Nadie que desee conservar su gallinero en buen estado pondría un zorro a cuidar de las gallinas. El 29 de noviembre tenemos que elegir a quién ponemos al frente de este gallinero que llamamos España y conviene saber que algunos de los aspirantes a dirigirlo empiezan a asomar la patita por debajo de la puerta y que esta tiene más el aspecto de ser la de un zorro que la de cualquier otro animal más empático con las gallinas.
El portavoz económico de Vox y diputado del Congreso, José María Figaredo —el mismo que dijo desde su cuenta de X que a los inmigrantes había que cazarlos uno a uno— ha declarado que el sistema actual de pensiones “es un zombi” y que “está quebrado”. Propuso una reforma que implicaría la privatización parcial del mismo.
Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso abundó en la misma idea, declarando en una reunión publica que «el modelo hay que cambiarlo porque no funciona» y que «el sistema actual, tal como está, va a petar”. Rápidamente, el líder de su partido, el señor Núñez Feijóo —asustado tal vez por la posible reacción de 10 millones de pensionistas—, ha salido en varias tribunas a desmentir que el partido Popular vaya a cambiar nada y a comprometerse a actualizar las pensiones con el IPC si ellos gobernaran. Sin embargo, bajo su dirección, el PP ha votado varias veces en el Congreso en contra de los decretos que revalorizaban las pensiones al final del año. Durante el gobierno de Rajoy (2011-2018) las pensiones estuvieron cinco años prácticamente congeladas con una “subida” anual del 0,25%. ¿A quién debemos creer, a las palabras de Feijóo o a nuestros propios ojos?
No es la primera vez que el PP y Vox siembran dudas sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y hablan de reformarlo. Les debe de parecer un gasto excesivo los 218.000 millones —el 12,9 % de nuestro PIB— que dedicamos a ello en 2025, pero que está en la media europea. Por ejemplo, Francia dedicó el 14,6 %, Italia —sí, la Italia de su amiga Meloni, señor Figaredo— el 15,5 % y Austria el 14,4%. Parte de los fondos Next Generation obtenidos por España exigían a cambio que el gobierno justificara la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones. Este lo hizo y además estableció un sistema de vigilancia periódica por medio de la AIREF. La UE lo aprobó así que, de momento, no hay indicios de lo que afirman tanto PP como Vox. Lo que se vislumbra en cambio es un deseo de recortar el Estado del Bienestar para poder reducir los impuestos a las clases más pudientes.
Este deseo, que todos sabemos anida en el corazón de las derechas y que confirmamos cada día en las CC.AA. donde gobiernan, también lo ha hecho explícito Vox: el propio Figaredo ha explicado en una entrevista que, si ellos gobernasen, establecerían un mínimo exento de 22.000 € anuales en el IRPF, un 15% de tributación desde esta cantidad hasta 70.000 € y un 25% de ahí en adelante. Con ese sistema, el trabajador que cobrase el salario medio de 29.500 euros anuales dejaría de pagar 2.900 €. Uno que percibiese 80.000 € ahorraría 12.200 € y, para un sueldo de 150.000 €, 23.700 € se quedarían en su bolsillo. Es decir, cuanto más tiene uno, más ahorraría tanto en valor absoluto como relativo. Los expertos han calculado que este sistema provocaría una caída masiva de los ingresos públicos. Supondría perder en torno al 55% – 60% de la recaudación por IRPF (más de 80.000 millones de euros anuales), lo que equivale aproximadamente al 35% – 40% de todo el gasto anual en pensiones de España. No cabe ninguna duda de la coherencia del planteamiento de Vox: reducir drásticamente el gasto en pensiones públicas para perdonar cantidades muy sustanciosas en impuestos a quienes más renta tienen.
Por un lado, es de agradecer que, por fin, se hable en una campaña electoral de lo que hay que hablar, que son precisamente las cosas de comer y no los señuelos que se lanzan continuamente desde las filas de la derecha: el voto por correo, la ley de nietos, la supuesta violencia en las calles, las ocupaciones, etc. Casualmente, las calles están estos días muy preocupadas por estos problemas, es decir, por la vivienda, la educación, la sanidad, etc. y, más concretamente, protestan por las políticas que en esos asuntos llevan a cabo las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox.
No se llega a entender, sin embargo, que un partido como Vox esté subiendo en las encuestas y que, entre 18 y 44 años, sea el partido con mayor intención de voto. ¿Acaso los jóvenes y no tan jóvenes confían en que Vox va a solucionar el problema de la vivienda?, ¿o que va a revertir los recortes en la sanidad y educación públicas que practican en las CC.AA. donde gobiernan? Si uno vota al “partido que se come la cara de la gente”, luego no podrá quejarse de que, si gobiernan, se coman la cara de la gente, incluidas las de sus votantes. Vox no oculta sus intenciones sobre los impuestos, las pensiones y los inmigrantes, igual que Hitler no ocultó las suyas hacia los judíos y, aun así, le votaron. Cuando gobernó, ya sabemos lo que hizo con ellos.
Por muy desesperado que uno esté sobre su situación personal o por muy crítico que uno sea con los gobernantes y el sistema democrático, no se justifica poner a los zorros a cuidar de las gallinas, a no ser que la intención sea que todo salte por los aires, que todo “pete” tal y como afirma el PP que sucederá con el sistema de pensiones.
