La derrota republicana en las elecciones de medio mandato supone también un revés para Donald Trump. El resultado puede interpretarse como un rechazo a su gestión y una señal de que su influencia política tiene límites. Más allá del balance partidista, deja una lección: el voto puede cambiar el rumbo.
Esa capacidad de rectificación, que tienen los electores, es uno de los fundamentos de la democracia. En las urnas, el voto de Elon Musk vale lo mismo que el de un leñador de Iowa, un conductor de autobús de Nueva York o un estibador de San Francisco. La fuerza del sufragio universal reside en esa igualdad y en la libertad de cada ciudadano para decidir, sin tutelas.
El respaldo electoral, sin embargo, no equivale a una adhesión permanente. Los intereses económicos y personales parecen pesar cada vez más frente a las lealtades ideológicas. El hartazgo, la polarización, el ruido mediático y la promesa de soluciones rápidas pueden inclinar una elección, pero no garantizan el apoyo en la siguiente. Confundir una victoria con un cheque en blanco es un error político.
Trump llegó al poder tras las elecciones de 2016 en un clima de descontento con la Administración de Obama. Su discurso de nacionalismo económico y sus promesas de reindustrialización conectaron con el malestar económico y las tensiones culturales en torno a la inmigración y la diversidad. Cuatro años después perdió frente a Joe Biden. La gestión de la pandemia, el retroceso en las periferias urbanas y entre los votantes con mayor formación, y el desgaste, entre los votantes moderados, de su estilo polarizador contribuyeron a movilizar al electorado demócrata.
A mi juicio, la confrontación que caracterizó su primer mandato dificultó la conexión con una parte de la sociedad, aunque mantuvo el respaldo de sus seguidores más acérrimos al MAGA. En el segundo, la personalización del poder y las tendencias autoritarias sitúan la calidad de la democracia estadounidense en el centro del debate.
Desde esta perspectiva, la reacción electoral expresa la voluntad de una parte de la ciudadanía de poner límites al deterioro democrático. También apunta a cambios sociales que la Administración de Trump no habría sabido percibir.
El balance institucional de estos dos años resulta, a mi juicio, preocupante: debilitamiento de los contrapesos democráticos, medidas discriminatorias y tensiones con el Estado de derecho. A ello se suman los intentos de reinterpretar la Constitución, el menoscabo de las competencias del Congreso, el uso de las leyes de seguridad nacional con fines partidistas y el incumplimiento de las órdenes de los tribunales federales.
La utilización del Departamento de Justicia como instrumento de represalia contra adversarios políticos, el archivo de investigaciones que afectaban a amigos, aliados y conocidos, refuerza esa preocupación. El nepotismo y los nombramientos por afinidad personal plantean, además, dudas sobre la preparación de quienes dirigen áreas clave, desde la defensa nacional hasta la salud pública.
Los intentos de manipular los distritos electorales y restringir el acceso al voto afectan al núcleo de la representación democrática. En otro plano, la demolición de parte de la Casa Blanca para construir un salón de baile se añade al balance de decisiones controvertidas.
En el ámbito internacional, mi valoración es igualmente crítica. Las vulneraciones del derecho internacional, el recurso a la guerra y la injerencia en otras naciones alimentaron la incertidumbre. Las tensiones con los aliados tradicionales – Unión Europea, México o Canadá – la proximidad a Putin y Netanyahu y el respaldo a los grandes intereses tecnológicos y financieros complican las relaciones exteriores y agravan la inestabilidad global.
La economía cotidiana ofrece otro contraste. El encarecimiento de los combustibles y los alimentos, vinculado en este análisis a una guerra injustificable, ha deteriorado las condiciones de vida de los estadounidenses, con un incremento descontrolado de la inflación y el precio de los combustibles. Frente a ese malestar, y paralelamente, el crecimiento de los intereses económicos del entorno de Trump acentúa las preocupaciones por la corrupción.
El electorado ha demostrado que el rumbo político puede rectificarse. El margen de actuación de Trump se estrecha, pero la incertidumbre sobre sus posibles reacciones no desaparece. La respuesta exige vigilancia institucional y mecanismos democráticos capaces de corregir los desequilibrios políticos, económicos e institucionales.
La caída del precio internacional de los combustibles, ocurrida tras las elecciones del pasado tres de noviembre, coincide con un escenario de mayor pluralidad política. La presencia de representantes hispanos en el Congreso y el Senado, una gobernadora en Texas y un nuevo gobernador en California expresa esa diversidad. También lo hacen los gobernadores negros de Wisconsin, Nevada y Florida, una gobernadora negra en Georgia y una gobernadora indígena en Nuevo México, así como un senador de religión islámica u otro abiertamente homosexual. Este panorama abre, desde mi perspectiva, una etapa de esperanza. Las elecciones de noviembre de 2028 podrían consolidar el giro y reducir la influencia del Trumpismo.
La democracia no puede ser un paréntesis en la historia de los pueblos. En ella cabemos todos. Fuera de ella, solo las élites oligocráticas.
Preservar la democracia requiere instituciones sólidas, contrapoderes con autoridad y prestigio, respeto a las leyes y participación ciudadana. En tiempos de manipulación informativa, inteligencia artificial y posverdad, sigue siendo la principal garantía frente a la arbitrariedad y el autoritarismo. El voto puede cambiar el rumbo; sostener ese cambio exige un compromiso que no termina en las urnas.


