Desde 1982 han sido nombrados 16 Fiscales Generales del Estado. Este es un repaso de las características de sus sucesivos mandatos.
ALGUNAS CUESTIONES GENERALES
Carrera fiscal o judicial
Todos ellos, procedían de la carrera fiscal o judicial, con la única excepción de Leopoldo Torres Boursault, licenciado en derecho y profesor.
Incorporación directa desde la política
Cuatro pasan directamente de la política a la Fiscalía General del Estado, con gobiernos del PSOE.
Con Felipe González hay tres casos. Javier Moscoso era ministro de la Presidencia inmediatamente antes, y diputado desde 1979 y miembro del Comité Federal del PSOE.
Leopoldo Torres Boursault también era diputado desde 1979 y miembro del Comité Federal del PSOE.
Eligio Hernández era Vocal General del CGPJ, y antes Delegado del Gobierno en Canarias. Su nombramiento fue declarado ilegal con posterioridad por el Tribunal Supremo
Con Pedro Sánchez, Dolores Delgado pasó de ser ministra de Justicia a Fiscal General del Estado.
Duración en el cargo
Los más longevos en el cargo han sido Cándido Conde-Pumpido y Jesús Cardenal, en ambos se da la condición de una gran docilidad con el Gobierno.
Hay seis casos de FGE que han dimitido o cesado por diferencias con el gobierno respecto a la política o/y los nombramientos en la carrera fiscal. Es una demostración de salud democrática, y de valoración de la opinión personal y la propia dignidad profesional por encima del apego al cargo.
Ceses por motivos judiciales
También hay dos ceses por motivos judiciales.
El cese de Eligio Hernández, durante el gobierno de Felipe González, se produjo tres semanas antes de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo estudiara los recursos presentados por diferentes asociaciones de jueces y fiscales contra el nombramiento su nombramiento como fiscal general del Estado.
En 1994, el Tribunal Supremo declaró la nulidad del nombramiento de Eligio Hernández por falta de un cumplimiento del requisito del plazo de ejercicio profesional que corresponde a los fiscales generales, que es de quince años.
El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz, durante el actual gobierno de Pedro Sánchez, por un delito de revelación de secretos a pena de multa y 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado. Esto motivó su forzado cese en el cargo.
Según publicaba El Confidencial el 24 de noviembre de 2024, Álvaro García Ortiz, ha anunciado que descarta dimitir pese a su imputación en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. ”En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado», ha señalado a través de un comunicado.
El sentido común aconseja que la mejor manera de proteger la institución es dimitir y distanciarla de la indeseable situación de un FGE procesado por el TS.
Causas de cese del Fiscal General del Estado
Las regula el art. 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Uno. El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos:
a) a petición propia,
b) por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley,
c) en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo,
d) por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones,
e) cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.
Dos. El mandato del Fiscal General del Estado no podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años.
Tres. La existencia de las causas de cese mencionadas en los apartados a), b), c) y d) del número anterior será apreciada por el Consejo de Ministros.
Cuatro. Serán aplicables al Fiscal General del Estado las incompatibilidades establecidas para los restantes miembros del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las facultades o funciones que le encomienden otras disposiciones del mismo rango.
La normativa está hecha para proteger la independencia de los FGE, que tendrían que incumplir gravemente sus obligaciones para poder ser apartado.
Según esta regulación, el Fiscal General del Estado puede seguir en el cargo, cuando surgen diferencias de criterio con el gobierno que le ha nombrado.
Dichas diferencias son precisamente señal de que está cumpliendo bien sus funciones, con independencia de criterio.
La realidad es que cuando se dan estos casos los interesados han preferido cesar a continuar en el cargo enfrentados al gobierno.
Cambio del Estatuto de 2025
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobada por el Gobierno en mayo de 2025 y con entrada en vigor prevista para 2028, busca reforzar la autonomía de la Fiscalía. Los cambios principales incluyen ampliar el mandato del Fiscal General a 5 años (no coincidente con el Gobierno) y limitar su cese.
Los puntos Clave de la Reforma, según la explicación del gobierno son (L.O. 3/2024 y Desarrollos Recientes):
– Autonomía del FGE: Se busca un mayor desvinculamiento entre el mandato del FGE y el del Gobierno, estableciendo un mandato de 5 años que no coincida necesariamente con el ciclo político, con el objetivo de reforzar su imparcialidad.
– Modificación de la Ley 50/1981: Se modifica la norma reguladora del Estatuto mediante un anteproyecto que incluye cuarenta apartados para introducir reformas específicas.
– Investigaciones Penales: El objetivo es consolidar el papel de los fiscales en la dirección de la investigación penal (fase instructora), alineándose con los modelos europeos, dentro del marco de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
– Refuerzo de la Carrera Fiscal: Se han aprobado proyectos para ampliar y fortalecer la carrera fiscal, junto con la judicial, buscando mejorar la formación y estructura interna.
– Contrapesos: Se busca dotar al Ministerio Fiscal de mayor autonomía funcional frente al Ejecutivo, respondiendo a recomendaciones de organismos internacionales.
El problema principal de las reformas pretendidas por el gobierno de Pedro Sánchez, de reforzamiento del papel del fiscal en el procedimiento, es que han coincidido con la época de mayor deterioro institucional de la institución por la supeditación a los criterios del gobierno, desde el nombramiento de Dolores Delgado, y culminando con la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz.
