Cuando los servicios públicos son secundarios para los políticos.
Leo en el diario “Última Hora” , que la Seguridad Social en Baleares “no dispondrá a corto plazo de personal para tramitar las pensiones”. Nada que no se viera venir. El 15% de los empleos en Baleares lo ocupan funcionarios, interinos y otros asimilados. El ratio de absentismo laboral roza el 18%.
Me pongo en contacto con mi querido amigo Jaume, cargo relevante de la Seguridad Social, y no solo me confirma la noticia, sino que me añade datos escalofriantes. No se convocan oposiciones, los últimos años se han nutrido de empleados de Correos, sin ninguna preparación y con el colmillo bastante retorcido. No quiere venir nadie de la Península a trabajar a las Islas, dado que ni cobran “plus de insularidad”, ni pueden acceder a un alquiler razonable (que no supere el 35% de sus ingresos netos).
Me añade matices tan preocupantes como los anteriores: los funcionarios están desmoralizados, las instrucciones que reciben cada semana para el desempeño de su labor son totalmente contradictorias, no aprecian ningún tipo de liderazgo en los directivos y se sienten “solos ante el peligro” (el peligro es el ciudadano que acude a la cita entre esperanzado y asustado). Las normativas internas y legales son una jungla inexpugnable ante quien teclea el ordenador.
Mientras tanto, las cotizaciones a la Seguridad Social no dejan de aumentar: una “micropyme” de hostelería en Baleares, que cuenta con 9 empleados en jornada completa y con una “base de contingencias comunes” de 18.977€, debe atender un cargo mensual por importe de 7.169,45€ (37,77%), para que el administrador de la misma ni siquiera tenga derecho a cobertura de desempleo. Si precisan atención sanitaria, cualquier prueba diagnóstica tarda no menos de cuatro meses en ser realizada si no es de urgencia (es decir, si no te estás muriendo, aunque rabies de dolor de espalda). El número de seguros privados aumenta sin cesar. La “micropyme” de la que hablo anteriormente atiende también un recibo anual de 900€ en cualquier compañía de riesgos laborales.
Esta es la realidad, lo demás es “relato” y mentiras. Tengo claro que cuando me llegue la hora de pasar a ser un “jubilado”, contrataré a un buen abogado laboralista para evitarme los disgustos que me ocasionará el sistema, que seguramente y a este paso, estará ya para el arrastre.
¿Y qué podemos hacer para resolver este desaguisado? Nada, absolutamente nada. Quien cobra para ello (si solo se dedica a cobrar y no a otros menesteres más turbios) no tiene entre sus prioridades resolver problemas, sino crear unos cuantos más para que en el fragor de la batalla se confundan las churras con las merinas.
Mi amigo Jaume, ese jefazo de la Seguridad Social que vive sin vivir, me anima a seguir remando, pero claro está, quiere que lo haga sin remos. Y como es de mi “quinta” y por tanto ha conseguido tener los deberes hechos (puesto que los de mi “quinta” en general éramos y somos gente currante), me recomienda mirar hacia otro lado y ponerme el partido de fútbol de la selección que se enfrenta a los Países Bajos, y me anima a que mañana será otro día.
Todo muy mallorquín. Y de paso oigo vociferando a una señora que anduvo presidiendo el Govern Balear, asegurar que en Baleares, los que mandan no quieren que se les condone la deuda autonómica. ¡Me pellizco y no estoy dormido! O sea, que yo que estudié economía no me había enterado de que cuando se contrae una deuda no hay que preocuparse puesto que hay alguien que la puede pagar por ti. ¿Para eso he pagado durante 20 años una hipoteca, con lo fácil que hubiera sido llamar a esa señora y anotarme a la lista de los “condonados” (ojo, no “condenados”)
Si todo es tan sencillo, debería contratarnos a 5.000 funcionarios para dotar a la Seguridad Social de manos con las que tramitar pensiones y todo tipo de prestaciones existentes. Y yo, que me lo paso bien con el fútbol, estoy tentado de hacerle caso a mi amigo Jaume. Les aseguro que lo haría encantado si no fuera porque tengo dos nietos y dos hijos en edad joven a los que no deseo el mal que les estamos haciendo.
Es fundamental que los servicios públicos funcionen correctamente, ya que son esenciales para el bienestar de la ciudadanía. Los espectáculos políticos y las disputas partidistas no deben distraernos de la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos reciban la atención y los servicios que merecen. La eficiencia y la transparencia en la gestión pública son claves para construir una sociedad más justa y equitativa.