El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este sábado, día 11, a Pekín en lo que constituye su cuarta visita a China, durante la cual volverá a reunirse con su presidente, Xi Jinping.
La visita se enmarca en una lógica económica y diplomática coherente con el actual contexto internacional, caracterizado por una creciente competencia entre grandes potencias y una reconfiguración de las cadenas globales de valor.
En este escenario, las economías abiertas, como la española, buscan reforzar su presencia en mercados clave sin alterar sus compromisos estratégicos.
El viaje responde a objetivos fundamentalmente económicos: captación de inversión, refuerzo de relaciones comerciales y apertura de oportunidades para empresas españolas en sectores tecnológicos, energéticos e industriales. Esta aproximación no es excepcional, sino que se alinea con la práctica habitual de los países europeos, que combinan cooperación económica con China y alineamiento político con el bloque occidental.
Sin embargo, la visita ha generado una reacción especialmente intensa por parte de sectores de la oposición, particularmente en el ámbito de la derecha-ultraderecha. El relato crítico se ha articulado en torno a tres ejes principales: supuesta opacidad en los acuerdos, riesgo de desviación estratégica respecto a Estados Unidos y la influencia de actores informales en la relación bilateral.
Este enfoque presenta, no obstante, importantes limitaciones analíticas. En primer lugar, simplifica un entorno internacional estructuralmente multipolar, donde la interacción económica con China no implica necesariamente un cambio de alineamiento estratégico. En segundo lugar, omite un hecho relevante: distintas administraciones autonómicas, incluidas algunas gobernadas por el Partido Popular, han impulsado en los últimos años iniciativas de cooperación económica con China.
Por su parte, el comportamiento del sector empresarial aporta una lectura más pragmática. Las grandes empresas españolas operan bajo una lógica de diversificación internacional y mantienen presencia tanto en China como en Estados Unidos, por lo que evitan posicionamientos públicos que puedan comprometer sus intereses en mercados altamente politizados.
Esta discreción responde a una gestión consciente de riesgos reputacionales y geopolíticos.
En este contexto, la polémica generada en torno al viaje refleja, en gran medida, una creciente y, en ocasiones, estéril polarización del debate político interno, donde decisiones de política exterior de carácter pragmático son reinterpretadas en clave partidista. Esta dinámica no solo distorsiona el análisis, sino que dificulta la construcción de una posición de Estado coherente en ámbitos estratégicos como el comercio internacional o la política industrial.
En el fondo, España reproduce el comportamiento típico de una potencia media europea, tratando de equilibrar su inserción en el bloque occidental con la necesidad de mantener abiertas sus opciones económicas en un sistema internacional en transformación.
La tensión no reside tanto en la acción exterior en sí, como en la narrativa interna que se construye en torno a ella.
En este clima de confrontación permanente, las recientes declaraciones relativas a un episodio en la misión de la ONU en el Líbano (UNIFIL) introducen un elemento adicional de preocupación: el traslado del conflicto político interno al ámbito de la seguridad y la defensa.
Lo observado apunta a una combinación de desconocimiento, falta de cultura estratégica y uso irresponsable de una institución clave del Estado. Hay líneas que no deberían cruzarse. Y una de ellas es utilizar a las Fuerzas Armadas como herramienta de confrontación política.
Las Fuerzas Armadas no son un recurso retórico ni un actor político. Actúan bajo mandato nacional e internacional, con reglas de enfrentamiento estrictas y en entornos operativos de alta complejidad. Comparar su labor en misiones exteriores con actuaciones en territorio nacional no solo es incorrecto, sino que constituye un error conceptual de base.
Sugerir que “deberían actuar de otra forma” implica no entender, o no querer entender, el marco en el que operan. Y esa falta de rigor tiene consecuencias: distorsiona la percepción pública, erosiona la credibilidad internacional y empobrece el debate en materia de defensa.
El control democrático es necesario, pero debe ejercerse con rigor, conocimiento y sentido de Estado, no desde la simplificación ni la utilización partidista. Porque cuando se instrumentalizan la acción exterior o las Fuerzas Armadas, no se debilita al adversario político: se debilita al propio Estado.