Asociaciones de Fiscales y Jueces
Existen tres asociaciones principales y estos son los objetivos que manifiestan:
– Asociación de Fiscales (AF): Fundada en 1980, es la asociación mayoritaria. Se define como una organización profesional ajena a cualquier adscripción política, centrada en la defensa de la independencia y la imparcialidad del Ministerio Fiscal.
– Unión Progresista de Fiscales (UPF): Fundada en 1985 como una escisión de la AF, busca promover la realización de los principios y libertades constitucionales, con una visión progresista de la justicia.
– Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF): Fundada en 2014. Centrada en la defensa de los derechos profesionales de los fiscales y en la búsqueda de la despolitización de la fiscalía, elevando quejas ante los tribunales si es necesario.
Es difícil conocer las cifras reales de afiliación. Algunas estimaciones hablan de 2.480 fiscales en España. De los cuales, sólo un 25% (unos 620) se hallan afiliados a alguna de las asociaciones profesionales que existen (tres en total).
Asociación de fiscales (AF), de ideología conservadora y con unos 400 socios.
Unión progresista de fiscales (UPF), que tal como indica su nombre es de corte progresista y que cuenta con unos 200 socios.
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), creada en el año 2014 y con un número de miembros en torno a 120 asociados.
Según estas estimaciones aproximadas:
Las principales asociaciones profesionales de jueces son:
– Asociación Profesional de la Magistratura (APM): Es la asociación mayoritaria y de corte conservador, representando a más del 20% del colectivo con más de 1.300 afiliados.
– Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV): Fundada en 1984, se define por su independencia política y la defensa de los principios constitucionales.
– Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD): Asociación de carácter progresista fundada en 1984, comprometida con los derechos fundamentales y la modernización de la justicia.
– Foro Judicial Independiente (FJI): Asociación enfocada en la defensa de la independencia judicial y la mejora de las condiciones de trabajo.
– Ágora Judicial: Asociación nacida con el objetivo de fomentar el debate y la participación en la administración de justicia.
– Asociación Nacional de Jueces (ANJ): Otra de las asociaciones inscritas en el registro del CGPJ
EL CONSEJO FISCAL
El Consejo Fiscal, como órgano que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado, tiene entre sus principales competencias:
– Asesorar el Fiscal General del Estado en las materias que precise.
– Elaborar los criterios generales para asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en la estructura y funcionamiento de sus órganos.
– Informar de las propuestas respecto al nombramiento de los diversos cargos y los ascensos.
– Instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal.
– Informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal.
– Resolver los recursos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios por los fiscales jefes.
Sus miembros actualmente son:
1. Miembros natos:
– Teresa Peramato Martín. Fiscal General del Estado. (UPF)
– María Ángeles Sánchez Conde. Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. (UPF)
– María Antonia Sanz Gaite. Fiscal Inspectora de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado.(UPF)
2. Miembros electivos:
– Francisco Jiménez-Villarejo Fernández. Fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado.(AF)
– María Teresa Gálvez Díez. Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. (APIF)
– Santiago Mena Cerdá. Fiscal Jefe de la Fiscalía de Comunidad Autónoma de Castilla y León. (UPF)
– Eva María Más Curiá. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Sevilla. (AF)
– Yolanda Rocío Ortiz Mallol. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Sevilla. (UPF)
– María Isabel Gómez López. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Cuenca. (AF)
– Roberto Valverde Megías. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona. (AF)
– Jorge Andújar Hernández. Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. (AF)
– Miguel Rodríguez Marcos. Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (AF)
6 miembros pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), 5 a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) incluida la Fiscal General del Estado, y 1 de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
El Fiscal General del Estado (FGE) tiene la competencia exclusiva para proponer al Gobierno los nombramientos, ascensos y traslados de los miembros de la carrera fiscal, incluyendo los cargos discrecionales como Fiscales Superiores y Fiscales Jefes. Esta propuesta se realiza previo informe del Consejo Fiscal. Según el art. 13 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el FGE decide quién es el candidato más idóneo para puestos discrecionales. El informe del Consejo Fiscal no es vinculante.
El voto del Fiscal General del Estado, que preside el Consejo Fiscal, es dirimente en caso de empate durante las votaciones del órgano.
Las elecciones para el Consejo Fiscal en España están programadas para el 19 de mayo de 2026. En estos comicios se elegirán a los nueve vocales electivos que forman parte del órgano consultivo del Ministerio Público para los próximos cuatro años.
RELACION DE FISCALES GENERALES DEL ESTADO DESDE 1982
- LUIS ANTONIO BURÓN BARBA (16/12/1982 – 19/09/1986)
– Cargo anterior a su nombramiento: Magistrado en el Tribunal Supremo
– Cargo posterior al cese: Magistrado en el Tribunal Supremo
Cuenta con una larga carrera judicial desde 1945. Hablaba inglés, francés y alemán.
Fue uno de los integrantes y miembro fundador del grupo de Jueces, Fiscales y Secretarios de Justicia Democrática. Magistrado del Tribunal Supremo desde 1981.
Como Fiscal General destaca su intervención en 1983 en el informe del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar en la causa seguida contra los golpistas del 23 F.
