En noviembre de 1976, el partido Reforma Democrática liderado por el político conservador Manuel Fraga publicó un libro blanco con propuestas para el país, una hoja de ruta para la transición hacia una monarquía constitucional, en donde se afirmaba: “Creemos que a España no le queda más opción —a la larga— que negociar con Marruecos, respecto a Ceuta y Melilla, un Estatuto similar al que propusimos a la Gran Bretaña para Gibraltar», es decir, cesión/cambio de soberanía con amplia autonomía política y administrativa para el territorio en cuestión, contemplando incluso la presencia militar del anterior país soberano.
Se armó cierto revuelo que obligó al ex ministro de Franco y luego presidente autonómico a retractarse, apuntar a fallos de imprenta e incluso tuvo que acudir a la paternidad del Parador de Ceuta para conseguir la absolución.
La anécdota refleja que la Transición ofrecía un marco en el que explorar futuribles innovadores (apenas un año después de la Marcha Verde), cosa en la actualidad descartada, el presente y el pasado agotan todas las fuerzas. Y se observa también que en 50 años el vecino del sur no se ha movido un centímetro de su posición geográfica.
En julio de 2026 la ciudad de Ceuta ha vivido la avalancha descontrolada de miles de inmigrantes en apenas 24 horas, alrededor de 50.000 con amplios márgenes según diversas fuentes, a pesar de que los medios de comunicación no han reflejado ese volumen de personas en sus imágenes y crónicas.
Las interpretaciones circulantes apuntan como detonante a una regularización de inmigrantes residentes en España antes del 31 de diciembre de 2025; de una sentencia reciente del Tribunal Supremo que impide la repatriación automática de inmigrantes entrados a nado; de un ejercicio de presión por parte de Marruecos por el supuesto acercamiento de España a Argelia; por un proyecto de ley que contempla la nacionalidad a los saharauis de los años setenta y sus descendientes; de una alianza antiespañola de Marruecos-EEUU- Israel; del reciente acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que ha supuesto el derribo de la verja de Gibraltar (ésta última conexión puede ser más relevante de lo que parece)… Y sin duda existen razones de política interna marroquí que reciben menos o ningún foco por parte de analistas y medios españoles.
El tiempo irá destilando la explicación del suceso, teniendo en cuenta que los fenómenos complejos no tienen motivaciones simples ni únicas.
Se puede añadir a lo anterior que la crisis -invasión ha sido llamada con soltura- se ha resuelto en 48 horas con el regreso a Marruecos bastante voluntario y extraño del 95% de los que consiguieron ingresar horas antes; que alrededor de un centenar de personas se ahogaron en el intento; que en la solución ha tenido que colaborar el Gobierno de Marruecos.
Por el precedente de 2021 en la misma Ceuta y la entrada descontrolada de 10.000 personas, tenemos la certeza de que Marruecos utiliza a su población y a los migrantes como instrumento político contra España, hay fundadas sospechas que en algún momento de la crisis de 2026 lo ha vuelto a hacer y que es muy probable que suceda en el futuro, salvo una apertura democrática en Marruecos no prevista.
En este punto un artículo de opinión podría buscar culpables, se podría envolver en la bandera de un nacionalismo estéril bien conocido, podemos falsear la realidad improvisando reacciones como si estuviéramos en Annual 1921 o acudir al conde don Julián en el año 711; o sacar visiblemente los complejos históricos nacionales que se declinan con Marruecos muy frecuentemente.
Parece más provechoso preguntarnos qué es posible aprender con el último incidente migratorio en Ceuta y, más concretamente, qué aprende el Estado para responder a una estrategia híbrida en la zona gris (preferibles en cualquier caso las zonas grises a las negras).
España es un país y una democracia avanzada que cuenta con centenares o miles de empleados públicos que dedican su jornada laboral a analizar, prevenir, prever, gestionar y responder a una crisis de seguridad de este tipo: militares, policías, agentes de inteligencia civil y militar, diplomáticos, especialistas en gestión de crisis, analistas, profesores de universidad, think tank…
Aunque una parte de estos empleados públicos dediquen las tardes a criticar al Gobierno, recordar hazañas coloniales o compartir insultos contra sus responsables políticos, por las mañanas desarrollan un trabajo profesional de un Estado serio y competente.
