Las elecciones generales previstas para el 12 de abril de 2026 llegan en uno de los momentos más complejos de la historia política reciente del país.
En apenas una década, Perú ha experimentado una sucesión vertiginosa de presidentes, crisis parlamentarias y gobiernos interinos, mientras su economía ha mantenido una estabilidad relativa que desconcierta a analistas y observadores internacionales. Este contraste ha llevado a muchos especialistas a hablar de la “paradoja peruana”: un país con instituciones políticas frágiles pero con una economía sorprendentemente resiliente, capaz de sostener el crecimiento incluso en contextos de alta incertidumbre política.
Las elecciones de abril no solo decidirán quién gobernará el país hasta 2031. También pondrán a prueba la capacidad del sistema político peruano para recuperar legitimidad después de años de inestabilidad institucional, en un contexto marcado por una fuerte fragmentación electoral y la ausencia de liderazgos claramente dominantes.
La política vista desde los Andes
Antes de analizar la crisis política peruana es necesario comprender que la política en los Andes no se interpreta únicamente a través de las instituciones del Estado. En la cosmovisión andina, el territorio, la comunidad y la memoria histórica tienen un peso central en la forma de entender el poder y la legitimidad.
En el pensamiento andino, la tierra (la Pachamama) no es simplemente un recurso económico. Es una entidad viva con la que las comunidades establecen relaciones de reciprocidad. Esta visión explica por qué los conflictos relacionados con la minería o los recursos naturales adquieren a menudo una dimensión cultural y espiritual, más allá del debate económico.
La organización social tradicional, representada por el ayllu, sigue influyendo en la forma de tomar decisiones y ejercer autoridad en muchas regiones del país. La legitimidad política no se deriva únicamente de las instituciones formales, sino también del reconocimiento comunitario.
Mientras las democracias occidentales tienden a pensar la política en ciclos electorales de cuatro o cinco años, en los Andes la historia se interpreta como una continuidad que conecta la conquista colonial, la república criolla, las reformas agrarias del siglo XX y las tensiones actuales.
Esta memoria histórica podría explicar parte de la desconfianza persistente hacia las élites políticas de Lima, especialmente en las regiones andinas del sur del país.
Un país diverso y profundamente plural
Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América Latina. El país alberga 55 pueblos originarios reconocidos oficialmente, de los cuales 51 pertenecen a la Amazonía y cuatro a la región andina (quechua, aimara, jaqaru y uro). En total se hablan 48 lenguas, siendo el quechua la más extendida.
Entre los principales pueblos originarios destacan: los Quechuas, presentes en gran parte de los Andes; los Aimaras, concentrados en el altiplano de Puno; los Asháninkas, uno de los pueblos amazónicos más numerosos y los Awajún y shipibo-konibo, con fuerte presencia en la Amazonía. Además existen comunidades en aislamiento voluntario, como los Mashco Piro o los Nanti, que habitan zonas remotas de la selva amazónica.
Esta diversidad cultural configura una sociedad compleja donde conviven modernidad urbana, tradiciones indígenas y economías informales de supervivencia, lo que influye directamente en las dinámicas políticas y electorales del país.
Antes de la llegada de los españoles, el territorio del actual Perú fue uno de los grandes centros de civilización de América, con una sucesión de culturas que desarrollaron sistemas políticos, agrícolas y tecnológicos altamente sofisticados. Desde civilizaciones tempranas como Caral (considerada una de las más antiguas del mundo, contemporánea de Egipto y Mesopotamia), pasando por culturas como Chavín, Moche, Nazca o Wari, el espacio andino fue configurando una compleja red de organización social, comercio y conocimiento adaptado a geografías extremas como la cordillera de los Andes y la costa desértica.
Este proceso culminó con el Imperio Inca, que en el siglo XV logró articular un vasto territorio mediante una estructura política centralizada y eficiente, basada en la redistribución, el control territorial y una notable capacidad de integración cultural. A través de una red de caminos (Qhapaq Ñan), sistemas agrícolas avanzados como las terrazas andinas y una administración sin escritura formal pero altamente organizada, los incas consolidaron un modelo de cohesión que, pese a sus tensiones internas, permitió gobernar millones de personas. Este equilibrio, sin embargo, se vería abruptamente alterado con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, que aprovecharon divisiones internas para desmantelar rápidamente este orden.