El caso “Banca Catalana” supuso su dimisión en 1986, por discrepancias con el gobierno presidido por Felipe González, al haber solicitado la imputación en el caso de Jordi Pujol, vicepresidente de la entidad, por distintos delitos. El fiscal que llevó el asunto, Carlos Jiménez Villarejo, manifestó que el fiscal general que sustituyó a Burón Barba, Javier Moscoso, se mostró conforme a no actuar contra Jordi Pujol según las órdenes políticas emanadas del Gobierno.
Demostró su independencia de criterio.
Fue objeto de un intento de atentado por parte de ETA.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 1998, condenó a un total de 43 años de prisión a los miembros del «comando Madrid» de ETA Juan Manuel Soares Gamboa, Antonio Troitiño Arranz e Ignacio de Juana Chaos, autores del intento de asesinato de Burón Barba, que fracasó porque se durmieron cuando iban a detonar el explosivo.
- JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ (20/09/1986 – 21/12/1990)
– Cargo anterior a su nombramiento: Magistrado en el Tribunal Supremo
– Cargo posterior al cese: Magistrado en el Tribunal Supremo
Es el primero de los cuatro casos de paso directo de la política al cargo de Fiscal General. Fue diputado desde 1979 primero con UCD, y luego con el PSOE tras la integración del PAD de Fernández Ordóñez. Miembro del Comité Federal del PSOE.
Era Ministro de la Presidencia hasta julio de 1986, y diputado, cuando pasó a ser nombrado Fiscal General.
Como Fiscal General centró su actividad en materias como la intervención del Fiscal en las cuestiones de inconstitucionalidad y en los procesos de separación y divorcio, con aportaciones en materia organizativa y procesal en cuestiones como el papel de las Juntas de Fiscalía.
Moscoso recibió duras críticas y generó polémica al decidir no recurrir el archivo de la querella contra Jordi Pujol, lo que supuso la exculpación definitiva del líder catalán en el caso. La decisión de no recurrir provocó protestas de los fiscales del caso Banca Catalana en Barcelona. Este tema de la imputación de Pujol por Banca Catalana, había supuesto el cese de su predecesor por su oposición a la postura delgobierno.
- LEOPOLDO TORRES BOURSAULT (21/12/1990 – 22/04/1992)
– Cargo anterior a su nombramiento: Diputado. Comité Federal del PSOE
– Cargo posterior al cese: Ejercicio de la abogacía
Es el segundo de los cuatro casos de paso directo de la política al cargo de Fiscal General. Era diputado desde 1979, y miembro del Comité Federal del PSOE.
Único caso entre los analizados de persona no perteneciente a la carrera Judicial.
La dimisión de Torres Boursault, nombrado por el gobierno socialista de Felipe González, se debió principalmente a tensiones relacionadas con investigaciones sobre el patrimonio de altos mandos de la Guardia Civil, y discrepancias con el entonces Ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, sobre la política de la fiscalía. El Gobierno aceptó su renuncia en abril de 1992.
- ELIGIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ (24/04/1992 – 10/06/1994)
– Cargo anterior a su nombramiento: Vocal del CGPJ
– Cargo posterior al cese: Diputado en Canarias
Es el tercer caso con gobiernos de Felipe González de paso directo de la política al cargo de Fiscal General.
Estuvo dos años al frente de la FGE, pese a la oposición de las Asociaciones de Jueces y Fiscales.
Actuaciones que fueron polémicas:
– Solicitud al TC que declarase constitucional la denominada ‘ley Corcuera’ (lícitud del registro sin mandamiento judicial si razones de urgencia así lo imponen).
– Al mes de su nombramiento dictó una orden por la que establecía que a los insumisos al servicio militar se les debe pedir una pena de 18 meses o de dos años y cuatro meses Los fiscales también deben de oponerse, en todos los casos, al beneficio de la libertad condicional. La Junta de Fiscales de Sevilla acordó no dar cumplimiento y recurrir, por considerarla nula
– Caso Filesa’: El 21 de abril de 1993 anunció su decisión de encargarse directamente del informe que debía de elaborar la Fiscalía del Constitucional sobre la admisión o no a trámite de los recursos de amparo presentados contra la actuación del juez del ‘caso Filesa’, Marino Barbero. «Como no coincido con los fiscales, asumo directamente la responsabilidad del informe. En tanto n cuanto la fiscalía del Constitucional actúa por delegación del fiscal del Estado, revoco la delegación y asumo las competencias», explicó.
– Caso Elosúa (denuncia de maniobras del gobierno de Felipe González para acabar con la empresa en 1989): Acusaciones de falta de celeridad desde que en julio de 1993 anunciara que abriría diligencias.
– Caso Amedo: Eligio Hernández se entrevistó con el principal encausado en la trama de los GAL, José Amedo, cuando se estaba tratando el indulto para los inculpados.
– En la apertura del año judicial de 1992 Eligio Hernández afirmó que el ministerio fiscal debía de velar «por la dignidad de quienes se dedican al noble ejercicio de la política», y advirtió que los fiscales se opondrán a las «acciones penales infundadas» contra miembros del Gobierno y del Parlamento. También consideró «recusable» la práctica judicial d abrir sumarios para esclarecer si unos hechos son delictivos sin que exista previamente un hecho que revista carácter de delito.
– El Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado, criticó la actitud adoptada por Eligio Hernández, que propuso al Gobierno el nombramiento de Juan José Martínez Zato como jefe de la inspección fiscal en contra de la opinión unánime del Consejo, que apoyó a Juan Martín Casallo para el cargo.
