Reseña del Acto del Ateneo
Crónica, Alfredo Liébana Collado
El 13 de enero de 2025 en la sala Larra del Ateneo madrileño se realizó un acto coorganizado por la Sección de Economía del Ateneo, la Agrupación Europeísta Cuidar el futuro y Economistas Frente a la Crisis.
Participaron en él Maite Vilalta (Profesora de Economía de la Universidad de Barcelona) Experta en financiación autonómica e Integrante del grupo de expertos de la Generalitat para diseñar el nuevo modelo de financiación; Ana Herrero (Profesora de Economía Aplicada de la UNED) Experta en financiación autonómica; Sandra León (Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid) Especializada en política comparada, federalismo y descentralización Juan A. Gimeno (Catedrático emérito y ex rector de la UNED. Miembro de Economistas Frente a la Crisis y de la Agrupación Europeísta), siendo moderados por Javier Santacruz (secretario de la Sección de Economía).
El acto es de actualidad tras el acuerdo de investidura en Cataluña entre el PSC y ERC, ya que indica la necesidad y urgencia de abordar la revisión del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas desde 2014. El acuerdo tiene elementos pendientes de definir, que impiden totalmente precisar su sentido y alcance, pero abre los debates sobre el sistema de financiación de todas las Comunidades Autónomas, con una perspectiva de largo plazo y con una actitud de apertura al entendimiento entre posturas a priori no coincidentes.
El reparto de los recursos tributarios y de las competencias normativas entre los diferentes niveles de gobierno, lo que requiere autonomía y suficiencia financiera, tanto de la Administración Central como de las CCAA, lo que significa tener un espacio fiscal propio con autonomía para decidir el nivel de sus ingresos y de sus gastos, así como la necesaria corresponsabilidad fiscal con el Estado. La titularidad de las competencias normativas de los tributos cedidos seguiría siendo del Estado, pero pueden compartirse. Incluso podría aceptarse la coexistencia de un impuesto autonómico y otro federal. En las CCAA se mantienen la casi totalidad de los servicios del Estado de bienestar, salvo las pensiones y las prestaciones por desempleo.
Es necesaria una reforma fiscal que se adapte a una economía que elimine los tratos de favor que actualmente gozan las rentas de capital (especialmente las financieras), los altos patrimonios y las grandes empresas. Esta reforma debería acercar nuestra cifra de presión fiscal a la media europea y dejaría margen para reducir el déficit e incrementar los recursos para la financiación autonómica y otros gastos del Estado.
Las relaciones entre el Estado y las CCAA vienen reflejadas por la Constitución y los Estatutos, y se regulan por unas Comisiones Mixtas bilaterales donde se establecen los costes de los servicios transferidos. El problema surge al existir variables de diferente peso en cada CCAA que cada cual exige tratar como singulares.
Hay además que tener presente la especificidad de los territorios forales de Navarra y el País Vasco recogidas en la Constitución, donde la recaudación es foral y después se negocia la aportación al Estado por los gastos de los bienes y servicios desempeñados por el Estado en dichos territorios.
Todo lo anterior hace que la negociación dependa mucho de la coyuntura política y de la capacidad de negociación en cada momento de cada uno de los actores. La consecuencia es que el sistema resulta complejo y no siempre justo.
La complejidad aumentaría todavía más si se acepta la fragmentación de la gestión tributaria como proponen algunas CCAA. Esto aumentaría la capacidad de negociación de las CCAA pero repercutiría en la disminución recaudatoria para todo el sistema al perjudicarse el control, facilitarse la evasión y la elusión fiscales, reducirse la información y agravarse el peligro de competencia fiscal a la baja.
Es necesario mejorar la coordinación, e incluso la creación de agencias autonómicas, pero siempre dentro o de forma compartida con la Agencia estatal que permita asegurar la información y la cooperación en igualdad de condiciones.
Además, hay que recordar que las CCAA no parten de situaciones similares. Por ello se creó el Fondo de Compensación Interterritorial que permite al Estado ir amortiguando esas desigualdades de partida. En 2023 su importe fue solo del 0,04 % del PIB de los presupuestos del Estado, por lo que debe aumentarse para que exista una redistribución medianamente significativa.
El acto se desarrolló primero con un contraste entre las opiniones de ponentes y posteriormente por las respuestas a las preguntas y comentarios de los asistentes.