Ceuta estaba y existía antes y después de la conquista portuguesa de 1415 al sultanato Meriní (los benimerines), del cambio de soberanía a España en 1668, antes y después de la independencia de Marruecos en 1956, de la Marcha Verde sobre el Sáhara de 1975, del 600 aniversario de la ciudad celebrado sin pena ni gloria en 2015, existe la ciudad antes y después de Perejil 2002, de la avalancha de inmigrantes de 2021 y de 2026. La ciudad permanece, pero cambian los problemas que proyectamos sobre ella.
Ceuta no necesita una respuesta propia de Annual ni un desembarco de Alhucemas, porque no estamos en 1921; necesita instituciones capaces de afrontar amenazas híbridas propias del siglo XXI.
Las crisis pasarán. La cuestión verdaderamente importante es si el Estado español ha sido y será capaz de convertirlas en experiencia acumulada.
La evolución reciente invita además a otra pregunta. ¿Es sostenible a largo plazo un modelo en el que Ceuta y Melilla se conviertan en espacios cada vez más seguros pero también cada vez más aislados de su entorno? Resulta llamativo que, mientras las dos ciudades autónomas parecen avanzar hacia una lógica de fortaleza, Gibraltar —tras el reciente acuerdo entre el Reino Unido, España y la Unión Europea— evolucione precisamente hacia una frontera más permeable e integrada.
Las crisis híbridas ponen a prueba algo más que los sistemas de seguridad. Ponen a prueba la madurez institucional de una democracia. También la capacidad de los gobiernos, de las oposiciones y de las administraciones territoriales para distinguir entre la legítima confrontación política y la preservación de los intereses permanentes del Estado.
Un Estado inteligente no sólo dispone de buenos analistas, militares o diplomáticos; también necesita que quienes ejercen responsabilidades institucionales comprendan que, en determinadas crisis, la fortaleza del Estado depende tanto de sus capacidades técnicas como de la calidad de su comportamiento institucional. La deslealtad con el Gobierno nacional este julio de 2026 ha sido evidente tanto por parte del Gobierno de la ciudad autónoma como de los partidos de la oposición de derecha extrema y extrema derecha.
Nunca sabremos qué informes circularon por el CNI, el CIFAS, la Comandancia General de Ceuta, el Estado Mayor de la Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional o el Ministerio de Exteriores y el de Interior antes de esta crisis. Tampoco deberíamos saberlo. Lo relevante no es conocer esos papeles, sino confiar en que existen, que dialogan entre sí y que cada crisis deja un Estado mejor preparado para la siguiente. Esa confianza institucional, más que cualquier gesto patriótico o cualquier declaración altisonante, es la verdadera fortaleza de una democracia.
Lo que se podría denominar inteligencia del Estado resume muy bien lo mejor que se podría sacar de la crisis en Ceuta. Un Estado no demuestra su calidad porque tenga más tanques o más policías, sino porque convierte cada experiencia en conocimiento, y ese conocimiento en mejores decisiones.
La cuestión no es si Marruecos volverá a utilizar instrumentos de presión de este tipo, probablemente lo hará. La verdadera pregunta es si España será capaz de aprender de cada episodio para fortalecer sus instituciones, anticipar mejor los riesgos y proteger con normalidad a sus ciudadanos.
La soberanía adquiere sentido cuando sirve para garantizar derechos, seguridad y servicios públicos a los ciudadanos
El filósofo Daniel Innerarity ha defendido que la inteligencia de una democracia no reside tanto en la excepcional capacidad de sus gobernantes como en unas instituciones capaces de convertir experiencias anteriores en reglas, estructuras y procedimientos. Ceuta permite trasladar esa reflexión al terreno de la seguridad.
Un Estado inteligente no es aquel al que nunca sorprenden, sino aquel cuyas instituciones están preparadas para gestionar aquello que no habían previsto exactamente. Se trata de aprovechar toda oportunidad para aprender a gestionar la incertidumbre, el riesgo y el desconocimiento que caracterizan hoy las relaciones internacionales y los asuntos públicos.
Ceuta no pone a prueba el patriotismo de España, sino la calidad de sus instituciones.