Es un caso claro de utilización partidista del cargo en favor del gobierno.
Se vio forzado a dimitir poco antes de que el Tribunal Supremo declarase la nulidad de su nombramiento.
- CARLOS GRANADOS PÉREZ (17/06/1994 – 07/05/1996)
– Cargo anterior a su nombramiento: Magistrado en el Tribunal Supremo
– Cargo posterior al cese: Magistrado en el Tribunal Supremo
Tras el escándalo que significó el mandato de Eligio Hernández, y la anulación de su nombramiento por el TS, se optó por el nombramiento de un magistrado de largo recorrido y prestigio profesional.
Con 48 años se convirtió en el magistrado más joven del TS.
Con Carlos Granados se recuperó la dignidad institucional de la Fiscalía General. Cesó cuando se produjo el cambio de gobierno.
- JUAN ORTIZ URCULO (06/09/1996 – 16/05/1997)
– Cargo anterior a su nombramiento: Fiscal Sala Tribunal Supremo
– Cargo posterior al cese: Fiscal Jefe ante el Tribunal Constitucional
Es otro caso de profesional con una larga carrera fiscal desde 1967.
Bajo su mandato se produjo un conflicto con fiscales de la Audiencia Nacional. Decidió el traslado forzoso de la fiscal de la AN Dolores Márquez de Prado. El traslado fue anulado posteriormente al considerar que la finalidad del traslado se perdió tras la remoción del fiscal jefe con quien tenía desavenencias.
También hubo sanciones para los fiscales Ignacio Gordillo y Pedro Rubira.
La asociación Jueces para la Democracia acusaba a Juan Ortiz Urculo, de ser incapaz de resolver la crisis, que él mismo patrocinó. Debería haber comenzado por iniciar una investigación respecto a la situación de esa fiscalía, exigiendo posteriormente las responsabilidades disciplinarias o políticas que fueran pertinentes.
Sin embargo, antes de cualquier investigación cesó al fiscal jefe, eliminando de raíz el principio de autoridad que es lo que, paradójicamente, pretendía reforzar y mezclando los dos espacios de responsabilidad aludidos.
La gestión de esta crisis provocó la salida del Fiscal tras un mandato que no llegó a nueve meses.
- JESÚS CARDENAL FERNÁNDEZ (16/05/1997 – 23/04/2004)
– Cargo anterior a su nombramiento: Jefe Fiscalía TSJ País Vasco
– Cargo posterior al cese: ejercicio abogacía
Aznar eligió a Cardenal para suceder a Úrculo, un fiscal muy conservador del que el CGPJ alertó de que algunas de sus opiniones no encajaban con la Constitución Cardenal, miembro del Opus Dei, se había pronunciado contra el aborto, el divorcio, la homosexualidad y hasta los métodos anticonceptivos. Llegó a criticar “el clima de pluralismo” que había en la sociedad porque en su opinión beneficiaba “a los extremos viciosos”.
Cardenal acometió cambios en la fiscalía de la Audiencia Nacional en contra del Consejo Fiscal nada más llegar al cargo y pidió a las asociaciones judiciales que se abstuvieran de criticar al Gobierno. Su actuación más polémica fue con el caso Ercros, que afectaba al entonces ministro del PP Josep Piqué. Cardenal apartó al fiscal del caso que quería imputar a Piqué y le sustituyó por otro opuesto a investigar al ministro. Con la llegada de Zapatero cesó en su cargo, pero lo hizo también con polémica al querer perseguir penalmente a los manifestantes que se concentraron en la sede del PP durante la jornada de reflexión de las elecciones de 2004.
Cardenal constituye uno de los casos de docilidad con el gobierno y por ende de longevidad en el cargo. Igual que su sucesor.
- CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO TOURÓN (23/04/2004 – 30/12/2011)
– Cargo anterior a su nombramiento: Magistrado en el Tribunal Supremo
– Cargo posterior al cese: Magistrado en el Tribunal Supremo
En 1995 fue nombrado Magistrado de la Sala Segunda del Supremo, siendo entonces el Magistrado más joven de este alto tribunal con 46 años.
Miembro de Justicia Democrática, fue uno de los fundadores de la Asociación Jueces para la Democracia, de la que ejerció como primer portavoz (1984-1986), repitiendo en el cargo en 1992-1994. Durante su estancia en San Sebastián fue también uno de los fundadores, en 1984, de la Asociación Pro Derechos Humanos en el País Vasco, así como de la Asociación Magistrados Europeos para los Derechos y las Libertades (MEDEL).
A Cardenal le sucedió el otro fiscal más longevo en el cargo, Cándido Conde Pumpido. Estuvo en el cargo durante todo el mandato de Zapatero. Durante su etapa impulso los procesos de ilegalización contra las marcas de Batasuna, pero fue muy criticado por su apoyo a la política antiterrorista del Gobierno durante las treguas con ETA, y su excesiva flexibilidad hacia el entorno de la banda terrorista, incluyendo el caso Faisán.
Su mayor polémica surgió a raíz de la publicación de los cables norteamericanos obtenidos por Wikileaks. En una de esas comunicaciones se aseguraba que Conde Pumpido había prometido hacer lo que pudiera para archivar la causa por el asesinato del cámara de Telecinco José Couso en Irak por tropas de EEUU. Tras la publicación de esa información, el fiscal negó haber intervenido en la causa.