Época colonial e independencia del Perú
La época colonial (siglos XVI–XVIII)
Tras la conquista del Imperio inca por Francisco Pizarro en 1532, el territorio peruano quedó integrado en el sistema imperial español como núcleo del poder en Sudamérica. En 1542 se creó el Virreinato del Perú, con capital en Lima, que se convirtió en el principal centro político, económico y administrativo de la región.
La economía colonial se basó en la explotación de recursos, especialmente la plata de Potosí, una de las mayores fuentes de riqueza del imperio español. Este sistema se sustentó en formas de trabajo forzado como la mita, que afectó profundamente a las poblaciones indígenas. La sociedad colonial quedó organizada en una jerarquía rígida: peninsulares, criollos, mestizos e indígenas, generando tensiones sociales persistentes.
Durante los siglos XVII y XVIII, el virreinato vivió un periodo de estabilidad relativa, pero también de creciente descontento. Las reformas borbónicas del siglo XVIII intensificaron la presión fiscal y administrativa, lo que provocó rebeliones indígenas como la de Túpac Amaru II en 1780, que evidenció el desgaste del sistema colonial.
El proceso de independencia (1810–1824)
A diferencia de otros territorios de América Latina, el Perú fue uno de los bastiones más fuertes del poder español. Sin embargo, el avance de los movimientos independentistas en la región terminó por desestabilizarlo.
En 1821, el general argentino José de San Martín proclamó la independencia en Lima, aunque el control real del territorio seguía en disputa. La fase decisiva llegó con la intervención de Simón Bolívar, quien reorganizó las fuerzas patriotas.
Las victorias en las batallas de Junín y, sobre todo, en la de Batalla de Ayacucho en 1824 (dirigida por Antonio José de Sucre) sellaron definitivamente la independencia del Perú y marcaron el fin del dominio español en Sudamérica.
La historia colonial y el proceso de independencia del Perú no solo explican su pasado, sino que ayudan a entender muchas de sus dinámicas políticas actuales. Durante la época colonial, el Perú fue el principal centro de poder del imperio español en América del Sur, con una estructura altamente centralizada y jerárquica desde Lima. Esta organización generó una sociedad profundamente desigual, donde las élites criollas concentraban el poder económico y político, mientras las mayorías indígenas y mestizas quedaban marginadas.
La independencia, lejos de suponer una ruptura total, fue en gran medida un proceso dirigido desde fuera (por líderes como San Martín y Bolívar) y asumido por las élites locales sin transformar de raíz las estructuras de poder. Como consecuencia, muchas de las bases sociales, económicas y territoriales del periodo colonial se mantuvieron, dando lugar a un Estado con dificultades para integrar plenamente a toda su población.
Esta continuidad histórica ayuda a explicar la inestabilidad política contemporánea del Perú: una débil institucionalidad, una desconexión entre el poder central y la ciudadanía, y una fragmentación social persistente. En este sentido, el Perú actual no es una anomalía, sino el resultado de una larga evolución donde el pasado colonial y una independencia incompleta siguen proyectándose sobre su presente.
La crisis política que viene de lejos
La inestabilidad política peruana se ha intensificado especialmente desde 2016. En ese periodo el país ha tenido ocho presidentes, una rotación excepcional incluso en el contexto latinoamericano: Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018), que renunció tras el escándalo de corrupción vinculado al caso Odebrecht. Martín Vizcarra (2018–2020), destituido por el Congreso mediante la figura constitucional de “incapacidad moral permanente”. Manuel Merino (2020) era el Presidente del Congreso que asumió la Presidencia del Gobierno tras la destitución de Vizcarra, pero dimitió pocos días después debido a las protestas masivas en su contra.
Francisco Sagasti (2020–2021), juro el cargo de Presidente de la Republica por sucesión constitucional, en su calidad de presidente del Congreso, con el fin de completar el periodo 2016-2021. Su ejecutivo se autodenominó como «Gobierno de transición y de emergencia», en alusión a la lucha contra la pandemia de COVID-19 y la crisis política en el país. Pedro Castillo (2021–2022). Destituido tras intentar disolver el Congreso. Dina Boluarte (2022–2025) Asumió la presidencia en medio de protestas y una fuerte crisis política. José Jerí (2026) Presidente interino tras asumir como presidente del Congreso. José Marias Balcazar (2026) Nuevo presidente interino tras la destitución de Jerí, encargado de conducir el país hasta las elecciones.
La rotación presidencial en Perú responde a factores estructurales. La Constitución de 1993, un mecanismo constitucional muy flexible, permite al Congreso destituir al presidente mediante la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, un concepto ambiguo que no requiere una sentencia judicial. En la práctica, esta figura ha convertido al Parlamento en un actor decisivo del sistema político. Cuando el presidente deja el cargo, la Constitución establece una cadena de sustitución: 1) Vicepresidente; 2) Segundo vicepresidente. Si no hay vicepresidentes disponibles, el presidente del Congreso asume directamente la presidencia del país.
