Hay imágenes que no dejan de sorprender. El Hondius navegando entre decisionespolíticas disfrazadas de sanitarias, nervios poblacionales, titulares hiperbólicos,obligaciones internacionales, pero por encima de todo ello, un cálculo político que azuza viejos traumas pandémicos. El MV Hondius no puede quedar abandonado en mitad del Atlántico, tenga 0 o 10 casos de infección por hantavirus, eso sería inhumano, imprudente y contrario a las reglas básicas de cooperación sanitaria internacional. Pero aceptar que hay que auxiliar no obliga a aceptar cualquier forma de hacerlo, ni cualquier explicación, ni cualquier portavoz.
La Organización Mundial de la Salud ha informado a estas alturas de la película, de ocho casos vinculados al buque, tres de ellos fallecidos y cinco confirmaciones de hantavirus; además, ha identificado que se trata de una variante capaz de transmisión entre humanos en contextos de contacto estrecho y prolongado, ergo limitada y por tanto la propia OMS califica el riesgo poblacional como bajo. No estaríamos, por tanto, ante una nueva CoVID, aunque tampoco ante un catarro. Lo que tenemos frente a las costas de Canarias es un episodio infrecuente pero grave, a la par que cargado de incertidumbre. Precisamente por eso exige algo más que frases tranquilizadoras.
El Gobierno sostiene que España acoge al Hondius en Canarias por una petición expresa de la OMS y porque Cabo Verde, donde está el mencionado crucero, no podía realizar la operación. También afirma que los traslados se harán en espacios y transportes especiales para evitar contacto con la población local. Todo eso puede ser cierto. Pero en salud pública no basta con tener razón técnica, hay que explicarla desde la convicción de los expertos y con el respeto que merecen los miedos de quienes van a convivir con el riesgo percibido.
Porque el miedo no se combate con paternalismo, ni mucho menos con propaganda. Se combate con información, transparencia y coordinación. Recuerdan lo de Fuenteovejuna, pues si, todos a una dando la misma información hubiera trasmitido seguridad, pero eso me temo que quedará para la próxima emergencia sanitaria. Y aquí llega la pregunta incomoda, pero legítima, ¿por qué Canarias, a pocas semanas de una visita del Papa que seguro concentrará a miles de personas procedentes de muchos lugares? León XIV tiene prevista su visita a Canarias en unas semanas, con actos multitudinarios como una misa en el Estadio Gran Canaria y otra en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Si el riesgo es bajo, explíquese por qué y si el operativo es estanco, pues vamos a verlo. ¿Se han evaluado alternativas?, opciones como Cádiz, Rota o incluso Faro o Lisboa, dígase con claridad el racional de la decisión, si lo hubiere, porque 36 horas más de navegación no debería ser la razón o la excusa, ya que, según nos han informado nadie está gravemente enfermo y si lo estuviere, se evacúa como se ha hecho con los otros casos. Lo que no se puede pedir a la ciudadanía es fe ciega en una arquitectura de decisiones que llega tarde, fragmentada, descoordinada y con ese inquietante olor a déjà vu.
Un déjà vu que pesa y mucho. España tiene una memoria sanitaria reciente llena de sobresaltos. En 2014, durante la crisis del ébola, pareciera que se quisiera dejar a su suerte a Miguel y Manuel, los dos misioneros españoles que fueron repatriados, y finalmente fallecieron en Madrid, al tiempo que algunos se rasgaron las vestiduras por el sacrificio de Excalibur, un perro afectado por la misma enfermedad. El “escandalo” fue llevado a los tribunales, que consideraron “inevitable” aquel sacrificio por el escaso conocimiento científico disponible entonces sobre el riesgo. Hoy no estamos en aquel escenario. El hantavirus no es el ébola, pero el reflejo institucional vuelve a parecer demasiado conocido, primero se tranquiliza, después se improvisa y luego se pide confianza. El problema no está en auxiliar al barco, el problema es que España parece incapaz de aprender que la confianza se gana antes de la crisis, no durante la rueda de prensa.
Y en ese punto reaparece un nombre, Fernando Simón, quien, para sorpresa de muchos, continúa desempeñando el cargo de director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, quien fuera el responsable técnico asociado a algunos de los errores más recordados de la CoVID siga siendo una figura central en las emergencias sanitarias obliga, como mínimo, a una reflexión. Para el recuerdo queda ese comunicado de febrero de 2020 cuando dijo que España no tendría “como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” y que no esperaba transmisión local significativa. Mas de 120.000 muertos después, no es de recibo que esa sea la cara responsable de trasmitir seguridad ante una emergencia sanitaria.
Una democracia madura no puede funcionar con linchamientos o cancelaciones, pero tampoco desde la impunidad técnica. La pregunta a hacernos es si quienes fallaron de forma tan ostensible en la comunicación y la gestión del riesgo han rendido cuentas, han explicado sus errores y han reconstruido la confianza. Y la respuesta, dígala usted lector. La sensación, que poca confianza transmite por cierto, es que en España según donde estes, se puede fallar mucho, fallar alto y seguir en el mismo sitio. Se puede dimitir por coherencia o ser cesado por incompetencia, pero la nada, no debería ser una opción. Eso erosiona más la salud pública que cualquier tuit alarmista.
Además, el contexto político tampoco ayuda. Andalucía celebra elecciones autonómicas el 17 de mayo, y está en plena campaña. Y cuando la decisión técnica coincide con calendarios electorales, territorios sensibles y costes políticos, la obligación de transparencia debería multiplicarse, no dividirse. No porque todo sea conspiración, sino precisamente para evitar que parezca que lo es. Si llevar el barco a Cádiz era inviable, que se diga. Si Canarias era la única opción razonable, que se demuestre. Si el criterio fue estrictamente sanitario, que comparezcan los técnicos adecuados con datos, escenarios y protocolos, no con consignas tranquilizadoras. Pero suponemos que deben estar buscando la comisión de expertos de la CoVID, para contestar a estas preguntas.
El dilema es claro, hay dos irresponsabilidades simétricas. Una es abandonar el barco a su suerte. La otra es tratar a la población como si preguntar fuera una forma de insolidaridad. No lo es. Preguntar por qué Canarias, por qué ahora, por qué estos portavoces y por qué esta comunicación no es xenofobia sanitaria ni histeria colectiva. Como diría Rubalcaba, en Paz descanse, «Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad» y tan malo es mentir, como perder la credibilidad.
España debe ayudar, debe hacerlo con humanidad, con solvencia y con escrupuloso respeto a los pasajeros y tripulantes del Hondius. Y también debe proteger a Canarias, a sus profesionales sanitarios, a sus trabajadores portuarios, a su población y a su economía. Y debe hacerlo con una comunicación que no trata de infantilizar ni ocultarla incertidumbre. En salud pública, decir “riesgo bajo” no basta, hay que explicar cuanbajo es, bajo para quién, bajo en qué condiciones y sobre todo bajo con qué plan si algo sale mal.
La crisis del Hondius no debería convertirse en otro episodio de patio de corrala, pero tampoco en un ejercicio de obediencia acrítica. Entre el pánico y la propaganda hay un espacio que se llama responsabilidad y España tiene que encontrarlo de una vez. Porque quien parece estar a la deriva no es precisamente el barco.