Se le acusó frecuentemente de utilizar la Fiscalía para defender políticas del Gobierno de Zapatero, lo que generó críticas de politización de la justicia.
Enfrentamientos con el Poder Judicial: Mantuvo una relación tensa con la carrera judicial y cargó contra el poder judicial en defensa de sus posturas.
Procedimientos contra el PP: El Partido Popular le reprochó la apertura de más de 40 procedimientos contra su formación, que fueron posteriormente archivados. El Fiscal General adujo que durante su mandato como fiscal general del Estado (2004-2011), Cándido Conde-Pumpido gestionó cientos de investigaciones por corrupción. En noviembre de 2009, informó de 730 procedimientos abiertos contra partidos políticos, desglosados en aproximadamente 264 contra el PSOE y 200 contra el Partido Popular (PP), defendiendo la actuación fiscal.
Caso ‘Los Albertos’: Expresó su postura frente a la absolución de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, distanciándose de la postura del Tribunal Supremo.
Conde-Pumpido constituye uno de los casos de docilidad con el gobierno, frente a la independencia de criterio, y por ende de longevidad en el cargo. Igual que su antecesor.
Esta trayectoria se ha visto confirmada con su designación por el gobierno de Pedro Sánchez como presidente del TC.
- EDUARDO TORRES-DULCE LIFANTE (30/12/2011 – 19/12/2014)
– Cargo anterior a su nombramiento: Fiscal Sala Tribunal Supremo
– Cargo posterior al cese: Fiscal ante el Tribunal Constitucional
Es fiscal desde 1976 y fiscal de sala del TS desde el año 2000. Pertenece a la Asociación de Fiscales (AF).
Es profesor universitario. Crítico de cine con numerosas publicaciones.
Fiscal de reconocido prestigio profesional.
El denominado “proceso participativo del 9-N” y la querella contra el presidente catalán, Artur Mas, contribuyó a evidenciar las tensiones con el Gobierno del PP.
Eduardo Torres-Dulce reconoció en sede parlamentaria sus diferencias con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y en señaló que nunca fue un fiscal «proclive al Gobierno» y citó como ejemplos que ha sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos «Bolinaga» y «Matas».
Tras conocerse su dimisión, la Fiscalía General señaló el «compromiso personal» de Torres-Dulce en la lucha contra la corrupción, como uno de los ejes de su mandato, y resalta medidas como el refuerzo de la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción y la publicación, a principios de 2014, del «Libro Blanco de la Fiscalía» que, entre otras cosas, señalaba la necesidad de dotar de más autonomía a esta institución.
- CONSUELO MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA (23/12/2014 – 11/11/2016)
– Cargo anterior a su nombramiento: Fiscal Coordinadora Menores Fiscalía General
– Cargo posterior al cese: Fiscal Sala en el Tribunal Supremo
Es fiscal desde 1981. Tiene una dilatada carrera fiscal, siendo nombrada en 2008 como Fiscal Coordinadora Menores Fiscalía General.
Pertenece a la Asociación de Fiscales (AF).
Consuelo Madrigal duró poco por diferencias con el gobierno en los nombramientos de varios fiscales claves para controlar los procesos penales que afectan al Partido Popular: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de Murcia, el fiscal jefe de la Unidad de Apoyo, y especialmente el fiscal jefe Anticorrupción.
Madrigal quería prorrogar al fiscal Zaragoza en la Audiencia Nacional, y para Anticorrupción proponía a Alejandro Luzón, frente a la propuesta de Manuel Moix del ministro Catalá.
Esta situación originó la dimisión de Madrigal.
- JOSÉ MANUEL MAZA MARTÍN (25/11/2016 – 18/11/2017)
– Cargo anterior a su nombramiento: Magistrado en el Tribunal Supremo
– Cargo posterior al cese: Fallecimiento durante el cargo
Ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Carrera Fiscal en 1978 con el número 1 de su promoción. Ejerció unos años como abogado y como letrado de la Red Nacional de Ferrocarriles y reingresó en la carrera judicial. Era magistrado de la sala segunda del TS
Maza nombró a Manuel Moix como Fiscal Anticorrupción. En un sumario de la Audiencia Nacional, estaba grabada una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana donde el hoy encarcelado Ignacio González hablaba de que había que colocar a Moix en Anticorrupción, que era muy “serio” y “profesional”.
Manuel Moix duró 98 días al frente de Anticorrupción. Dimitió por la aparición de una empresa familiar en los papeles de Panamá. Fue sustituido por Alejandro Luzón, el preferido por la Fiscal General Madrigal por su experiencia y prestigio. Hoy Luzón sigue al frente de Anticorrupción.
En mayo de 2017, el Congreso reprobó a Maza, junto al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, por la gestión de nombramientos en la Fiscalía.
José Manuel Maza falleció repentinamente el 18 de noviembre de 2017 en Buenos Aires, Argentina, a causa de una infección renal grave.
- JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR (11/12/2017 – 22/06/2018)
– Cargo anterior a su nombramiento: Magistrado en el Tribunal Supremo
– Cargo posterior al cese: Magistrado en el Tribunal Supremo
Ingresó en la carrera judicial en 1987. Magistrado del TS desde 2000.
Autor de libros dedicados al estudio del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal e Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria.
Su mandato fue corto por el cambio de gobierno tras la moción de censura.