Los partidos peruanos suelen ser organizaciones electorales personalistas y poco institucionalizadas, ósea son partidos débiles y muy fragmentados. Esto genera coaliciones inestables donde los conflictos entre poderes son frecuentes. El resultado es un sistema institucionalmente flexible pero políticamente muy frágil, donde la confrontación entre poderes del Estado se ha convertido en un rasgo estructural más que en una excepción.
La paradoja peruana: estabilidad económica y caos político
A pesar de la crisis institucional, la economía peruana ha demostrado una notable capacidad de resistencia. Durante las últimas décadas el país ha mantenido disciplina fiscal, baja deuda pública y una política monetaria estable, en gran parte gracias a la credibilidad del Banco Central de Reserva.
La figura de Julio Velarde, presidente del Banco Central desde 2006, se ha convertido en un símbolo de continuidad institucional en medio del caos político. Además, Perú es uno de los principales productores mundiales de: cobre, plata, zinc y oro
La demanda global de estos minerales (impulsada por la transición energética y la digitalización, así como por la fuerte demanda de países como China) ha permitido mantener el crecimiento económico incluso en contextos políticos convulsos. Otro elemento clave es la continuidad técnica en la gestión económica: a pesar de los cambios de gobierno, los equipos económicos han mantenido políticas relativamente coherentes, lo que ha evitado crisis macroeconómicas graves. Sin embargo, muchos economistas advierten que la resiliencia económica no puede sostenerse indefinidamente sin estabilidad política, especialmente en un contexto de alta informalidad y desigualdad social persistente.
Una campaña electoral extremadamente fragmentada
Las elecciones del 12 de abril presentan un número récord de candidatos presidenciales: más de treinta fórmulas electorales, reflejo de un sistema de partidos débil y altamente fragmentado. Entre los nombres más destacados figuran:
La fragmentación del voto es extrema. Más de veinte candidatos tienen menos del 1 % de intención de voto, lo que refleja la ausencia de un liderazgo claro y la desconfianza hacia el sistema político. Esto hace muy probable una segunda vuelta electoral en junio, en un escenario altamente incierto.
La Generación Z y su influencia en las elecciones
La generación Z, compuesta por jóvenes nacidos aproximadamente entre mediados de los años noventa y principios de los 2010, se perfila como un actor cada vez más influyente en los procesos electorales, tras una década marcada por la inestabilidad institucional, la corrupción política y la desconexión entre élites y ciudadanía.
Su alto nivel de conectividad digital, el acceso inmediato a la información y su sensibilidad frente a temas como la corrupción, el cambio climático y la desigualdad les otorgan una mirada crítica hacia la política tradicional. A diferencia de generaciones anteriores, tienden a informarse y movilizarse a través de redes sociales, lo que amplifica tendencias y discursos. Aunque su participación electoral aún es variable, su peso demográfico y su capacidad de influir en la opinión pública podrían resultar decisivos en contextos de alta polarización o descontento político.
Este proceso tuvo un punto de inflexión en noviembre de 2020, durante las protestas contra el breve gobierno de Manuel Merino, donde miles de jóvenes (muchos sin afiliación partidista) salieron a las calles. Aquellas movilizaciones no solo derribaron un gobierno en pocos días, sino que marcaron el inicio de una nueva conciencia política generacional, caracterizada por el uso intensivo de redes sociales como herramienta de movilización.
Desde una perspectiva de análisis estratégico pueden plantearse tres escenarios principales.
Perú representa uno de los casos más singulares del panorama político latinoamericano. Las instituciones siguen funcionando (hay elecciones, Congreso y tribunales), pero la legitimidad política es baja y se ha erosionado profundamente.
En este contexto, las elecciones de abril no solo servirán para elegir presidente, sino que también serán un nuevo intento de recuperar la estabilidad. El país ha demostrado que su economía puede resistir, pero el gran reto sigue siendo político: construir un sistema más estable, representativo y capaz de responder a las necesidades de la población.
Epílogo
Hay lugares que no se visitan… se sienten.
Y el Cañón del Colca es uno de ellos.
Al amanecer, cuando la luz roza el abismo y el silencio lo llena todo, aparece el cóndor.
No vuela: se abandona al viento, como si el cielo lo sostuviera.
