El presidente del Gobierno ha tomado la decisión después de un fin de semana de reflexión, llamadas y reuniones, en el que la derrota de los dos decretos de vivienda en el Congreso y las manifestaciones del sábado terminaron de dibujar el escenario. Antes de valorar esa decisión, conviene volver la vista hacia los episodios de la legislatura en los que Junts colocó al Ejecutivo al borde de la derrota. Hubo que esperar, votación tras votación, para que el juego quedara al descubierto: lo que se había presentado como una mayoría estable y de progreso era, en realidad, una tregua sometida al cálculo de siete votos. No había estabilidad, porque cada ley obligaba a negociar de nuevo la supervivencia del Gobierno; ni verdadero progreso compartido, porque Junts nunca caminó hacia el mismo horizonte, sino hacia sus propios objetivos.
Votaciones clave de Junts en la XV Legislatura
La cronología de la legislatura muestra hasta qué punto los siete votos de Junts condicionaron al Gobierno. El primer aviso llegó el 30 de enero de 2024, cuando la formación rechazó la votación de conjunto de la ley de amnistía: el texto obtuvo 171 votos a favor y 179 en contra y tuvo que volver a la Comisión de Justicia para ser renegociado. El 21 de mayo, Junts votó contra la toma en consideración de la reforma del Código Penal sobre el proxenetismo, que decayó por 122 votos favorables, 184 contrarios y 36 abstenciones. El 23 de julio se apartó de nuevo del Ejecutivo al rechazar tanto la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes —171 votos a favor, 177 en contra y una abstención— como la senda de estabilidad presupuestaria. El 17 de septiembre, sus siete diputados contribuyeron a frenar la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos sobre alquileres de temporada y por habitaciones, rechazada por 178 votos frente a 172. El enfrentamiento se agravó el 22 de enero de 2025. Junts votó contra el decreto «ómnibus», que incluía la revalorización de las pensiones, el escudo social, ayudas al transporte y medidas para los afectados por la DANA; el texto quedó derogado por 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención. En la misma sesión rechazó también la prórroga del gravamen temporal a las empresas energéticas. El 10 de septiembre, sus votos, unidos a los del PP y Vox, permitieron devolver al Gobierno el proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, por 178 votos frente a 170. La ruptura anunciada el 27 de octubre de 2025 convirtió el distanciamiento en una estrategia general. Junts comunicó que no respaldaría las leyes pendientes ni unos nuevos Presupuestos y, al día siguiente, apoyó o facilitó mediante la abstención varios puntos de una moción del PP sobre inmigración. Aun así, durante los seis meses siguientes respaldó siete de los catorce reales decretos-leyes sometidos al Congreso y se abstuvo en otros cuatro, permitiendo convalidar el 79 %: su influencia no descansaba en el bloqueo absoluto, sino en administrar cada apoyo. La presión reapareció los días 14 y 23 de julio de 2026, cuando Junts rechazó en dos ocasiones la senda de estabilidad 2027-2029. La primera votación terminó con 178 votos en contra, 167 a favor y cinco abstenciones; la segunda confirmó que el Gobierno carecía de mayoría para encauzar los Presupuestos. Finalmente, el 2 de octubre, sus siete votos fueron decisivos para derogar el primer decreto de vivienda —178 votos contra 172— y Junts volvió a rechazar el segundo, que cayó por 184 votos frente a 166. Un recuento de las derrotas del PSOE en 2024 atribuyó a Junts un desmarque en 52 de 71 votaciones —39 votos en contra y 13 abstenciones—. En el ámbito estrictamente legislativo, otro análisis calculó que, hasta finales de octubre de 2025, se había separado del Gobierno o del PSOE en 11 de 58 leyes y reales decretos-leyes.
Más que una simple sucesión de derrotas parlamentarias, esta cronología revela un método: Junts convirtió sus siete votos en una herramienta permanente de presión, negociación y veto. Cada episodio confirmó que el Gobierno no se apoyaba en una mayoría estable, sino en un equilibrio condicionado que debía reconstruirse ante cada iniciativa decisiva. Pero los números solo cuentan una parte de la historia. Para comprender la verdadera dimensión de esa dependencia es necesario mirar más allá de las votaciones y preguntarse qué significó gobernar, día tras día, bajo el peso de siete votos siempre revocables.
El peso de siete votos
Hay legislaturas sostenidas por grandes mayorías y otras que avanzan sobre una cornisa. Esta ha pertenecido a las segundas. En ese borde, los siete diputados de Junts adquirieron una dimensión mucho mayor que su número: fueron la llave capaz de abrir el paso al Gobierno o de dejarlo, en cada votación, a la intemperie. Junts no actuó como un socio estable, sino como un aliado condicionado y vigilante. El Ejecutivo no solo tuvo que legislar: contó votos, interpretó silencios y aguardó hasta el último instante una decisión que podía salvar una norma o convertirla en derrota. La amnistía, los decretos sociales, la jornada laboral, los Presupuestos y la vivienda quedaron atrapados en esa lógica. Junts hizo posible la investidura, pero recordó después que no había entregado una adhesión, sino votos revocables. Gobernar así desgasta: la incertidumbre deja de ser una circunstancia y se convierte en el paisaje; la mayoría deja de parecer una comunidad política y pasa a ser una suma que debe reconstruirse a cada paso. El parlamentarismo exige diálogo, pero la negociación deja de ser un puente cuando se transforma en peaje permanente. Esa es la huella de Junts: no solo las leyes que modificó o derribó, sino la sombra de una dependencia que acompañó al Gobierno durante toda la legislatura. La mayoría existía sobre el papel; bajo sus pies, la madera no dejó nunca de crujir.