- MARÍA JOSÉ SEGARRA CRESPO (29/06/2018 – 15/01/2020)
– Cargo anterior a su nombramiento: Fiscal Jefe Sevilla
– Cargo posterior al cese: Vuelta Fiscalía Sevilla
Ingresó en la carrera fiscal en 1987. Desde 2004 era Fiscal Jefe en Sevilla.
Miembro de la Asociación Progresista de Fiscales.
María José Segarra y Dolores Delgado mantuvieron una relación profesional y personal, forjada a través de su pertenencia a la asociación progresista de fiscales (UPF) y años de trabajo conjunto, coincidiendo en Barcelona a principios de los 90.
Segarra era una fiscal con una buena reputación de profesionalidad y eficacia dentro de la carrera fiscal.
En el tiempo político en que el gobierno Sánchez estaba negociando con ERC los presupuestos generales, el gobierno pidió a Segarra que influyera en los fiscales del proceso del 1-O catalán.
Segarra rechazó las presiones del gobierno respetando la labor de todo un año de los fiscales.
El Gobierno optó por intervenir a través de la Abogacía del Estado. Instó al abogado del Estado Edmundo Bal, a que retirara el delito de rebelión de sus acusaciones. Este se negó, y fue destituido, y la Abogacía del Estado sólo incluyó la sedición en su escrito.
La actitud de María José Segarra fue reconocida por los fiscales del 1-O (Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno). Han confirmado absoluto respeto a su independencia por parte del Ministerio fiscal en el juicio del 1-O.
El lunes 14 de octubre se dio a conocer la sentencia del TS del juicio a los líderes del proceso independentista catalán. Juicio que había sido televisado en directo y con total respeto a las garantías de los acusados.
El gobierno aprovechó el cese automático del Ejecutivo y de todos sus cargos, incluido el de fiscal general, para no renovar a Segarra en el cargo, por su falta de docilidad.
LA DECLARACION DEL PRESIDENTE SANCHEZ DE 2019
RTVE.es 06.11.2019
Pedro Sánchez, ha afirmado que la Fiscalía recibe órdenes del Gobierno para explicar cómo traerá de vuelta a España al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Preguntado por cómo garantiza que el expresident responda ante la justicia española, tal y como Sánchez se comprometió en el debate a cinco en RTVE, ha hecho una pregunta retórica: «¿La Fiscalía de quién depende?» Del Ejecutivo, le ha contestado el presentador de ‘Las Mañanas de RNE», Íñigo Alfonso, y Sánchez ha aseverado: «Pues ya está».
Este lapsus presidencial es tan revelador como el «hacer de la necesidad virtud», convirtiendo la dependencia de los votos independentistas para su investidura (necesidad) en una política de reconciliación y convivencia (virtud).
- DOLORES DELGADO GARCÍA (25/02/2020 – 20/07/2022)
– Cargo anterior a su nombramiento: Ministra de Justicia
– Cargo posterior al cese: Fiscalía Audiencia Nacional
Ingresó en la carrera fiscal en 1987. Desde 2004 se incorporó a la Audiencia Nacional donde trabajó en temas de antiterrorismo.
Miembro de la Asociación Progresista de Fiscales.
Su nombramiento es el cuarto caso de paso directo de la política a la Fiscalía General, todos ellos con gobiernos del PSOE.
El día 7 de junio de 2018 había tomado posesión como Ministra de Justicia de España, responsabilidad que desempeñó hasta el día 13 de enero de 2020. En febrero de 2020 tomó posesión como Fiscal General.
Tras la experiencia con Segarra el gobierno decidió nombrar a su ministra de Justicia para garantizarse el control partidista de la institución.
Esta decisión fue cuestionada por toda la oposición y buena parte de la carrera fiscal. Su imparcialidad estaba puesta en duda.
En 2018 se había publicado una conversación de Delgado con el comisario José Manuel Villarejo mantenida en 2009 que revelaba la amistad entre la ahora fiscal general y el excomisario encarcelado. A la comida asistieron también Baltasar Garzón y varios mandos judiciales.
Se han dado diversas situaciones conflictivas durante su mandato.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló por unanimidad el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala coordinador de Menores, al estimar los recursos de casación interpuestos por la Asociación de Fiscales (AF) y el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa, que optaba al puesto ocupado por Esteban. La mayoría del Consejo Fiscal se había pronunciado en contra del nombramiento.
Dolores Delgado paralizó sine die en marzo de 2022 el plazo para la constitución de la Comisión de Ética Fiscal. Esta decisión fue adoptada después de que la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía Dolores Delgado, denunciara ante la Junta Electoral que la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) había vulnerado las normas reguladoras del proceso electoral por pedir el voto para sus afiliados. La queja fue desestimada por la Junta.
La Comisión de Ética Fiscal es un órgano independiente cuya función es interpretar el Código Ético del Ministerio Fiscal, aprobado en 2020, mediante la emisión de dictámenes e informes, además de promover la difusión de los principios éticos que guían la labor de los fiscales.
La AF recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la decisión de la fiscal general, que a su juicio “no cuenta con respaldo jurídico pues ya habían sido proclamados los miembros electos de la Comisión de Etica, pertenecientes todos ellos a la Asociación de Fiscales”.
Hasta 2026 no se ha podido constituir la Comisión.
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso introdujo una enmienda en la Ley Concursal a través de la cual se iba a reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La enmienda presentada por el Grupo Socialista dice que “si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese”.
