La derogación con los votos de toda la derecha nacional —la española y la catalana— de los dos decretos-ley que pretendían poner en marcha algunas medidas para mitigar el problema de la vivienda, deja la legislatura sin perspectivas de futuro y nos aboca a un inminente proceso electoral. El eje central de la consiguiente campaña debería ser la vivienda, que se ha convertido ya en el primer problema nacional. Si la izquierda lo aborda con inteligencia y credibilidad, podría ser una oportunidad de oro para pararle los pies a la coalición tóxica de PP y Vox, en la que también deberíamos empezar a considerar a Junts, al menos para los asuntos económicos.
La vivienda no solo está retrasando la emancipación de los jóvenes, con el consiguiente impacto en su salud mental y en la demografía, sino que además está lastrando la productividad de la economía, ya que muchas empresas no pueden disponer de los trabajadores que necesitan debido a los elevados precios del alquiler en la zona donde se ubican.
La principal dificultad para ofrecer soluciones creíbles a este drama es que se trata de un problema que ha crecido sin control durante décadas y, revertirlo ahora, exigirá mucho esfuerzo y medidas ambiciosas. Para hacerlo aún más difícil, nuestra Constitución reparte las competencias legislativas entre todos los niveles administrativos —ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central—, siendo las CC.AA. quienes poseen la mayor parte.
Con inteligencia quiero decir que, si la izquierda falla en identificar las causas del problema, podría alejar las soluciones en lugar de acercarlas, además de ahuyentar a potenciales votantes. Por ejemplo, he escuchado a cierta izquierda radical denostar a los “rentistas” como los causantes del problema cuando, en su gran mayoría, se trata de ciudadanos normales que poseen —además de la vivienda principal— una o dos viviendas en alquiler con las que complementan sus rentas. Dada la escasez de oferta, es absolutamente necesario que esas viviendas, y otras que aún lo están, sigan ofreciéndose en alquiler. Una política inteligente lo que debería hacer es dar tranquilidad y garantías a sus propietarios en los casos de impagos, desperfectos o inquilinos vulnerables, financiando los seguros apropiados a cambio de alquileres asequibles. Denostarlos como si fueran buitres u obligarlos a indemnizar a los inquilinos en caso de extinción del contrato les asustará y estarán aun menos dispuestos a alquilar. Por otra parte, no veo cuál es reproche moral a hacer a quien trata de sacar rentabilidad a una inversión, siempre que lo haga dentro de unos límites razonables.
Conviene también saber identificar quiénes son los destinatarios de las políticas de protección, que no son solo los que ya tienen un alquiler, sino también los que aún están buscándolo. Muchas de las medidas coyunturales propuestas —prórroga de los contratos, paralización de los desahucios, bonificaciones fiscales si el alquiler se congela, etc.— protegen a los primeros pero hace la vida más difícil a los segundos, ya que menos propietarios estarán dispuestos a ofrecer sus viviendas.
La izquierda debe advertir con claridad que las medidas coyunturales permitirán como mucho ganar algo de tiempo pero que la solución real al problema está en construir muchas viviendas públicas con alquileres asequibles. Se estima en cerca de un millón las necesarias para acercarnos a la media europea. Se trata además de construirlas en los lugares donde hay demanda, es decir en las grandes ciudades. Y para eso se necesitan varios años y el concurso de todos los actores: ayuntamientos, comunidades, Gobierno, operadores públicos e iniciativas privadas. Un ejemplo que se pone con frecuencia es el de Viena, donde el 60% de las viviendas son de alquiler social y están gestionadas en parte por los poderes públicos y en parte por organizaciones privadas sin ánimo de lucro.
Y para construir tal cantidad de viviendas, hay también que remover muchos obstáculos burocráticos tales como la reserva de suelo público, el planeamiento, la dotación de infraestructuras, las licencias de construcción, etc. que convierten la construcción en una tarea de varios años.
Otras medidas estructurales, algunas de las cuales se abordaban en los dos decretos derogados, se refieren a obstaculizar la actividad de los fondos de inversión, que son los principales responsables de la subida de precios, ya que conciben la vivienda como un producto de inversión al que pueden sacarle rentabilidades del 15% o más, que no son posibles con otros productos. Limitar la compra de inmuebles completos y regular los alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones, son medidas imprescindibles para preservar una oferta suficiente para el alquiler de larga duración.
La izquierda no debería dejarse atrapar en dogmatismos ni en reproches morales. Debe explicar con claridad cuál es el problema, cuáles sus soluciones a corto y largo plazo y de qué actores dependen. Algunas medidas estructurales se pueden tomar ya —como la regulación de los fondos buitre, de los alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones— junto con otras coyunturales —prórroga de los contratos, protección contra desahucios a vulnerables, etc.—, pero la mayoría de las medidas estructurales —la creación de un parque suficiente de vivienda pública en alquiler— necesitarán varios años para culminarse.
Sobre todo, la izquierda debe dejar en evidencia que las derechas han renunciado a solucionar el problema y que se ponen del lado de quienes no quieren ninguna restricción para explotar sus propiedades. Es decir, de quienes consideran un derecho inalienable sacar a sus viviendas toda la rentabilidad que el mercado les permita. La izquierda debe explicar que el mercado libre nunca va a proporcionar viviendas asequibles a todos los que la necesitan, al igual que la sanidad y la educación privadas nunca van a proporcionar el acceso a estos bienes a la mayoría de los ciudadanos.
La vivienda, como la educación y la sanidad, necesita de un potente sector público que se ocupe de garantizar, en primer lugar, el acceso a ellas de todos los ciudadanos. Satisfecha esta necesidad, el mercado libre debería venir después para quienes deseen productos más exclusivos y puedan pagárselos. El drama que sufrimos actualmente procede de que el Estado en su conjunto —ayuntamientos, comunidades y Gobierno— ha hecho dejación de funciones durante muchos años ante el primero de los problemas.
