internas por la soberanía judicial y las relaciones exteriores
El mapa diplomático de Bolivia oscila entre Oriente y Occidente: un pie en China y Rusia, otro tanteando a Estados Unidos. La elección decidirá hacia dónde se inclina la balanza.
Economía, recursos y sociedad
Bolivia atraviesa una de las peores crisis en décadas. La inflación superó el 38 % en junio de 2025, mientras la escasez de combustibles, alimentos básicos y medicinas se volvió constante. El modelo económico basado en gas natural y subsidios estatales colapsó: el boom mermó, la deuda neta aumentó y el aparato productivo se estancó
Los sectores de oposición, liderados por Doria Medina, apuestan por shock reformista: cortar subsidios energéticos, atraer inversión extranjera en litio y gas, reestructurar la deuda y abrir el mercado. El MAS presenta un programa de “afinación del Estado plurinacional y sostén de políticas sociales”, aunque enfrenta escepticismo ciudadano por su desgaste político.
En Bolivia, la expresión “afinación del Estado plurinacional” alude a un proceso de ajuste y perfeccionamiento del modelo establecido por la Constitución de 2009, que reconoce la coexistencia de múltiples naciones y pueblos originarios con autonomía y derechos propios. Implica corregir desajustes entre el marco legal y su aplicación real, fortalecer las autonomías indígenas, garantizar una representación política proporcional y mejorar la articulación entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, todo con el objetivo de que el Estado funcione de manera más coherente con sus principios plurinacionales y evite retrocesos en los derechos adquiridos por las comunidades.
El extractivismo sigue siendo central: la minería informal y la producción de cocaína crecen, sin estrategias ambientales claras ni visión de futuro sostenible. La sociedad boliviana reclama reformas estructurales (fiscal, productiva y social) sin las que el estancamiento económico podría profundizar la pobreza y dependencia.
“La crisis económica no es coyuntural: es el agotamiento de un modelo que ya no produce respuestas.”
Seguridad y criminalidad organizada
Bolivia ha evolucionado de país de tránsito de cocaína a productor y exportador, según organismos internacionales.
La expansión de cultivos, legalizados en parte por ley del gobierno de Morales, generó compras estatales cuestionadas y falta de control sobre el destino real de la producción. Esto ha fortalecido redes criminales, algunas vinculadas a instituciones estatales.
En el debate presidencial, la derecha acusó al liderazgo del MÁS por proteger intereses narco criminalesy no cumplir con extradiciones, mientras Rodríguez rechazó ser cómplice de esos estigmas. La extradición a EE.UU. del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, procesado por conspiración internacional de cocaína, marcó un punto de inflexión en la cooperación judicial
Se suma al problema del narcotráfico el tráfico ilegal de fauna: el jaguar fue declarado en peligro en Bolivia tras registrarse la tasa más alta de abatimientos ilícitos del mundo, vinculados a redes criminales transnacionales.
La inseguridad ciudadana también afecta áreas urbanas, con pandillas y conflictos por extracción ilegal de minerales, residuos y extorsión rural. El estado reconoce la necesidad de respuesta institucional robusta, pero el aparato está en crisis y con poca capacidad de combatir el crimen organizado de alcance transnacional.
Narcotráfico y crimen organizado
Bolivia dejó de ser el ‘puente’ de la cocaína para convertirse en productor y exportador. El narcotráfico ya no es una sombra: es una estructura con raíces en lo político, lo económico y lo territorial.”
Bolivia ha pasado de ser un puente de la cocaína a consolidarse como productor y exportador, integrando sus redes en el crimen organizado transnacional. Según InSight Crime, las áreas de cultivo en el Chapare y los Yungas siguen siendo estratégicas, pero las rutas se han diversificado mediante pistas clandestinas, ríos amazónicos y vínculos directos con redes brasileñas, argentinas y europeas. El blanqueo de capitales, especialmente a través de la minería de oro ilegal, refuerza la intersección entre crimen ambiental y narcotráfico. Una posible ley en EE. UU., impulsada por Donald Trump, que flexibiliza los controles financieros, podría facilitar aún más estos flujos ilícitos.