La enmienda fue finalmente retirada ante las reacciones políticas que había provocado.
La fiscal general Dolores Delgado dimitió por razones de salud en julio de 2022, proponiendo para el cargo a su mano derecha.
Tras abandonar la Fiscalía General se reincorporó a su plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 26 de julio de 2022. En septiembre de ese año ascendió a la categoría de fiscal de Sala, máxima categoría de la Carrera Fiscal. Se hizo efectivo a principios del mes siguiente, siendo nombrada fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.
El 8 de junio de 2023 el fiscal general Álvaro García Ortiz la designó como la primera fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló por unanimidad, el 21 de noviembre de 2023, el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala. El Alto Tribunal estimó parcialmente el recurso del fiscal Luis Rueda, quien impugnó el real decreto de nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar. El Supremo apreció desviación de poder en el nombramiento y ordenó retrotraer las actuaciones. Meses después, el 7 de mayo de 2024, La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo volvió a anular, por mayoría, el nombramiento de Delgado —en esta ocasión como fiscal de Sala de Memoria Democrática—. El Alto Tribunal estimó los tres recursos presentados contra el Real Decreto, de 13 de junio de 2023, por el que se nombró a Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El Tribunal Supremo avaló finalmente el tercer ascenso con el que Dolores Delgado fue nombrada fiscal de sala de Memoria Democrática, donde ejerce en la actualidad. Los jueces, después de dos sentencias anteriores que anularon sendos ascensos a la máxima categoría de la Fiscalía, rechazan el recurso de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales contra el nombramiento de la exfiscal general y exministra como fiscal de sala, rechazando entre otras cosas que el hecho de que su pareja, Baltasar Garzón, ejerza la abogacía en ese mismo ámbito, implique que Delgado no pueda ejercer en el cargo.
Para la Fiscal General, el balance de sus dos años y medio de mandato es satisfactorio. Declaró que se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables.
Durante su mandato se le acusó de favorecer a miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenecía, destacando el nombramiento de su exnúmero dos, Eduardo Esteban, revocado por el Tribunal Supremo por falta de motivación.
Su gestión también fue cuestionada por el trato dado al fiscal Ignacio Stampa, quien denunció haber sufrido represalias y el cese de sus investigaciones en el ‘caso Villarejo’ por presuntas presiones.
- ÁLVARO GARCÍA ORTIZ (02/08/2022 – 10/12/2025)
– Cargo anterior a su nombramiento: Fiscal Jefe Secretaría Técnica Fiscalía General
– Cargo posterior al cese: Fiscal Sección Social Tribunal Supremo
Ingresó en la carrera fiscal en 1998. Nada más ingresar en la Carrera Fiscal recibe un puesto de Libre Designación como Fiscal Coordinador de menores en Menorca, pese a carecer de experiencia.
En 2021 fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Era la mano derecha y colaborador de confianza de Dolores Delgado.
Miembro de la Asociación Progresista de Fiscales.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en noviembre de 2023, decidió por ocho votos frente a siete, que Álvaro García Ortiz no es idóneo para seguir siendo fiscal general del Estado, en una votación en la que hubo una abstención. Es la primera vez en democracia que el CGPJ se pronuncia contra un candidato del Gobierno, si bien su decisión no es vinculante
Su política de nombramientos ha sido muy cuestionada, con varias revocaciones por el Tribunal Supremo, incluyendo el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala, lo que generó acusaciones de «desviación de poder» y tensiones con el Consejo Fiscal.
Se produjo un choque de García Ortiz con los fiscales del ‘Procés’, quienes se opusieron a su orden de amnistiar todos los delitos de los líderes independentistas, lo que llevó a que se les apartara después de que la cúpula fiscal avalara por la mínima el criterio del fiscal general.
La orden del fiscal general para que pidan la aplicación de la ley de amnistía para todos los delitos, incluido el de malversación se dirige en concreto a Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que esta semana remitieron un escrito a García Ortiz en el que advertían que no se puede amnistiar el delito de malversación a los condenados y fugados por ser «improcedente y contraria a las leyes», y abrían la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general quiere perdonar la malversación.
Los fiscales se han rebelado y han respondido que no acatarán la orden al considerarla «improcedente» y han invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala.
En la Junta de Fiscales de Sala celebrada el 18 de junio de 2024 ganó el criterio del fiscal general sobre la aplicación de la amnistía venció por 19 votos a 17. Además, el fiscal general recurrió a su propio voto, algo que no es habitual, y al de Dolores Delgado, cuyos nombramientos como fiscal de Sala Militar y fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos del TS, fueron anulados por el propio Tribunal, aunque el Gobierno no haya dilatado la ejecución de la sentencia.
El TS abrió en marzo de 2024 juicio contra Puigdemont por terrorismo.
La mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de la Sala de lo Penal del Supremo, había decidido, por 11 votos frente a 4, que había indicios suficientes para proceder contra Puigdemont, y por 12 a 3, que puede haber delitos de terrorismo. La mayoría de la junta tumbó el informe redactado por el fiscal Álvaro Redondo, que por contra entendió que no había indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont, y tampoco apreció delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños.