La factura para España: poder para Junts, incertidumbre para todos
Conviene formular la pregunta sin refugiarse en los eufemismos: ¿qué ha pagado España para que siete votos sostuvieran la investidura y permitieran al presidente proclamar una mayoría «estable y de progreso»? La factura no puede reducirse a una partida presupuestaria ni a un intercambio de competencias. Ha sido también jurídica, institucional, territorial y simbólica, porque ha afectado a la confianza en que las decisiones de Estado respondían al interés general y no a la urgencia de conservar el poder.
La primera contrapartida fue la ley de amnistía, concebida para borrar las consecuencias penales y administrativas vinculadas al procés. Después llegaron la mesa bilateral entre partidos, el verificador internacional y las negociaciones sobre financiación, autogobierno, competencias y reconocimiento político. Algunas demandas se materializaron, otras encallaron y otras quedaron pendientes, pero todas desplazaron el eje de la legislatura: España dejó de debatir únicamente qué políticas necesitaba para preguntarse qué nueva concesión permitiría al Gobierno superar la siguiente votación.
Ese fue el precio más grave: convertir la gobernabilidad en una negociación permanente sobre la propia arquitectura del Estado. Cada apoyo trajo condiciones; cada cumplimiento abrió una nueva exigencia; cada demora fue respondida con la amenaza de retirar los votos. Lo que el Ejecutivo presentó como diálogo se pareció demasiadas veces a un peaje renovable: no se compraba estabilidad, sino tiempo.
¿Dónde estaba, entonces, la estabilidad? No en los Presupuestos, porque el Gobierno careció de una mayoría segura para aprobarlos. No en el Congreso, donde leyes y decretos esenciales dependieron hasta el último minuto del cálculo de siete diputados. Tampoco en un programa compartido, porque Junts nunca formó parte de un proyecto común para España. La investidura produjo un Gobierno, pero no una mayoría cohesionada. Llamar estabilidad a esa dependencia fue confundir la permanencia en el poder con la solidez política.
¿Y dónde estuvo el progreso? El Ejecutivo puede exhibir avances en empleo, becas, permisos, transición energética o protección social. Pero esos logros conviven con reformas frustradas, presupuestos bloqueados, decretos derribados y una crisis de vivienda que reveló los límites de la aritmética parlamentaria. Hubo medidas de progreso; lo que no hubo fue una mayoría de progreso capaz de sostenerlas y convertirlas en un rumbo duradero.
El problema no reside en pactar, porque pactar es consustancial a la democracia parlamentaria. Comienza cuando los acuerdos dejan de buscar un interés compartido y se convierten en intercambios desiguales: votos indispensables a cambio de decisiones que afectan a todos, negociadas bajo la presión de una posible derrota. Cuando cada concesión se justifica por la necesidad de seguir gobernando, la frontera entre el acuerdo y la cesión se vuelve incómodamente borrosa.
España ha pagado con incertidumbre, desgaste institucional, desconfianza entre territorios y la percepción de que la igualdad podía quedar subordinada a la necesidad parlamentaria. Ha pagado también con tiempo: años consumidos en sostener un equilibrio precario mientras la vivienda, la productividad, la desigualdad y la calidad de los servicios públicos reclamaban una atención menos condicionada por la supervivencia cotidiana del Ejecutivo.
La factura tampoco se ha quedado en el Congreso. La crispación y la polarización han descendido a las ciudades, las calles y las plazas, dejando una ciudadanía atrincherada en identidades enfrentadas, más dispuesta a arrojarse insultos, mentiras y reproches que a reconocerse en una conversación común. También la justicia ha sido arrastrada al centro de la disputa: unos la acusan de interferir en la política y de actuar para derribar al Gobierno; otros denuncian que el poder intenta desacreditarla cuando sus decisiones le incomodan. Cuando cada sentencia se interpreta como una maniobra y cada crítica como una conspiración, se debilitan las instituciones y la confianza mínima que permite a una democracia discrepar sin romperse.
La espera terminó por desnudar el relato. Votación tras votación, quedó claro que Junts no garantizaba estabilidad: administraba la fragilidad del Gobierno y la utilizaba como palanca. Tampoco sostenía un proyecto común de progreso: respaldaba aquello que servía a sus objetivos y bloqueaba lo que no encajaba en ellos. Si la mayoría hubiera sido estable, no habría tenido que reconstruirse en cada votación. Si hubiera sido de progreso, no habría subordinado reformas decisivas a una negociación interminable sobre la continuidad del Gobierno.
Al final, aquellos siete votos no dieron a Sánchez una mayoría: le concedieron una prórroga. Junts obtuvo poder, centralidad y capacidad de veto; el Gobierno ganó tiempo; y España asumió la incertidumbre, las concesiones y las reformas que quedaron por el camino. La estabilidad fue una ficción útil para conservar el poder y el progreso, una promesa subordinada al permiso de quienes nunca compartieron el mismo proyecto de país. España no pagó para avanzar. Pagó para que el Gobierno resistiera. Y cuando gobernar se reduce a resistir, la factura deja de ser política: la paga el país.
