La Comunidad de Madrid lleva varios meses anunciando un proyecto de ley sobre universidades, pero no se decide a hacerlo público. Hace unas semanas, ha filtrado varios borradores, no todos idénticos, aunque sigue insistiendo en que aún no tiene redactado el proyecto. Los textos tienen todo el aspecto de ser una sonda para ver cómo reaccionan los rectores, los sindicatos y los partidos y así prever en qué aspectos van a encontrar más oposición. Sea como sea y como cabe esperar que, una vez lo presenten, querrán aprobarlo a toda prisa haciendo uso de su mayoría absoluta y cercenando todo debate, se impone un análisis de lo que ya conocemos.
Gran parte de lo filtrado es trasposición directa de la LOSU (marzo 2023) y de la Ley de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid (diciembre 2002), por lo que solo hablaré de los aspectos nuevos que introduce con respecto a estas. Para mejor comprensión, lo he dividido en tres apartados.
Financiación
Como han reclamado repetidas veces los rectores, propone un modelo de contrato plurianual con cada universidad en el que se distingue entre financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos. Se trata de algo muy positivo comparado con el sistema actual, en el que las universidades son informadas cada año, con un mes de antelación, de cuántos fondos van a disponer, lo que les impide realizar cualquier planificación. Sin embargo, entrando en los matices, las cosas no son tan positivas. Se fija en la ley que las universidades deben obtener al menos el 30% de su presupuesto de fuentes distintas a las transferencias de la comunidad. Peor aún, la financiación básica, sumada a los ingresos por matrículas, no cubre todos los gastos de funcionamiento: solo los gastos corrientes y los salarios del personal permanente, que suele oscilar entre el 50% y el 70% del total en el caso del personal docente. Es decir, se trata de fijar por ley la precariedad. Desde luego, es bueno que las universidades consigan fuentes adicionales de ingresos y, de hecho, todas lo hacen en forma de proyectos competitivos, convenios con empresas, alquiler de instalaciones y otros. Pero eso debería ser un mérito y no una obligación para suplir la infrafinanciación autonómica. Se proponen formas de obtener recursos que incluyen la constitución de fondos de inversión y de patrocinios, lo que supone un paso muy peligroso hacia desplazar la toma de decisiones estratégicas de la esfera pública a la privada.
Si el gobierno autonómico tuviera realmente aprecio por el sistema universitario público, lo correcto sería fijar un objetivo en línea con lo que invierten el resto de las universidades españolas y europeas. Por ejemplo, la LOSU fija la aspiración de invertir el 1% del PIB en el sistema universitario. Aplicado a Madrid, esto supondría invertir unos 12.000 € por estudiante, que es justo el doble de lo que la Comunidad invierte ahora —es la que menos invierte de toda España—, pero que aún quedaría lejos de los 17.000 € de la media europea.
Establecer incentivos para una financiación adicional por objetivos es una idea magnífica, siempre que los objetivos sean adecuados. No hay nada peor que un sistema de incentivos mal diseñado, como hemos visto tantas veces en las leyes universitarias. Se orienta así a los investigadores o a los gestores a emplear energías en aspectos que no mejoran en nada la calidad de las universidades. La lista de objetivos propuesta en esta parte del borrador es muy discutible. Por ejemplo, valoran como positivo que el personal docente tenga vinculación laboral con empresas. Es decir, en opinión de la Comunidad, tener muchos profesores asociados es positivo. ¿De verdad ese es el modelo al que debe aspirar la universidad pública? También valoran tener titulaciones conjuntas con la Formación Profesional y que los egresados tengan buenos empleos. En mi opinión, eso trasluce una visión de la universidad enfocada exclusivamente al mercado laboral, lo que podría ser razonable en las ingenierías y en ciencias de la salud, pero no en humanidades, ciencias puras y otras ramas del saber. Por otra parte, faltan de forma clamorosa los indicadores habituales relacionados con la investigación, como son la consecución de proyectos competitivos, las publicaciones de prestigio, la internacionalización de los investigadores, etc.
Creación de universidades y centros
Aquí es donde se trasluce más claramente la ideología neoliberal y de desprecio por lo público del actual gobierno madrileño. Apuestan sin tapujos por multiplicar el número de universidades privadas, a pesar de que ya han aprobado trece y algunas de ellas con muy discutible calidad. Cualquier universidad privada de España, incluidas las no presenciales, podrá abrir un centro en Madrid con muy pocos requisitos. No hay una planificación de necesidades ni un modelo de titulaciones al que aspirar. Simplemente, se abre el mercado y se deja que las privadas compitan con las públicas. Ya se encargará el gobierno de que estas últimas lo hagan con las manos atadas a la espalda debido a su precaria financiación. Es decir, nos proponen un modelo depredador en el que lo privado, entendido como negocio y con cuestionable calidad, desmantela un sistema público de los mejores de España.
Papel de los consejos sociales
Los consejos sociales supervisan el funcionamiento de las universidades públicas en nombre de la sociedad. Sus miembros son nombrados en gran parte por la comunidad autónoma, incluidos sus presidentes, que los nombra directamente el Gobierno a propuesta del consejero. La ley dedica muchas páginas a estas instituciones y las dota de poderes adicionales a los que figuran en la ley de 2002. Notablemente, aparece la figura de un interventor nombrado por el Consejo Social con capacidad para auditar las cuentas de la universidad. También, el Consejo recogerá periódicamente quejas de los alumnos y del personal y se asegurará de que la universidad las trata adecuadamente. Se desprende de estas y otras disposiciones que el gobierno quiere vigilar más de cerca a las universidades públicas a través de los consejos sociales y que no confía mucho en el buen uso que estas hagan de su autonomía.
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En definitiva, los borradores-sonda filtrados traslucen el deseo de controlar más a las universidades públicas, de promover su privatización, de perpetuar por ley su precariedad y de despejar más aún el campo a las universidades privadas. Toda una apuesta por consolidar la desigualdad de oportunidades. Una apuesta, asimismo, por una concepción clasista y como negocio de lo que constitucionalmente son valiosísimos servicios públicos: la educación superior y la investigación universitaria.