El Senado, con la mayoría absoluta del PP, reprobó en mayo de 2024 al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y exigió al Gobierno que le cese de «inmediato» por sus «incumplimientos graves y reiterados» y por su “indignidad” y su “servilismo descarado” al Ejecutivo.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) llegó a recurrir ante el Supremo el nombramiento de García Ortiz como fiscal general, alegando su «parcialidad» en favor del Gobierno.
En octubre de 2024, 18 fiscales del Tribunal Supremo arremetieron contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acusándolo de «ignorar deliberadamente» la demanda de amparo de los fiscales del ‘procés’. Esta reacción se produjo debido a las alusiones al ‘lawfare’ (instrumentalización de la justicia) y la falta de amparo ante las críticas políticas.
Como ha quedado reflejado antes, el Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos a pena de multa y 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado. Esto motivó su forzado cese en el cargo.
- TERESA PERAMATO MARTÍN (10/12/2025)
– Cargo anterior a su nombramiento: Fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer
– Sigue en el cargo.
Teresa Peramato, ha aprobado en abril de 2026 una nueva ronda de nombramientos dentro del Ministerio Fiscal que afecta a 22 plazas de responsabilidad.
En esta reorganización releva a Almudena Lastra como fiscal de Madrid, y asciende a Pilar Rodríguez a Fiscal de la Sala Social del TS. Pilar Fernández, esposa de García Ortiz deja su puesto en el área de Menores de la Fiscalía Provincial de Madrid para pasar a ser teniente fiscal en la comunidad de Galicia.
Es decir se castiga a la fiscal cuyo testimonio no favoreció al fiscal García Ortiz ante el TS, y se premia a la fiscal que le apoyó.
Con independencia de los equilibrios para los nombramientos con las Asociaciones de Fiscales, el mensaje transmitido es claro.
Esta actuación constituye la triste confirmación de que Peramato sigue la senda de sus predecesores Delgado y García Ortiz.
Según el análisis de la AF sobre los últimos nombramientos:
De 26 propuestas de nombramiento de fiscales de sala
– 15 lo han sido para fiscales adscritos a la UPF
– 6 para los no asociados
– 5 para los asociados a la AF (3 eran renovaciones –2 de ellas con candidato único- y de las dos promociones en una de ellas los tres candidatos que concurrían pertenecían todos a la Asociación de Fiscales).
De esas 26 propuestas de nombramiento de fiscales de sala, 13 lo han sido con previa promoción a la primera categoría
– 10 lo han sido para fiscales adscritos a la UPF
– 2 para asociados a la AF: contencioso-administrativo (Jesús Tira-do Estrada) y cooperación penal internacional (Francisco Jiménez-Villarejo).
– 1 para no asociados: fiscal de Sala jefe la Inspección Fiscal (María Antonia Sanz Gaite, quien se dio de baja de la UPF al postularse a la plaza que ocupa en la actualidad).
La Asociación de Fiscales ha ganado las elecciones al Consejo Fiscal de mayo de 2026, y reclama a Peramato un giro en la institución
Han resultado elegidos 6 de la AF, 1 de APIF y 2 de laUPF. Ana López Riera (AF), 1.355 votos; Esther Moreno Amaya (AF), 1.253; José Francisco Ortiz Navarro (AF), 1.253; Macarena Ortiz Tejonero (AF), 1.242; Alberto Rodríguez Fernández (AF), 1.142; Javier Ródenas Molina (AF), 1.085; María Teresa Gálvez Díez (APIF), 516; Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo (UPF), 413 votos, y Víctor Castells Domènech (UPF), 428 votos.
RECAPITULACION FINAL
De los 16 nombramientos de FGE no se pueden calificar el de Sánchez Melgar por su escasa duración, y el de Peramato por llevar poco en el cargo.
Ha habido 7 fiscales generales predominantemente dóciles con el gobierno, y otros 7 con criterios de profesionalidad dominantes. De estos últimos cinco dimitieron por sus enfrentamientos con el gobierno. Otros dos cesaron estatutariamente por cambio de gobierno.
En cuanto al cómputo temporal se estiman 26,8 años de docilidad, frente a 15,5 de independencia. Cosa lógica pues los dos mandatos más longevos coinciden con perfiles dóciles, de signos políticos distintos.
Tanto con el PP como con el PSOE los periodos de docilidad superan a los de independencia o profesionalidad.
La situación actual es preocupante ya que la Fiscalía General ha alcanzado unos niveles de desprestigio muy altos, con el procesamiento y posterior condena de un fiscal general, que además no consideró oportuno dimitir para proteger a la institución, pese a su imputación.
Según una encuesta de 2025 de NC Report, sobre la independencia de la Fiscalía General del Estado, el 57,3% de los españoles opina que no es un órgano independiente, sino que responde a determinados intereses. El 41,3% de los españoles reconoce que en los últimos años su opinión de la fiscalía general del Estado ha ido a peor.
Esta política de intento de intervención política empezó en esta etapa con el paso de Dolores Delgado a la FGE, y coincide con una actuación premeditada y generalizada de politización de los órganos de control y equilibrio democrático, Tribunal Constitucional, CGPJ, Consejo de Estado, AIReF, RTVE, etc.
El contexto mundial es asimismo complicado para la situación de la separación de poderes.
Es importante que la sociedad reconozca, valore y apoye a esos fiscales que ponen por encima del apego al puesto o al ascenso, su integridad profesional, y persiguen los delitos y la corrupción sin importarles el color político del delincuente y del gobierno de turno.
Creo que son admirables, y que son mayoría.
