La propuesta de reconocer dos cuarteles de la Guardia Civil y dos comisarías de la Policía Nacional en Euskadi como «lugares de memoria de la tortura» merece un examen exigente y una crítica frontal a sus riesgos. Señalar un edificio no explica su historia.Reparar abusos acreditados es una obligación; presentar una parte del pasado como si lo fuera de un colectivo sería una grave irresponsabilidad y una injusticia. La legitimidad de la reparación no concede carta blanca para construir un relato incompleto. Aquí lo que preside este despropósito es aliviar el odio de los vencidos, señalando a la totalidad de los vencedores de ese horror que vivimos en un pasado muy reciente: la lucha contra el terror.
La recomendación fue presentada el 21 de octubre ante el Parlamento Vasco por la Comisión de Valoración de víctimas de la violencia de motivación política, adscrita al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, cuya titular está afiliada al PSE. Ya el hecho de adjetivarla “de política” busca por si sola una justificación que aminore el peso del crimen. (Debería preguntar a su compañero de filas, a Patxi Lopez, porqué tenía que llevar escolta, si era para protegerse de un tiro en la nuca).Afecta a los cuarteles de Intxaurrondo, en San Sebastián, y La Salve, en Bilbao, y a las dependencias policiales de Indautxu y Amara. No es una declaración aprobada. Esa distinción importa, si se atienen a la verdad: todavía corresponde discutir su fundamento, su alcance y sus garantías. El Gobierno Vasco debe responder sobre el contenido de la propuesta, no refugiarse en la autoridad de la comisión ni en la sensibilidad del asunto.
La prueba de coherencia es sencilla y difícil de eludir: ¿se defenderían con la misma firmeza señalar, por ejemplo, a las herriko tabernas donde estuvieran acreditadas actividades de apoyo al terrorismo o de preparación de asesinatos y secuestros? ¿Y en las sacristías donde se hubiera probado la ocultación de armas y explosivos destinados a atentar? ¿Y en los caseríos o locales donde se acreditasen meses de cautiverio, torturas y coacciones contra personas secuestradas? La comparación no acusa a todos esos lugares ni presupone delitos en ninguno de ellos: exige pruebas para cada caso. Su pregunta central es otra: ¿qué criterio permitiría recordar un hecho acreditado y excluir otro por su incomodidad política? Si la respuesta depende de quién cometió el daño, no hay un criterio coherente de memoria, sino una selección interesada del pasado.
Según el informe, determinados centros de detención aparecen reiteradamente en los casos examinados como escenarios de torturas y malos tratos. Esos hechos deben abordarse con rigor. Pero una responsabilidad concreta no autoriza una condena colectiva. Los agentes públicos tenían un deber especial de proteger los derechos y defender a los ciudadanos frente al terrorismo. Esa misión no excusa ningún abuso; ningún abuso, a su vez, permite borrarla. Un relato sobre cuarteles y comisarías que omita los ataques sufridos, las vidas perdidas y las familias afectadas sería un relato mutilado. También las medidas defensivas —sacos terreros y trincheras improvisadas— forman parte del contexto. La historia no empieza ni termina donde convenga al mensaje de una señal.
El último informe de dicha comisión incorpora 60 nuevos reconocimientos y eleva a 305 el número de personas reconocidas como víctimas de esas torturas. No parece que esa comisión trabaje con tanta entrega y sacrificio para intentar aclarar los más de 300 asesinatos pendientes, cometidos por ETA, y señalar a sus autores y cómplices. Los números no sustituyen a las explicaciones: un expediente pendiente no anticipa una resolución favorable y un reconocimiento no acredita por sí solo el pago de una indemnización. La comisión debe precisar qué ha concluido, con qué criterios y con qué alcance. Confundir solicitudes, reconocimientos y pagos no fortalece la reparación; debilita la confianza en ella. La sensibilidad del asunto exige más transparencia, no menor.
No está en discusión el derecho de quienes padecieron abusos a ser reconocidos y reparados. Está en discusión cómo se construye la memoria pública y qué se deja fuera de ella. Tampoco se deben equiparar los abusos de agentes públicos con los crímenes terroristas: sus responsabilidades son distintas y deben explicarse sin confusiones. Lo común es la exigencia de rigor y el respeto a las víctimas. Ni el terrorismo justifica la tortura ni la tortura atenúa el terrorismo. Una política de memoria debe distinguir entre los que matan y los que mueren, entre los que disparaban y los que se protegían.
El Gobierno Vasco debe explicar qué hechos concretos recogerían esos señalamientos, cómo impediría una acusación colectiva y qué criterios aplicaría a otros lugares vinculados a delitos acreditados. Mientras no ofrezca esas garantías, no debería respaldar la propuesta. Una declaración institucional no sustituyea la documentación. Una etiqueta no equivale a una explicación histórica. Y el reconocimiento de unas víctimas no puede servir para relegar a otras. Si la memoria recuerda unos daños y silencia otros por conveniencia política, pierde su función reparadora y corre el riesgo de convertirse en propaganda. Las víctimas merecen verdad y respeto, no un pasado recortado a la medida del presente.
