“Volar embarcaciones hasta que Maduro se rinda”
La declaración de Susie Wiles, directora de Gabinete de Donald Trump, en una conversación publicada por Vanity Fair, pone en evidencia que, contrariamente a lo expresado reiteradamente por el presidente de Estados Unidos, los ataques registrados hasta ahora contra supuestas narcolanchas (con un saldo de 95 asesinatos extrajudiciales) guardan poca relación con la lucha contra el denominado “narcoterrorismo”.
Por el contrario, estos ataques responden a una estrategia orientada al derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro y, en consecuencia, al control de los yacimientos petroleros del Orinoco, unos de los más importantes del mundo.
Desde hace varios años, y con especial intensidad durante los períodos de campaña electoral, Donald Trump ha reactivado una narrativa altamente eficaz en términos políticos, pero profundamente errónea y tendenciosa desde el punto de vista histórico, jurídico y estratégico: la idea de que Venezuela “robó” petróleo a Estados Unidos.
En este relato, el chavismo aparece como un actor depredador que habría expropiado activos estadounidenses, con la aquiescencia de los gobiernos norteamericanos de la época, vulnerando la soberanía económica de Estados Unidos y, en consecuencia, legitimando respuestas extraordinarias de presión, como sanciones o incluso confiscaciones.
El problema de fondo es que la premisa central de este discurso es falsa. Venezuela nunca robó petróleo al Estado estadounidense. El país saqueado fue Venezuela. El crudo venezolano jamás fue propiedad de Washington, ni antes ni después de la nacionalización. Las expropiaciones llevadas a cabo durante el chavismo (controvertidas, politizadas y económicamente dañinas) afectaron a empresas privadas, no al gobierno de Estados Unidos como sujeto soberano.
Los conflictos derivados de esas decisiones no se resolvieron mediante el uso de la fuerza ni el despojo, sino a través de tribunales internacionales, laudos arbitrales y compensaciones multimillonarias, dentro del marco del derecho internacional.
Paradójicamente, el verdadero saqueo económico del chavismo no tuvo lugar en el núcleo de la industria petrolera, sino en amplios sectores de la economía no petrolera nacional, donde sí se produjeron confiscaciones de tierras y animales sin indemnización, sin arbitraje y sin garantías de Estado de derecho. El despojo real ocurrió fuera del petróleo.
Sectores como la agricultura, la manufactura, la industria pesada, la logística, el comercio y la banca regional fueron objeto de expropiaciones forzosas, sin compensación ni mecanismos legales efectivos. Fueron tomadas por la fuerza, desarticulando el aparato productivo nacional.
Ese fue el robo efectivo y estructural del chavismo: la pulverización sistemática del patrimonio privado venezolano, con consecuencias duraderas sobre la capacidad productiva, el empleo y la soberanía económica del país.
Este contraste resulta clave para comprender por qué la narrativa del “robo petrolero” no solo distorsiona la historia, sino que conduce a errores estratégicos de gran magnitud.
CONTEXTO HISTÓRICO
Para entender el conflicto, es indispensable partir de un hecho jurídico fundamental: desde los comienzos de la industria petrolera venezolana, la propiedad del subsuelo y de los hidrocarburos ha residido en el Estado venezolano. Este principio no es una invención reciente ni una anomalía ideológica, sino parte del derecho petrolero moderno, reconocido durante más de un siglo.
Las empresas extranjeras (estadounidenses, británicas, holandesas y de otros países) no “poseían” el petróleo venezolano. Operaban bajo concesiones otorgadas por la República, pagaban concesiones e impuestos, invertían capital y tecnología, y obtenían beneficios comerciales. Nunca existió una transferencia de soberanía sobre el recurso.
Incluso cuando Venezuela nacionalizó su industria petrolera en 1975, el proceso fue excepcionalmente ordenado en comparación con otros países productores. Exxon, Mobil, Shell y otras grandes compañías fueron compensadas mediante acuerdos negociados. El Estado venezolano asumió el control operativo, pero pagó por los activos, evitando rupturas traumáticas que sí se produjeron en otros procesos de nacionalización en el mundo.
Hablar de “robo” en este contexto carece de sustento histórico. La nacionalización venezolana fue un acto soberano legítimo, ejecutado dentro del marco del derecho internacional y reconocido por los propios actores involucrados.
La relación energética entre Venezuela y Estados Unidos no fue un conflicto, sino una asociación estratégica altamente funcional. La expansión de PDVSA hacia el mercado estadounidense, materializada en la adquisición de CITGO, no representó un despojo, sino una integración vertical inteligente.
Para Venezuela, CITGO garantizaba salida estable para su crudo pesado, acceso a refinerías adaptadas y presencia directa en el mayor mercado energético del mundo. Para Estados Unidos, significaba suministro confiable, empleo, impuestos y rentabilidad industrial. Durante años, esta relación fue considerada un ejemplo exitoso de cooperación energética hemisférica.
Nada en esta historia respalda la idea de que Estados Unidos fue víctima de una confiscación estatal. CITGO operó durante décadas como una empresa rentable dentro del sistema jurídico estadounidense, hasta que el colapso político y financiero del chavismo convirtió ese activo en objeto de litigios complejos.
LA APERTURA PETROLERA DE LOS AÑOS NOVENTA
La llamada Apertura Petrolera de la década de 1990 marcó uno de los momentos más ambiciosos de la historia energética venezolana. Concebida por Andrés Sosa Pietri, entonces presidente de PDVSA, buscaba transformar a Venezuela en una potencia petrolera del siglo XXI.
Su fundamento legal se remontaba a 1975, cuando Sosa Pietri redactó el artículo 5 de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, preservando la propiedad estatal del recurso, pero abriendo explícitamente la puerta al capital privado, con reglas claras y arbitraje internacional.
El resultado fue una verdadera revolución industrial. Grandes compañías regresaron o ampliaron su presencia (ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, Total, Statoil y Petrobras). Se desarrolló la Faja del Orinoco con tecnología punta, fluyeron inversiones masivas y Venezuela se posicionó como actor central del sistema energético global.
El punto de ruptura llegó en 2007, cuando Hugo Chávez impuso la migración forzosa de los contratos hacia empresas mixtas con control estatal. La decisión fue política e ideológica, no técnica.
Las empresas recurrieron a mecanismos legales internacionales. Los laudos y compensaciones desmienten cualquier narrativa de robo. El sistema jurídico funcionó. Y ese funcionamiento destruye el mito del despojo estatal contra Estados Unidos.
Hoy, la industria petrolera venezolana no es un tesoro oculto, sino una estructura devastada. Producción colapsada, infraestructura en ruinas, talento humano expulsado. No hay botín que recuperar, solo escombros industriales.
Mientras Washington debatía narrativas, China, Rusia e Irán ocuparon espacios estratégicos. No fue Caracas quien expulsó a Estados Unidos. Fue Estados Unidos quien cedió el terreno. La dureza aisló, debilitó la legitimidad y entregó influencia a adversarios geopolíticos.