En este contexto, el papel de China en el crimen organizado en América Latina es mucho más amplio de lo que se percibe públicamente. Más allá de su conocida vinculación con el comercio de fentanilo —cuyos precursores químicos proceden en gran parte de su territorio—, Pekín aparece implicado en actividades ilícitas que van desde la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) por parte de sus flotas industriales, hasta delitos ambientales como la extracción de aletas de tiburón, la tala ilegal de maderas nobles y el comercio de garras y dientes de grandes felinos amazónicos.
China es también un actor clave en el lavado de dinero basado en el comercio, una modalidad que permite mover ganancias ilícitas disfrazadas de operaciones comerciales legítimas. Además, redes criminales chinas participan activamente en el contrabando y la trata de personas. La negativa de Pekín a extraditar a sus ciudadanos o a cooperar con investigaciones internacionales otorga a estas redes una protección efectiva frente a la justicia, dificultando la acción regional e internacional contra sus operaciones.
En 2025, las economías ilegales en América Latina y el Caribe seguirán en expansión, lideradas por redes de tráfico de cocaína, oro y personas, que se entrelazan y refuerzan mutuamente. La creciente inestabilidad política, la consolidación de regímenes autoritarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela, el colapso institucional en Haití y las crisis políticas en Guatemala, Perú y Bolivia reducen la prioridad política de la lucha contra el crimen organizado transnacional en el hemisferio occidental.
Narrativa sobre un caso real.
“Esta historia empieza con fuego. Era 2019 y en el oriente boliviano, en la Chiquitanía, las llamas avanzaban sin freno. Más de tres millones de hectáreas ardieron en pocos meses. En las noticias hablaban de Brasil, pero aquí también la selva se estaba perdiendo.
Entre los que intentaban detener el fuego estaba Julio Rojas, bombero voluntario y activista. Sabía que casi todos los incendios eran provocados: “Aquí no hay fuegos accidentales”, repetía. Algunos eran para talar madera valiosa; otros, para abrir paso a la ocupación ilegal de tierras.
En su pueblo, Senia Vargas, ama de casa, no soportó ver el humo cubriendo su casa. Reunió a veinte mujeres y les dijo: “Vamos a proteger nuestro bosque”. Llevaban agua y comida a los bomberos, y cuando podían, entraban al fuego con palas y mochilas de agua a la espalda.
Julio y Senia luchaban contra algo más que el fuego. Era una batalla contra redes criminales que usaban los incendios para apropiarse de tierras y blanquear ganancias. En 2019, políticas oficiales incluso facilitaron quemas “controladas” que se salieron de control en días.
Hoy, ambos siguen en primera línea. Saben que el problema es más grande que ellos, que conecta la corrupción, el narcotráfico y el crimen ambiental. Pero también saben que, si ellos no defienden el bosque, nadie más lo hará.”
Amazonia y cambio climático.
En 2024 Bolivia perdió 15.000 km² de selva tropical primaria, un 200% más que el año anterior, colocándose como el segundo país del mundo en pérdida forestal después de Brasil. Esta devastación, alimentada por agro negocios, minería ilegal y narco ganadería, genera hasta el 80% de las emisiones nacionales de carbono y agrava la vulnerabilidad climática. La conexión entre crimen ambiental y narcotráfico crea un ciclo de degradación que afecta tanto la estabilidad ecológica como la seguridad.
El cambio climático y la inseguridad rural están desplazando a miles de personas desde regiones amazónicas y chaqueñas hacia ciudades del eje central, presionando infraestructuras y servicios urbanos. La falta de una política migratoria integral deja a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad y aumenta las tensiones sociales.
«Desde las entrañas de los Andes brota un canto joven que no pide caridad, sino justicia. Justicia para Vivir es el susurro rebelde de una Bolivia que no quiere sobrevivir: quiere vivir con dignidad. En cada nota, la voz de quienes han sido silenciados clama por un país que los abrace, no que los margine.»
